El populismo cuesta más que las pensiones

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Se suponía que ahorrarían cuarenta millones de euros recortando las pensiones de los mayores, pero acabarán gastando al menos diecinueve millones para devolverlos. Más aún, considerando la pérdida de ingresos fiscales, intereses y revalorizaciones. Recortar las pensiones fue la reforma más antieconómica de la historia, en el sentido de que produjo el menor ahorro posible al mayor coste imaginable. En 2018, durante ese intento de imponer un régimen crónicamente analfabeto en Italia llamado Movimiento Cinco Estrellas, se decidió recortar las pensiones de 1.338 exparlamentarios. La mayoría tenía entre ochenta y noventa años. Esta élite tuvo que ser castigada. Sin embargo, pronto sucedió que el Parlamento se vio obligado a restablecer las pensiones del 60 % de ellos, aproximadamente 800 abuelos. La medida fue, de hecho, ilegal.

Ayer, sin embargo, en una decisión destinada a prolongar aún más la historia, el Consejo de Jurisdicción de la Cámara rechazó los recursos de los pensionistas restantes (en 2020, había alrededor de 700; hoy, hay alrededor de 500 porque 200 han fallecido entretanto). Pero no nos engañemos: los supervivientes recurrirán, incluso con un requerimiento judicial. El fondo de 101 millones de euros reservado por los funcionarios de la Cámara —los políticos toman decisiones populistas, pero la administración las corrige— seguirá ahí. Y probablemente no será suficiente. Un fondo para la inconstitucionalidad, por así decirlo. Pero he aquí la cuestión: si reservas el dinero, significa que sabes que te equivocas. El Tribunal Constitucional lo ha dicho en todos los lenguajes del derecho: recortes de pensiones sí, pero temporales, por un máximo de tres años, con justificaciones serias, criterios de racionalidad y proporcionalidad . Los parlamentarios son ciudadanos como todos los demás. Aquí, sin embargo, ha sido una Commedia dell'Arte desde el principio, donde las leyes son mordazas, las reformas son tuits y las emergencias se proclaman desde el mismo balcón donde se abolió la pobreza. Las rentas vitalicias, después de todo, fueron el gesto original del antiparlamentarismo italiano en la era digital. Las pensiones de los parlamentarios no eran el objetivo: eran el símbolo. La sola idea de que quienes ocupaban cargos públicos pudieran recibir prestaciones de la seguridad social se convirtió en una blasfemia. No se trataba de reformas, sino de humillación. De borrar la distinción entre responsabilidad y privilegio, entre cargo y culpa.

Roberto Fico fue el entusiasta líder de aquella brillante operación legal y contable. Un nombre que no ha pasado desapercibido para nadie. De hecho, hoy el Partido Demócrata de Elly Schlein considera presentarlo como candidato a la presidencia de Campania. Entre los más lúcidos al denunciar el absurdo de la ley se encuentra Peppino Gargani, exdemocristiano. Tiene noventa años. Mientras tanto, Angiolo Bandinelli, exdiputado radical y colaborador de Il Foglio, que tenía noventa y dos años en el momento de los recortes, declaró: «Espero que al menos con parte del dinero de las pensiones, estos jóvenes del Movimiento Cinco Estrellas puedan comprar libros, aunque sean simples manuales de derecho constitucional». Murió hace tres años. Sin pensión. Y con él, casi se extingue una generación de personas inteligentes e irónicas que sabían perder con elegancia, no sin señalar lo absurdo del juego. Si algo demuestra esta historia, es que el populismo es costoso. Mucho más que las pensiones. Y tiene un defecto: nunca muere.

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