México responde a Trump: «trato injusto»; negocian para evitar arancel

La presidenta Claudia Sheinbaum ha confirmado el inicio de negociaciones de alto nivel con Estados Unidos para desactivar la amenaza de un arancel del 30%, calificado por la Cancillería como una «medida injusta». La presión económica coincide con revelaciones clave en el caso de Ovidio Guzmán, creando un complejo escenario para México.

El Gobierno de México ha activado su maquinaria diplomática en una carrera contrarreloj para evitar lo que podría ser un golpe devastador para la economía nacional. Tras el anuncio de Donald Trump de imponer un arancel del 30% a los productos mexicanos a partir del 1 de agosto, la respuesta oficial ha sido una mezcla de firmeza y un llamado a la prudencia.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada por Marcelo Ebrard, fue la primera en reaccionar, catalogando la medida como un «trato injusto» que no corresponde a la relación de socios estratégicos entre ambos países. Poco después, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que ya se ha establecido una mesa de negociación, pidiendo «tener cabeza fría» para manejar la crisis. En una declaración que marca la postura de su gobierno, Sheinbaum instó a Estados Unidos a enfocar sus esfuerzos en combatir la distribución de drogas dentro de sus propias fronteras, y «no sólo hacia México».

El momento elegido por Trump para lanzar esta amenaza no parece ser una coincidencia. El anuncio llega justo cuando se revelan detalles del acuerdo de culpabilidad de Ovidio Guzmán López, líder de la facción de «Los Chapitos», con la justicia estadounidense. La carta de Trump a Sheinbaum justifica los aranceles precisamente en la «crisis de fentanilo», el mismo delito por el que Guzmán se ha declarado culpable.

Esta simultaneidad crea lo que analistas describen como un «movimiento de pinza» sobre la administración mexicana. Por un lado, se ejerce una presión económica masiva con la amenaza arancelaria. Por otro, se ejerce una presión judicial y de seguridad a través del caso Guzmán, donde Estados Unidos se posiciona como el actor que está resolviendo un problema que, según ellos, México no ha podido controlar. Esta doble ofensiva coloca a México en una posición negociadora de extrema complejidad, forzándolo a responder a una agenda definida casi en su totalidad desde Washington.

«Mantenemos la negociación para lograr un acuerdo… Hay que tener cabeza fría». – Claudia Sheinbaum, Presidenta de México.

Más allá de la crisis inmediata, este episodio saca a la luz una vulnerabilidad estructural de la economía mexicana: su profunda dependencia del mercado estadounidense. El hecho de que esta interdependencia pueda ser utilizada como un arma política en cualquier momento representa un riesgo existencial que va más allá de este arancel en particular.

La reacción inmediata del gobierno mexicano ha sido, por necesidad, la de negociar. Esto demuestra que la amenaza es demasiado grande como para ser ignorada o para responder con una represalia simétrica. El impacto potencial sobre las «empresas y empleos» sería catastrófico, afectando a sectores clave de la industria nacional.

Este evento está destinado a provocar un profundo debate estratégico dentro de los círculos políticos y empresariales de México. La necesidad de diversificar los mercados y fortalecer la soberanía económica dejará de ser un tema académico para convertirse en una urgencia nacional. La crisis actual no es solo sobre aranceles; es una llamada de atención sobre el modelo económico del país y su fragilidad ante los vaivenes políticos de su vecino del norte. El resultado de las negociaciones en las próximas semanas no solo definirá el futuro económico a corto plazo, sino que podría marcar el inicio de un replanteamiento estratégico de las relaciones exteriores y comerciales de México para las próximas décadas.