Caza mayor

Victor Hugo escribió que resulta fácil ser bueno y que lo difícil es ser justo. La frase ha resistido mal el paso del tiempo, porque la bondad escasea tanto como la justicia en este mundo desordenado que avanza a trompicones. Y donde las instituciones están perdiendo la ejemplaridad que se les supone, en beneficio de intereses ocultos, lo que es el peor daño que se puede hacer a la democracia.

En España asistimos a un caso judicial sin precedentes, como es que el fiscal general del Estado esté a punto de sentarse en el banquillo de los acusados. Tiene su intríngulis que lo que empezó siendo el caso González Amador, por un presunto fraude fiscal, haya acabado siendo el caso García Ortiz, por una supuesta filtración que perjudicaba a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El juez Hurtado señala al Gobierno, sin aportar pruebas, en el delito atribuido al fiscal general

El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha hecho historia al llevar a juicio al máximo representante del ministerio público. Ya lo había anunciado en su día Miguel Ángel Rodríguez, director del gabinete de la presidenta madrileña, al señalar que el asunto se llevaría al fiscal pa’lante. Título, por cierto, de una canción de Malú, donde dice “que en la vida todo se vale”, lo que algunos han tomado al pie de la letra.

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Dos cosas chirrían en las 51 páginas del auto del juez. Una, que el magistrado no aporte evidencias probatorias sobre la filtración que se imputa al fiscal general, en la que el abogado de González Amador ofrecía un pacto por el que este reconocía el delito y estaba dispuesto a pagar una multa a cambio de evitar el juicio, cuando una veintena de personas habían tenido conocimiento del correo. Y dos, sorprende igualmente que el mismo juez sostenga que el fiscal general actuó “a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno”, sin que tampoco explique sobre qué datos o pruebas basa esta tesis.

Los choques entre el Supremo y el Gobierno se vienen repitiendo desde hace tiempo, pues el Ejecutivo considera que hay un sesgo ideológico en muchos de sus posicionamientos. Pero la acusación ­directa a la Moncloa del delito resulta temeraria. Es lo que tiene la caza mayor, si no se dispara acertadamente, el riesgo es máximo para el ­montero.