Haití, la crisis olvidada
Según el informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, la violencia en Haití ha alcanzado nuevos niveles de brutalidad al verificarse que, entre enero y mayo de este año, fueron asesinadas al menos 3141 personas, entre ellas, 54 niños. Además, 957 personas resultaron heridas, los secuestros para pedir rescate sumaron 316 y aumentaron la violencia sexual y el reclutamiento de niños. En 2024 habían muerto 5600 personas y se registró un millón de desplazados.
El reporte advierte que la expansión territorial de las pandillas, que aumenta la violencia y e incrementa el tráfico trasnacional de armas y personas, también podría acelerar una mayor desestabilización en la subregión del Caribe.
Las calles son el más claro registro de la crueldad impuesta por el poder paralelo de las bandas, controlantes del 80% de Puerto Príncipe, que se enfrentan sin control entre sí o con una policía desmoralizada y mal armada. Los asesinatos, secuestros y agresiones sexuales se han multiplicado y el solo hecho de salir a la calle implica un riesgo mortal. Los grupos de autodefensa intentan hacer justicia por su cuenta, ocasionando un mayor número de violaciones a los derechos humanos.
Según la coordinadora humanitaria de la ONU en Haití, Ulrika Richardson, esos abusos se están intensificando en las zonas donde la presencia del Estado es extremadamente limitada, especialmente en la periferia occidental de Puerto Príncipe, pero también en otros departamentos situados al este del área metropolitana de la ciudad capital.
La destrucción de bienes y el desplazamiento forzoso de poblaciones a gran escala profundizó aún más la crisis sociopolítica, económica y humanitaria que afronta la nación caribeña, en especial desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, en el 2021. La débil presencia de una misión multinacional liderada por Kenia, desplegada hace un año en isla, ha sido tan claramente insuficiente como su financiamiento: unos 800 policías mal equipados a los que se sumaron algunos efectivos de Jamaica y Guatemala. El conflicto con la policía local fue inevitable.
Desde marzo último, el gobierno utiliza drones para combatir a las bandas criminales, generando preocupación respecto de la identificación de objetivos. Reportan 300 muertos y 400 heridos. La población civil no solo sufre la violencia, sino también sus consecuencias en el acceso a salud, agua, comida y energía eléctrica. La escasez de medicamentos ha dejado a miles de personas sin tratamiento y a muchos de condición psiquiátrica al borde del colapso mental.
A ello se suma un incremento en el reclutamiento de menores de edad debido, entre otros factores, a la falta de acceso a la educación y a los servicios esenciales que, junto con la desesperación, los convierte en presas fáciles. Según datos de Unicef, los niños constituyen cerca de la mitad de los miembros de los grupos armados.
Es imperativo que la comunidad internacional actúe con determinación y sin demoras, adoptando medidas más enérgicas y coordinadas. Habrá que crear empleo y reconstruir la infraestructura sanitaria y educativa, así como posibilitar el retorno de los desplazados a sus barrios. La ayuda humanitaria es solo un paliativo. Restablecer la seguridad es la vía para organizar elecciones libres, democráticas y pacíficas. Urge detener la escalada de violencia y guerra civil que se cierne sobre el país más pobre de América.
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