Una asociación de fiscales pide seis años de cárcel para Álvaro García Ortiz

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) solicita seis años de prisión para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, además de una inhabilitación absoluta por 12 años, y cuatro años de cárcel para la fiscal jefe de Madrid Pilar Rodríguez por la revelación de datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

La APIF está personada como acusación popular en la causa que se instruye contra el número 1 de la Fiscalía en el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos por filtrar a un medio de comunicación unos correos electrónicos entre el fiscal que investigaba a Alberto González Amador y el abogado de éste en el que buscaban un acuerdo de conformidad por un fraude fiscal.

El juez que ha instruido la causa, Ángel Hurtado, considera que García Ortiz filtró una cadena de correos electrónicos sin consentimiento del afectado, en este caso la pareja de la presidenta madrileña, en el que se incluían datos personales.

El magistrado ha dado ya por finalizada la instrucción y ha procesado a García Ortiz al entender que existen suficientes indicios contra él para sentarle en el banquillo de los acusados. Tanto el máximo representante del ministerio fiscal, defendido por la Abogacía del Estado, como la propia Fiscalía ha recurrido el auto por el que se dictaba la transformación en procedimiento abreviado, es decir, el paso previo a la apertura del juicio oral.

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Ahora la Sala de lo Penal deberá revisar la resolución y decidir si ratifica la decisión de Hurtado. Sin embargo, este recurso no paraliza los plazos, por lo que una vez entregados todos los escritos de acusación y defensa, el magistrado podrá dictar el auto de apertura de juicio oral.

Según el escrito de acusación de APIF, presentado por el letrado Juan Antonio Frago, la filtración del correo electrónico del 2 de febrero de 2024 en el que el abogado de González Amador proponía un acuerdo de conformidad que pasaba porque el empresario reconociera un fraude fiscal y el pago de una multa supuso “una serie de efectos lesivos”.

“Afectó” a la reputación de González Amador

Por un lado, a su juicio “afectó notablemente a la reputación” de la pareja de Díaz Ayuso, “ya que, a raíz de la divulgación de dicha información, en determinados medios y ámbitos se le llamó defraudador o delincuente confeso, cuando todavía no había recaído ninguna sentencia condenatoria que así lo estableciera”.

Para la asociación, estas afirmaciones han causado un “enorme quebranto a sus relaciones personales y sociales, lo que, a su vez, le ha generado perjuicios de índole económico”.

Por otro lado, considera que “mermó notablemente” los derechos procesales de González Amador. “Por causas absolutamente alegales, se le despojó de su derecho a un proceso con todas las garantías”.

“Degradación” de la Fiscalía

En el escrito se señala que de forma “legítima” el empresario pretendía llegar a un acuerdo de manera confidencial con el fiscal mientras que al hacerse público afectó a su derecho de defensa.

Por último, sostiene que esta filtración “ha cuestionado notablemente” el prestigio del ministerio fiscal como institución. “Según su Estatuto, la Fiscalía tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Además, su actuar debe ajustarse a los principios de legalidad e imparcialidad”, advierte.

La APIF considera que “haciendo caso omiso García Ortiz y Rodríguez se prevalieron de su condición de fiscales de máxima autoridad para perseguir objetivos puramente privados y políticos”. Les acusa de utilizar los mecanismos que tenían a su disposición “para conseguir irregularmente y revelar ilícitamente datos confidenciales de un particular anónimo con la única meta de 'ganar un relato'”.

Por tanto, estima que “es evidente que un actuar semejante ha degradado de forma absoluta la percepción social de la Fiscalía como organismo constitucional”.