Cómo planea España erradicar la obsolescencia programada

El gobierno de coalición de izquierda de España intentará abordar el modelo de las grandes tecnológicas de "obsolescencia programada", la práctica de permitir que la tecnología se vuelva rápidamente obsoleta o no funcional y, por lo tanto, requiera que los usuarios compren modelos más nuevos.

La práctica a menudo garantiza que las piezas viejas, como las baterías, ya no se fabriquen, por lo que los modelos más antiguos no se pueden reparar.

El Ministerio de Consumo quiere limitar esta práctica con medidas como incentivar la reparación de electrodomésticos durante el periodo de garantía legal y crear una plataforma online que facilite el acceso a servicios de reparación de confianza.

La idea es tratar de proteger a los consumidores y brindarles un fácil acceso a las reparaciones en lugar de comprar modelos nuevos.

El Ministerio que dirige Pablo Bustinduy, del partido de extrema izquierda Sumar, ha incluido la idea en un proyecto de ley de Consumo Sostenible, que fue aprobado recientemente por el Consejo de Ministros.

En el texto se recogen varias medidas para alargar la vida de los electrodomésticos incentivando las reparaciones durante el periodo de garantía legal aumentándolas en un año cuando el consumidor opte por la reparación en lugar de la sustitución al hacer uso de la garantía.

Además, el fabricante, distribuidor o importador, si es de fuera de la UE, estará obligado a cubrir el 20 por ciento del coste de las reparaciones durante los dos primeros años tras la finalización de la garantía legal.

Este se reducirá al 10 por ciento si transcurren tres años desde la finalización de la garantía, y al 5 por ciento en el cuarto año.

Otra herramienta que se está considerando son los vales de reparación para los consumidores, así como planes para crear una plataforma en línea donde los consumidores puedan acceder a reparadores confiables de manera asequible y gratuita para solicitar cotizaciones y reparaciones.

El proyecto de ley aún tiene varios requisitos que cumplir antes de regresar a La Moncloa y ser presentado ante el Congreso de los Diputados. Debe someterse previamente a una audiencia pública para que la sociedad civil, incluidas las organizaciones de consumidores y las asociaciones de fabricantes, pueda aportar sus contribuciones.

También se presentará al Consejo de Consumidores y Usuarios, órgano representativo de las organizaciones de consumidores. Asimismo, se solicitarán informes a instituciones como el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social (CES), así como la opinión de las autoridades regionales.

Fuentes consultadas estiman que el proyecto de ley tardará “en torno a seis meses” en llegar realmente al Congreso de los Diputados.