El Consejo Económico y Social alerta de "la insuficiente financiación pública" de la dependencia
El Consejo Económico y Social (CES) valora de forma positiva el anteproyecto de Ley para reformar las leyes de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y General sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, aunque destaca "la insuficiente financiación pública" que arrastra el Sistema para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia (SAAD).
Así se deduce del dictamen emitido por este organismo consultivo, que en su conjunto es "favorable" y tacha de positiva la reforma. De hecho, concluye que el anteproyecto supone "un notable avance en la consolidación y garantía de los derechos de las personas con discapacidad y en situación de dependencia", si bien aporta una serie de apreciaciones y precisiones.
El dictamen analiza de forma separada las modificaciones relativas a la discapacidad y al SAAD, aunque sí aprecia que ambas leyes se "aborden por primera vez de forma conjunta e integrada". En lo que se refiere a la Autonomía y Atención a la Dependencia, el CES encuentra adecuado que, "tras casi veinte años de trayectoria", la norma quiera impulsar un modelo de cuidados y apoyo a las personas en situación de dependencia "basado en la promoción de la autonomía personal y la inclusión social y centrado en la persona, tanto en el ámbito residencial como en el entorno familiar".
En concreto, destaca "la eliminación de barreras administrativas e incompatibilidades entre prestaciones"; la definición, ampliación o creación de nuevas prestaciones, y todas aquellas medidas orientadas a mejorar la capacidad de respuesta del sistema.
Advierte, en cambio, de la "insuficiente financiación pública que arrastra el sistema, aspecto que considera "relevante" en una reforma "de este calado". Según el dictamen, la financiación pública del SAAD representa el 0,8% del PIB, "por debajo de países de nuestro entorno y de lo necesario para garantizar cobertura y calidad", por lo que afirma que "sigue siendo insuficiente".
El CES encontró "paradójico" que, con "un diagnóstico de infrafinanciación previa" y ante la intención declarada de ampliar "los contornos del sistema de apoyo y atención a la dependencia", la memoria justificativa apunte al "escaso o nulo impacto presupuestario para la Administración General del Estado (AGE) de algunas de las nuevas prestaciones o de su ampliación".
De hecho, destaca la "insuficiente participación" de la AGE en la financiación del modelo y le propone "una definición de objetivos más concretos y un calendario razonable, que garanticen un nivel de financiación pública suficiente para satisfacer en todos los casos la materialización de los derechos subjetivos" que la futura norma reconoce. Asimismo, el dictamen apunta a "la persistencia de problemas como listas de espera, demoras en la atención o falta de datos precisos, que limitan la eficacia del sistema en su conjunto.
El CES sí coincidió con la norma en la conveniencia de que el SAAD prevea mecanismos de apoyo a las personas cuidadoras no profesionales, mujeres en su inmensa mayoría, aunque echó en falta "una mayor concreción de los derechos que se contemplan en el anteproyecto". El texto solo los enuncia, "sin mayor precisión", lamentó. "Sería deseable que algunos de ellos, como el relativo a recibir acompañamiento y formación para el cuidado y autocuidado, se incluyeran como prestaciones en el catálogo de servicios", indica
Asimismo, advierte de algunos riesgos que "podrían derivarse de la formulación que el Anteproyecto hace del alcance y nueva configuración de algunas prestaciones del SAAD", susceptibles de "conducir hacia fórmulas de atención no profesional". En este sentido, expresa dudas sobre medidas como la ampliación de supuestos en que puede reconocerse la prestación económica para cuidados en el entorno familiar; la formulación dada a la nueva prestación de servicio de cuidados y apoyos en viviendas mediante una prestación; la indefinición del contenido del servicio de cuidados y apoyos en viviendas, así como del de las prestaciones en el entorno comunitario. Para evitarlo, insta a garantizar un servicio de atención profesional, con los estándares de calidad exigidos por la normativa, debidamente acreditado y que cuente con la autorización previa de las administraciones competentes.
Recalca, finalmente, que si bien el objetivo de promover la autonomía a través de un enfoque de desinstitucionalización -siempre que las condiciones del entorno y materiales lo permitan- es muy positivo, ello "no debe derivar en una estigmatización del sistema residencial en su conjunto". A su juicio, este sigue "siendo necesario". Por ello insiste en que "resulta imprescindible evaluar sus debilidades y fortalezas", e incorporar "de forma efectiva el enfoque que el anteproyecto promueve de atención centrada en la persona y promotora de la autonomía personal".
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