Así es la pelea entre España, Colombia y una empresa privada por miles de millones de dólares hundidos en el mar

España, Colombia y la empresa privada estadounidense Sea Search Armada están en disputa por miles de millones de dólares que se encuentran bajo el agua. Se trata del tesoro que cargaba el Galeón San José, un navío español que fue hundido frente a la costa de Cartagena en Colombia en 1708 durante la Batalla de Barú.

El barco fue construido para incorporase a la flota de barcos que transportaban los tesoros desde las colonias españolas en América a España. El Galeón San José llevaba un cargamento que incluía monedas, esmeraldas, plata, joyas, entre otros objetos con un valor total de entre 18.000 y 20.000 millones de dólares.

Sin embargo, durante la Guerra de Sucesión Española (1701-1715), el navío fue atacado por la armada británica, lo que provocó su naufragio. Trescientos años después, en 2015, los restos fueron localizados en aguas colombianas, lo que ha desencadenado una disputa por el pecio entre España, Colombia y la empresa estadounidense Search Armada.

España defiende que el navío está protegido por el principio de inmunidad soberana, lo que le otorga titularidad sobre su cargamento, independientemente de dónde se encuentre. En cambio, Colombia, fundamenta que la ubicación de los restos está dentro de su Zona Económica Exclusiva, y que por tanto el tesoro le pertenece.

Sin embargo, aquí entra la cuestión económica y el papel de las empresas privadas. La comapñía privada de salvamento estadounidense Sea Search Armada, sostiene que, sin una inversión de capital privado, ningún país realizará una extracción valorada en cientos de millones de dólares. Sea Search se basa en el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, y pide la mitad del botín como beneficio bajo argumentos de localización del tesoro y derechos de inversor.

José Montero, experto en derecho internacional y CEO de Montero de Cisneros Abogados, examina la complejidad jurídica de esta situación. "Confluyen intereses nacionales, reclamos privados y una interpretación de la ley internacional", comenta. Además, apunta la buena posición de España puesto que "cuenta con sólidos argumentos jurídicos para reclamar la titularidad del pecio como navío de Estado protegido por la inmunidad soberana y la Convención de la UNESCO."

La solución, para Montero emana reconocer los derechos de Colombia y crear una comisión bilateral que "garantice la preservación, investigación y difusión conjunta de este patrimonio universal, excluyendo cualquier explotación comercial y priorizando su valor cultural y científico."