En este estado Morena y PRI libran batalla con descalificaciones y presunta intromisión del narco

En Durango, el proceso electoral para la renovación de las alcaldías se ha convertido en un campo de batalla en el que Morena y el PRI, los dos punteros en las tres ciudades con mayor población del estado (la capital, Gómez Palacio y Lerdo) no sólo medirán fuerzas en las urnas, sino que durante las campañas lo hicieron en el terreno de las descalificaciones y señalamientos contra funcionarios que derivaron en denuncias.

Ambos partidos han sido señalados de recurrir a viejas mañas electorales: uso indebido de recursos públicos, coacción del voto, campañas negras, guerra sucia e incluso se hicieron acusaciones de presunta intromisión del crimen organizado.

En uno de los capítulos más polémicos, que fue bautizado como “los audioescándalos”, el delegado de Bienestar en Durango, Jhonatan Jardines Fraire, fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por legisladores del PAN. Se le acusa de coacción del voto mediante el uso de programas sociales, tras difusión en redes de audios en los que se escucha cómo el delegado estaría dando instrucciones para identificar operadores políticos desde la estructura gubernamental, así como el uso de vehículos oficiales para proselitismo.

Jardines Fraire fue nombrado delegado del Bienestar en octubre de 2024, poco menos de un mes antes del inicio formal del proceso electoral, el cual comenzó el 1 de noviembre. De extracción perredista, fue diputado federal por ese partido (2012-2015). Durante la campaña de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, se desempeñó como su delegado político en el estado.

El 29 de marzo de este año, Canal 12 de Durango publicó un audio en el que Jardines Fraire instruye la identificación de operadores políticos desde la estructura gubernamental. En el audio se escucha:

“En chinga hagan una semaforización, ejemplo: todo tu equipo que nos apoyó en junio pasado, Lorenzo, todos esos son verde; todos los que nos apoyaron, Alejandro en Mezquital, son verde; pero así como el caso de Simón Bolívar, Víctor, son rojos, y en amarillo pudiéramos considerar los que se pueden jalar”.

A esta operación la denomina “Operativo Limpieza”, que busca utilizar a empleados de Bienestar como operadores políticos: “Necesitamos operadores, no empleados. Empleados tenemos 900 y operadores no pasan de 200”.

En el mismo audio se menciona lo ocurrido en el municipio de Pueblo Nuevo como “lo que no se debe hacer”, en referencia a que en diciembre del año pasado personal de Bienestar presuntamente solicitó el voto portando uniformes oficiales, lo que fue difundido por redes sociales.

Por estos hechos, en una rueda de prensa celebrada el 8 de abril en la Ciudad de México, las bancadas del PAN en el Congreso, así como la dirigencia estatal y nacional del partido, anunciaron la presentación de una denuncia por presuntos delitos electorales.

“Informarles que el día de hoy presentamos denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República por hechos que constituyen presuntos delitos electorales y graves violaciones al orden constitucional”, declaró Adla Karam, jurídico del partido.

La rueda de prensa fue encabezada por la senadora por Durango Gina Campuzano, quien además exigió la destitución de Jhonatan Jardines. Sin embargo, a la fecha éste permanece en el cargo.

Aunque los señalamientos para la Delegación del Bienestar no cesaron. El pasado 23 de mayo un grupo de trabajadores de la dependencia en la capital del estado inició un plantón en protesta por presuntas presiones del delegado para participar en actos proselitistas.

Crimen organizado

El 9 de abril, el diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, acusó al candidato de Morena a la alcaldía Durango, José Ramón Enríquez Herrera, de presuntos vínculos con el crimen organizado. El diputado señaló:

“Le pedimos a la Guardia Nacional, al Instituto Electoral estatal y a la Fiscalía duranguense que sigan la pista a los dirigentes de la 4T y sus candidatos, porque hay sospechas de que pueden estar financiados con dinero de dudosa procedencia o que intenten robar urnas con violencia el día de la elección”, y aseguró que autoridades federales han vinculado a Enríquez con integrantes de la organización del Mayo Zambada.

El 20 de enero de 2023, diversos medios de comunicación reportaron la detención de Gerardo Soberanes Ortiz, alias El G1 o El Licenciado, quien presuntamente operaba actividades delictivas en Durango y la Comarca Lagunera. Soberanes Ortiz fue identificado como lugarteniente de una célula del Cártel de Sinaloa encabezada por Zambada. Citando a la Sedena, medios informaron que El G1 sería compadre del candidato morenista José Ramón Enríquez Herrera.

Competencia

Este 1 de junio, la ciudadanía de Durango elegirá a titulares de 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas, 327 regidurías y 49 cargos del Poder Judicial Local. El IEPC instalará mil 497 casillas. La lista nominal asciende a 1 millón 424 mil 038 personas, mientras que el padrón electoral es de 1 millón 427 mil 896 personas.

