Una auditoría interna detectó licencias truchas en la Policía: qué medida tomó el Gobierno

Una auditoría interna realizada por el Ministerio de Seguridad y Justicia reveló el uso irregular de licencias médicas dentro de la Policía de Mendoza. En el informe pedido por la propia por la ministra Mercedes Rus, entre los resultados se detectaron al menos 80 casos con certificados apócrifos o sin respaldo técnico adecuado, lo que derivó en sanciones, bajas voluntarias y cambios en el sistema de control.

A fines de 2024, la Policía de Mendoza registraba 1.403 licencias médicas activas, de las cuales 163 correspondían a enfermedades “catastróficas”, un régimen especial que contempla el pago del 100% del salario —incluidos los ítems adicionales— y exime al agente de prestar servicio durante el tratamiento.

"Había gente que tenía licencia psicológica, que se tenía que presentar a trabajar y no lo hacía. Antes las altas por este tipo eran de un 7% y la pasamos a un 16% para tareas operativas", precisó la ministra.

Según informaron desde el Ministerio, en julio del año pasado se ordenó una auditoría para revisar el funcionamiento del sistema. La revisión estuvo a cargo de una junta integrada por cinco profesionales de distintos ministerios, que analizaron expedientes y realizaron verificaciones en terreno.

Alfredo Cornejo con la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.jpg

Prensa de Gobierno de Mendoza.

Los resultados encendieron las alarmas. De los 80 casos auditados, el 30% de los agentes fue reincorporado a tareas operativas, el 10% solicitó la baja voluntaria y un 35% fue separado de la fuerza por decisión administrativa.

"Lo que encontramos fue muy preocupante. Había licencias prolongadas por enfermedades psicológicas o físicas que no contaban con controles adecuados", afirmó la ministra Rus.

Fuentes de la cartera de Seguridad revelaron a Los Andes que, en algunos casos, se detectaron certificados falsos o mal fundamentados, e incluso complicidades internas en el área de sanidad policial.

Entre los casos relevados, hay situaciones que sorprendieron incluso a los auditores. Un agente con licencia por ansiedad fue sorprendido haciendo un curso para ingresar a una empresa de transporte de caudales. “Estaba usando la formación que le dio la Policía para saltar al sector privado, y lo hacía mientras le mentía al Estado y a los mendocinos”, expresó Rus con firmeza.

En otro caso, la junta médica se presentó en el domicilio de una agente con licencia psicológica, y fue recibida por su hermana, quien aseguró no saber nada de ninguna enfermedad: “Mi hermana está perfecta de salud y de ánimo. Incluso está haciendo un curso de pastelería”.

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También se documentó a un agente que tramitó una licencia médica para construir su casa. En su declaración posterior, confesó que en realidad la necesitaba “para hacer trabajos de plomería” durante la construcción.

Una agente, en tanto, admitió que había mentido en el certificado porque “no quería volver a funciones operativas”, ni en calle ni en contacto con detenidos. “Esto va más allá del ausentismo. Refleja una degradación del compromiso institucional”, apuntaron fuentes del Ministerio.

Frente a este escenario, el Gobierno provincial implementó una batería de medidas para sanear el sistema. Entre ellas, se destacan dos resoluciones clave:

• Resolución 2483 (agosto 2024): establece nuevos criterios para la gestión del ausentismo en todas las áreas del Ministerio. Obliga a los agentes a notificar cualquier situación médica de inmediato y a presentar certificados dentro de las 48 horas. También habilita inspecciones domiciliarias para verificar las condiciones de los agentes en licencia.

• Resolución 3953 (abril 2025): regula específicamente las licencias por enfermedades catastróficas. Define los criterios médicos y administrativos que deben cumplirse y habilita una junta evaluadora para determinar la validez, duración y renovación de las licencias.

Además, se digitalizó el sistema de presentación de certificados, que ahora se cargan a través de una plataforma unificada entre el área de Capital Humano del Ministerio y OSEP. “Con este sistema buscamos cortar los manejos discrecionales y agilizar los controles”, explicaron desde Seguridad.

Desde el Ministerio aseguran que el objetivo no es perseguir a quienes realmente están enfermos, sino establecer reglas claras, transparentes y con control efectivo.

“La salud del trabajador es una prioridad, pero el sistema tiene que proteger también a quienes hacen bien su trabajo y a la ciudadanía que espera seguridad y profesionalismo”, remarcaron.

Para los casos más complejos o dudosos, el Gobierno contrató una junta médica independiente, pagada por el Estado, con el objetivo de ofrecer evaluaciones objetivas y despolitizadas.

Otro cambio significativo es que quienes acumulen licencias prolongadas o tengan antecedentes de enfermedades psíquicas o físicas que los inhabiliten para tareas operativas, encontrarán mayores obstáculos para acceder a ascensos dentro de la fuerza.

“Queremos honrar a quienes respetan la profesión policial y cumplen su función en la calle, en situaciones muchas veces complejas y riesgosas. No es justo que haya alguien que, sin justificación real, cobre lo mismo por quedarse en su casa que un compañero que está expuesto en un megaoperativo”, concluyó Rus.