Una batalla fiscal que Italia puede liderar


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Es urgente revisar el nuevo sistema de impuestos corporativos. Hay dos opciones: suspender su implementación y reescribir el mecanismo para simplificar los trámites para las empresas que ya pagan un umbral mínimo de impuestos a nivel mundial.
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Italia debería alzar su voz en Europa. No para exigir descuentos ni tratos preferenciales, sino para liderar una revisión urgente y necesaria de la aplicación de las nuevas normas fiscales internacionales a las grandes empresas europeas. Las propuestas de Assonime son de sentido común. Y el gobierno haría bien en adoptarlas. No se trata de obstruir, sino de evitar que una reforma diseñada para combatir la elusión fiscal se convierta en un freno para las inversiones estratégicas. La idea subyacente es simple: impedir que las multinacionales trasladen sus beneficios a paraísos fiscales. Por ello, la Unión Europea introdujo el impuesto mínimo global (GMT), una norma que impone un tipo impositivo mínimo efectivo del 15 % en cada jurisdicción fiscal. Pero su aplicación práctica está teniendo un efecto perverso: también afecta a quienes invierten en sectores clave para el futuro de Europa, como la energía, la innovación digital, la inteligencia artificial, la defensa y la fabricación industrial.
La normativa actual considera los niveles impositivos "demasiado bajos", incluso cuando las reducciones son resultado de incentivos legítimos ofrecidos por los Estados para atraer inversiones. Paradójicamente, quienes invierten más se arriesgan a ser sancionados. Otros países, como Estados Unidos, ignoran este problema. Han decidido no aplicar estas normas a sus empresas y retirarse de los acuerdos internacionales sobre el GMT, como China e India. En Europa, sin embargo, incluso un crédito fiscal por inversión en tecnologías verdes puede conllevar un recargo. Assonime propone dos soluciones. La primera: suspender la aplicación del nuevo impuesto a la espera de una norma acordada a nivel mundial. La segunda: reescribir el mecanismo, permitiendo a los Estados excluir los incentivos estratégicos del cálculo del tipo impositivo mínimo y simplificando los trámites para las empresas que ya pagan un umbral impositivo consolidado mínimo a nivel mundial . Si Europa quiere evitar quedarse atrás en la competencia global, necesita normas que favorezcan a quienes construyen e invierten, no que los obstaculicen.
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