Aseguran que los procesos serán más rápidos con el nuevo Código Procesal Penal: los 3 casos "ejemplificadores"

El procurador Alejandro Gullé, valoró las modificaciones y comentó días atrás que la defensa "podrá cuestionar los términos de investigación, pero serán en el momento adecuado y mientras tanto, podrá seguir la investigación".

Para el jefe de los fiscales, "no se están cortando 'derechos'. Si nosotros nos oponemos a cada paso de investigación que da el fiscal, el proceso se hace eterno, porque cuando se impugna se va ante un juez de primera instancia y luego ante tribunal colegiado y finalmente a la Corte, entonces cuando retomamos el caso de nuevo, ha transcurrido muchas veces más de un año y medio".

"La reforma se justifica porque hay causas que se atrasaron tanto que incluso desencadenó en algunos casos en la liberación del imputado por los tiempos procesales, y luego incluso volvió a delinquir", fundamentaron en el MPF.

Por otro lado, ejemplificaron que "cada fiscal de robos tiene en promedio 100 detenidos (entre los que están en investigación más los que elevó a juicio pero no hay sentecia); y además que cada uno asiste a por lo menos 7 audiencias diarias. Es necesario comenzar a agilizar para bajar ese número", indicaron.

En efecto, desde el MPF hicieron referencia al caso del homicidio de Emilio Giménez, el 15 de septiembre del 2022. Sobre los seis imputados, la defensa presentó 4 controles jurisdiccionales, 6 recursos de apelación, 2 recursos de casación, 2 recursos extraordinarios federales, 3 pedidos de nulidad, 2 pedidos de exclusión probatoria y 3 oposiciones.

Y sostuvieron que ya se ha otorgado una prórroga extraordinaria de la prisión preventiva, ya que el plazo máximo es de dos años y se puede ampliar a un año más. "Si no se resuelve urgente la situación de los imputados mediante el correspondiente juicio, los plazos de la prisión preventiva pueden vencerse y deberá otorgarse la libertad", alertaron.

Otra causa es la del asesinato de Matias Miralles, prestamista de la Cuarta Sección de Capital, el 15 de junio del 2022, en el cual ha habido 6 imputados detenidos (durante 2022 y 2023) y la defensa presentó 4 recursos de apelación, uno de oposición, un recurso de casación y un recurso de queja; y está pendiente la realización de la audiencia de oposición al requerimiento de citación a juicio.

Además, se encuentran próximos a vencer los plazos de prisión preventiva; y el 14 de marzo vence la prórroga de uno de los detenidos.

El tercer caso es paradigmático. Se trata de un acusado, de apellido Coria, que acumulaba 15 expedientes, entre ellos robo agravado por el uso de urma de fuego apta para el disparo; robo agravado por ser en poblado y en banda, robo agravado por el uso de arma en sentido impropio; entre otros. En una de las causas se dio en 2020 con seis imputados; y la defensa presentó 3 oposiciones, 3 controles jurisdiccionales, 2 apelaciones, 2 nulidades y un recurso de casacion.

La demora en el trámite de las causas "provocó que al imputado Coria se le diera libertad en julio de 2023, por haber vencido los dos años de prisión preventiva", marcaron desde el MPF. Luego de eso, cometió dos hechos delictivos, por lo que fue aprehendido nuevamente en 2024.

En la defensa de la hoy ley, el Gobierno señaló que las reformas buscan "hacer más expeditiva la tramitación de las causas". Se ajustan los criterios para la admisión de pruebas, se regulan los tiempos y condiciones "para que las apelaciones no frenen el curso de la investigación y se refuerza el rol del Juez de Garantías en la supervisión de los procedimientos".

Además, se incorporaron mecanismos "que permiten resolver de manera más rápida las discrepancias entre el fiscal y el juez, estableciendo instancias de revisión cuando haya desacuerdos sobre el archivo de una causa o el sobreseimiento de un imputado. Con esto, se busca que las decisiones judiciales sean más dinámicas y que los casos avancen sin dilaciones innecesarias".

Alejandro Gullé, Martín Kerchner, Mercedes Rus, Andrés Lombardi y Marcelo D'Agostino

Prensa Legislatura.

Sobre los momentos adecuados para presentar impugnaciones, Gullé explicó en radio Mitre que la posibilidad de cuestionar no se pierde, sino que se traslada a la audiencia preliminar. "Se dice: usted quiere cuestionar, cuestione, pero el proceso no se suspende, el fiscal sigue investigando y esto es elemental porque evita que se pierdan pruebas fundamentales", sostuvo.

"Si resuelve el tribunal en un término razonable y le da la razón al impugnante, la investigación cesa de inmediato, pero si rechaza la impugnación, no se pierde la prueba y nosotros continuamos investigando", dijo.

Respecto a la oposición a la reforma por parte de algunos sectores, aseguró que se atendieron todas las observaciones presentadas, aunque consideró que muchas eran "absolutamente injustificadas".

Explicó que prolongar los procesos implica un gasto excesivo de recursos y afecta la eficiencia del sistema judicial. "Hay actos que son innecesarios de cuestionar en las primeras etapas de investigación, déjenlo investigar al fiscal y cuestiónenlo cuando corresponda", concluyó, insistiendo en la necesidad de evitar la pérdida de pruebas irreparables.

Desde la defensa, algunos magistrados han cuestionado las reformas aprobadas y señalan dos cosas: por un lado, que no se avanzará en una aceleración de las causas, y por otro lado, que aumentará considerablemente el "poder" de los fiscales.

"Acelerar procesos queremos todos, pero el temas es que entran muchas más causas que las que el sistema puede responder", advierten, y afirmaron que si bien posiblemente el proceso no se "ralentizará" en la etapa de investigación penal preparatoria, "sí colapsarán en las etapas de juicio porque el sistema no puede procesar la cantidad que recibe".

Aseguraron que desde ahora "muy poco es lo apelable y el fiscal se convierte en amo y señor del proceso", y marcaron, por ejemplo, que el requerimiento de elevación a juicio "no es apelable", así como tampoco se pueden apelar por algún cambio de calificación de la imputación.

"Antes una resolucion de un juez de Garantías era apelable cuando la ley lo prevé o cuando generara un gravamen irreparable, como por ejemplo una privación de libertad, ahora no, y es un problema para la defensa de los derechos", acotaron.

Otro punto es el del instituto de la discrepancia, que es cuando el fiscal pide el sobreseimiento y el juez de garantías la rechaza. "Lo lógico es que vaya al fiscal jefe de la unidad, pero en vez de eso irá al fiscal adjunto, que es la mano derecha del Procurador. Se abre la puerta a que el Procurador dé directivas a los casos", opinaron, y acotaron que "el fiscal adjunto tiene mucho trabajo como para agregar éste.

Desde el MPF rechazaron las acusaciones y expresaron que el fiscal jefe "trabaja en la investigación con el fiscal del caso. En el caso del fiscal adjunto, tendrá una visión más objetiva del tema".