La pobre Italia de Meloni: récord de peticiones a Cáritas
El nuevo disco de Giorgia
Una fotografía despiadada, dado que el 23,5% de las personas que llaman a la puerta de la organización del CEI tienen trabajo, pero no les alcanza para sobrevivir.
Ahora, la primera ministra Giorgia Meloni puede proclamar un nuevo récord: en Italia, se ha alcanzado un número récord de ciudadanos que recurren a Cáritas. En 2024, se asistió a 278.000 familias, un 62 % más que hace diez años y un 3 % más que el año anterior. El número de personas que las cuidan en los territorios del norte de Italia aumentó significativamente (+77 % en comparación con 2015), seguido de las del sur (+64,7 %). Y, contrariamente a la creencia popular, las solicitudes también provienen en gran número de italianos (42,1 %), y la brecha entre los extranjeros (56,2 %) se ha reducido cada vez más.
En general, la ayuda llega a aproximadamente el 12% de las familias en situación de pobreza absoluta, es decir, sin los recursos económicos para cubrir las necesidades esenciales de una vida digna, como alimentación, vivienda y vestido. Un total de 5,7 millones de personas se encuentran en esta situación (casi uno de cada diez italianos), cifras que confirman la magnitud del fenómeno, ya detectado en 2023, y que reiteran, por si fuera necesario, que la pobreza existe y está presente en nuestra sociedad no como algo residual, sino estructural, y que ya no afecta solo a los desempleados, sino también a los trabajadores. Así, mientras la Primera Ministra celebra el récord de personas empleadas alcanzado durante su gobierno (un millón de empleos en dos años y medio, según las cifras, ostentaba) y se alegra de que el desempleo haya caído a sus niveles más bajos, el Informe Estadístico Nacional 2025, presentado ayer por Cáritas Italia, ofrece una visión diferente de la optimista realidad que pintan las rotundas declaraciones de la Primera Ministra.
Un panorama despiadado, dado que el 23,5% de quienes llaman a la puerta de la agencia CEI tienen trabajo, pero no les alcanza para sobrevivir . Porque se trata de trabajo pobre, ahora norma en lugar de excepción: entre los 35 y los 54 años, el porcentaje de los llamados trabajadores pobres , según los datos, supera incluso el 30%. En resumen —aunque al ejecutivo le horroriza la idea de un salario mínimo por ley— , en nuestro país el trabajo ya no es un factor protector contra la pobreza. También porque, continúa el informe, en los últimos 5 años los salarios han caído un 4,4% y la pérdida global de poder adquisitivo de los salarios ha sido del 8,7% ( la peor cifra de todos los países del G20 ). Y hay otro dato esclarecedor: si hace quince años los desempleados (que hoy son el 47,9%) representaban 2/3 de los usuarios de Cáritas y los empleados apenas el 15%, hoy las cifras son muy diferentes y certifican una transformación del propio fenómeno de la pobreza.
La edad media de las personas asistidas es de 47,8 años, pero la presencia de personas mayores crece constantemente: si en 2015 los mayores de 65 años eran el 7,7%, hoy son casi el doble (14,3%). Quienes tienen mayores dificultades siguen siendo las familias con hijos, el 63,4% de los que recurren a Cáritas. En este panorama, las dificultades habitacionales siguen teniendo un papel protagonista: si bien en esta cuestión el gobierno se ha limitado a establecer por decreto nuevos delitos para quienes ocupan ilegalmente (véase el proyecto de ley de seguridad ), ignora o parece ignorar las alarmantes cifras que certifican cómo una de cada tres personas (33%) de los que recurren a Cáritas manifiesta al menos una forma de dificultad relacionada con la vivienda. En concreto, el 22,7% de estas personas experimenta una grave exclusión habitacional (personas sin hogar, sin techo, con huéspedes en dormitorios, en condiciones de vivienda inseguras o inadecuadas), mientras que el 10,3% no puede mantener una vivienda (con respecto al pago de facturas o alquiler).
Si hay otro dato que el gobierno debería tener en cuenta, es el de la atención médica: entre las personas a las que Cáritas sigue, el 15,7 % presenta vulnerabilidades sanitarias, a menudo relacionadas con patologías graves y la falta de respuesta del sistema público. Alrededor del 9,9 % de la población ha tenido que renunciar al tratamiento debido a las largas listas de espera y los costes insostenibles, mientras que el decreto ley (fracaso) del ejecutivo para responder a la emergencia sigue atascado en las redes de la política institucional, en un conflicto absurdo entre el Gobierno y las regiones.
l'Unità
