Procida se asfixia entre humos, pero la ley duerme hasta el 15 de junio. ¿Y luego los controles?

Leo Pugliese | Las ventanas llevan semanas abiertas. El calor ha arreciado con mucha antelación, como desde hace años, pero el aire que entra en las casas no es el salado y ligero que uno esperaría en una isla. Es un aire pesado e irrespirable, impregnado del olor acre de los humos que se elevan de huertos, jardines y campos agrícolas, donde alguien sigue quemando con determinación broza, hojas secas y residuos vegetales.

Y mientras los ciudadanos se refugian en sus casas —o peor aún, acaban hospitalizados por crisis respiratorias causadas por estos incendios— la ley permanece inamovible, cristalizada en una fecha simbólica e ineficaz: el 15 de junio, día en que entra en vigor el llamado periodo de grave peligro de incendios forestales. Pero ¿qué significa esta fecha para quienes viven en una isla como Procida? Nada. Absolutamente nada. Porque aquí, entre casas estrechas, pequeñas parcelas y jardines que bordean las viviendas, no hay distancia de seguridad que permita a alguien quemar sin molestar a los demás. Cada fuego encendido es un atentado directo contra la salud pública. Y, sin embargo, hasta el 15 de junio, todo parece tolerado. Inaudito.

En los últimos años, se han documentado casos de ciudadanos obligados a acudir a urgencias por inhalar estos humos tóxicos. Así que no hablamos de inconvenientes temporales, sino de un riesgo real para la salud, especialmente para quienes padecen enfermedades respiratorias, ancianos y niños. Y a pesar de ello, el problema se repite puntualmente cada año, como un guion ya escrito al que, lamentablemente, nos hemos acostumbrado. Bienvenidos a las prohibiciones, bienvenidos al decreto regional que, por escrito, prohíbe encender fuegos, quemar maleza, usar farolillos voladores y fuegos artificiales a menos de un kilómetro de zonas boscosas. Son medidas sacrosantas. Pero por sí solas no son suficientes. Porque una prohibición no es una prohibición si nadie la aplica, si no hay controles, si las sanciones se quedan en el papel.

Procida, al igual que su vecina Isquia, es una realidad particular: pequeña y densamente poblada, donde la vegetación privada a menudo bordea las viviendas. La misma lógica que se aplica a las extensas zonas rurales del interior no es aplicable. Aquí, cada incendio es un ataque directo a la comunidad. Sin embargo, las denuncias a menudo caen en saco roto, las autoridades intervienen tarde o no intervienen, y los ciudadanos se sienten, con razón, abandonados.

Es hora de cambiar nuestro enfoque. Necesitamos una revisión seria del calendario: ya no podemos esperar hasta mediados de junio para reconocer un riesgo que se manifiesta en mayo, o incluso en abril. Necesitamos un plan de prevención local que tenga en cuenta las condiciones territoriales y climáticas específicas. Y, sobre todo, necesitamos un sistema de control eficaz, porque si las prohibiciones no se aplican, se convierten en papel mojado.

El derecho a respirar aire limpio no puede subordinarse a un calendario. No puede depender de la sensibilidad —ni de la ignorancia— del vecino. Es un derecho fundamental. Y cuando la ley no lo protege con prontitud, se convierte en cómplice del problema. Procida, como muchos otros territorios de Campania, no puede esperar más. Es necesario un cambio de ritmo. Ya.