Responsabilidad política y responsabilidad penal

El caso judicial que involucra al alcalde de Pesaro, Matteo Ricci, exige una reflexión sobre los límites entre responsabilidad política y responsabilidad penal y, por tanto, sobre las formas y los métodos con los que se lleva a cabo el indispensable control de la legalidad de la actividad administrativa confiada a la autoridad judicial.

Cabe señalar, sin entrar en el fondo del caso, que solo conozco por los detalles de la acusación propuesta por el fiscal de Pesaro, que otra fiscalía de la región de Las Marcas, la de Ancona, en 2013 criticó duramente a toda la clase política, acusando a todas las figuras clave del Consejo Regional de Las Marcas —desde la derecha hasta el Partido de la Refundación Comunista, incluyendo a Forza Italia y el Partido Demócrata— de participar en el robo de fondos regionales destinados a financiar las actividades de los grupos del consejo. Este relato detallado se incorporó a la acusación, que resultó, como explicaré, completamente infundada. La acusación vino acompañada de un (inevitable) linchamiento mediático.

Para muchos de ellos, si no todos, fue el final de un compromiso y de una carrera política.

En aquella ocasión, defendí al presidente regional Gian Mario Spacca, absuelto en un juicio sumario. La sentencia expuso la total falta de fundamento de los cargos, que fueron remitidos a la Guardia di Finanza (Policía Financiera), sin que la Fiscalía de Ancona hubiera llevado a cabo una investigación seria más allá de la puramente contable. A pesar de ello, el fiscal se negó a rendirse e inició un proceso tortuoso, que incluyó la confirmación de la absolución y dos anulaciones por parte del Tribunal Supremo de Casación ante la exigencia de mantener un juicio carente de pruebas plausibles. En resumen, un calvario judicial que ha persistido hasta el día de hoy, obligando a una figura política honesta a vivir durante muchos años bajo una espada de Damocles injustificada.

La investigación de 2013 involucró, como se mencionó, a todo el cuerpo de electos del Consejo Regional y se dividió en varias ramas en función del procedimiento elegido, la última de las cuales concluyó con una sentencia absolutoria general ante el Tribunal Colegiado de Ancona en 2022, después de varios años de juicio.

El actual presidente del Consejo Regional, Dino Latini, cuya defensa yo asumí, fue absuelto sin prescripción, dadas las pruebas de su inocencia, tras 11 años de espera. Si alguna vez hubo rendición de cuentas en la gestión de fondos públicos, esta estrategia la borró.

Comparto esta experiencia profesional para enfatizar que, entre las virtudes de quienes ejercen la fiscalía, la más importante debe ser la prudencia selectiva en cuanto a responsabilidades, conscientes de que el inicio de un proceso penal desencadena un proceso devastador, independientemente del resultado de los juicios posteriores. Se debe tener mucho cuidado de no copiar los informes de la policía judicial, que a menudo dependen del Ejecutivo y de los ministros responsables de su elaboración.

Una cautela anclada hoy en una obligación legal que obliga al Ministerio Público a actuar únicamente cuando se encuentre ante un pronóstico razonable de condena.

Giovanni Fiandaca ya se ha pronunciado, señalando la incompatibilidad —en cuanto a una delimitación aceptable entre política y justicia— de la supuesta acusación contra Ricci, ahora revelada. Si se acusa al protagonista político de buscar consenso electoral como propósito ilícito, esto termina confundiéndose con una lógica inherente a sus propias acciones.

La legitimidad de un político en un sistema democrático deriva de su elección, a diferencia de los jueces y fiscales, quienes basan su poder en su capacidad cognoscitiva, capaz de evaluar con rigor los hechos y las normas jurídicas que pretenden aplicar en el marco de una autonomía garantizada por la Constitución.

Se trata, por lo tanto, de un proceso interpretativo complejo y arriesgado, ya que la intervención del sistema de justicia penal siempre causa graves problemas: no solo pone en peligro la libertad individual, sino que también puede perturbar la vida personal, familiar y social de las personas involucradas en el proceso. Requiere especial atención, sobre todo cuando se trata de personas que, por el simple hecho de presentar una acusación, podrían sufrir daños irreparables.

Incluso más allá de las categorías dogmáticas evocadas por el Maestro siciliano, hay que señalar que un enfoque como el que impugna la Fiscalía de Pesaro, la puesta en cuestión del alcalde

Junto con buena parte del sistema administrativo del Municipio, pone la hipótesis de acusación en serio riesgo de un resultado fallido.

Además de Bibbiano, no hay que olvidar la devastadora experiencia vivida en las Marcas, que, dada su proximidad territorial, debería ser bien conocida por los investigadores actuales: pintando un cuadro de noche oscura, se oscurecen las responsabilidades individuales y se crean procesos a gran escala, destinados a descarrilar el correcto ejercicio de la jurisdicción.