Históricamente, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha incrementado su presencia en el estado. En la elección de 2019, el partido obtuvo dos alcaldías, entre ellas la de Gómez Palacio. En los comicios de 2022, la coalición Morena-PT-PVEM-RSP ganó 20 de los 39 municipios de la entidad, de los cuales 15 fueron para Morena. No obstante, perdió Gómez Palacio, una de las tres ciudades más pobladas del estado, mientras que Durango y Lerdo quedaron en manos de la coalición PRI-PAN-PRD.

Morena podría obtener por primera vez el municipio de Lerdo, donde la competencia se ve cerrada entre la candidata Flora Isela Leal Méndez (de la coalición Morena-PT-PVEM) y Susy Carolina Torrecillas Salazar, del PRI-PAN. Torrecillas y el actual presidente municipal de Lerdo, Homero Martínez, son esposos.

En cuanto a la capital del estado, ésta podría quedar en manos de la coalición PRI-PAN, cuyo candidato, Antonio Ochoa Rodríguez, compite también en una contienda que se ve cerrada contra el morenista José Ramón Enríquez.

Mientras que Morena podría recuperar Gómez Palacio, donde compite contra MC.

El número de regidurías de representación proporcional en los 39 municipios de Durango son los siguientes:

En el municipio de Durango diecisiete regidurías (17); en los municipios de Gómez Palacio y Lerdo quince regidurías; (15); en los municipios de Canatlán, Cuencamé, Guadalupe Victoria, Mapimí, Mezquital, Nombre de Dios, Nuevo Ideal, Poanas, Pueblo Nuevo, San Dimas, Santiago Papasquiaro, Tamazula, Tlahualilo y Vicente Guerrero nueve regidurías, y en los municipios de Canelas, Coneto de Comonfort, General Simón Bolívar, Guanaceví, Hidalgo, Indé, Nazas, Ocampo, Otáez, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Rodeo, San Bernardo, San Juan de Guadalupe, San Juan del Río, San Luis de Cordero, San Pedro del Gallo, Santa Clara, Santa María del Oro, Súchil, Tepehuanes y Topia, siete regidurías.

En lo que respecta al Poder Judicial local, se elegirán 15 magistraturas para el Tribunal Superior de Justicia, cinco magistraturas para el Tribunal de Disciplina Judicial, una magistratura del Tribunal de Justicia Penal para Adolescentes y 28 plazas para juezas y jueces.

Manos de otros estados

Otra cosa que ha enturbiado el proceso es la intromisión de funcionarios de otros estados en la elección duranguense. El 25 de mayo, elementos de la Fiscalía detuvieron en la capital del estado a Arturo Gabriel Ortega Hernández, servidor público del gobierno de Hidalgo, quien presuntamente operaba a favor de Morena.

Según la Fiscalía del estado de Durango, el ahora detenido se presentó como coordinador de la campaña de José Ramón Enríquez, y viajaba en una camioneta Ford Ranger, propiedad del estado de Hidalgo.

El encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Francisco Fernández Hasbun, informó que el director de área del Sistema Mixto, Arturo Gabriel Ortega Hernández, enfrentará cargos por peculado en esta entidad, por el uso de la camioneta que conducía al momento de ser intervenido por la policía municipal de Durango, informó Proceso el lunes 26.

Además de iniciar la carpeta de investigación por peculado, se anunció que se le dará de baja del servicio público y también se iniciaría una investigación por la Contraloría, según lo señalado por Fernández Hasbun.

Por su parte, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, acusó la intervención de la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez.

En la rueda de prensa celebrada el 21 de mayo, Alcalde dijo: “Tenemos información de que la gobernadora viajó a la ciudad de Durango a bordo de un avión privado, con matrícula N7490A. El viaje coincidió con la presencia de diputados locales del PAN. Toda la comitiva llegó al aeropuerto con maletas como para varios días y se regresaron tres horas después sin ellas”.

Por este hecho, señaló que además de la denuncia pública realizarían la denuncia formal. Además, el partido denunció la vulneración de boletas electorales en San Juan del Río, donde los sellos llegaron violados, así como la existencia de dos presos políticos por parte del gobierno del estado de Durango.

“Tenemos dos presos políticos, dos personas encarceladas por el gobierno del estado de Durango: Jaime Escajeda Martínez, él es un líder de nuestro movimiento en San Juan del Río, Durango. Se encuentra preso desde noviembre del año pasado por supuestamente haber volcado una camioneta propiedad del ayuntamiento y haber causado un daño por 60 mil pesos”.

Comentó que incluso si se hubiera cometido ese delito, el proceso debería llevarse en libertad. Sin embargo, no ha sido así en el caso de Escajeda Martínez, a quien además se le han acumulado otras causas para mantenerlo en prisión.

El segundo detenido es Juan Carlos Cáceres Sandoval, a quien calificó como dirigente histórico de Morena y excandidato en 2012. Se le acusa de haber firmado un documento de un área que no le correspondía. Dijo que está en prisión desde el 14 de febrero de este año, sin tener acceso a su carpeta de investigación.

Tensa calma

En medio de una tensa calma y sin que las autoridades electorales refieran hechos violentos relacionados con el proceso electoral, Morena informó que solicitó el refuerzo de la Guardia Nacional en la entidad.

“Es una institución que cuenta con la confianza de la ciudadanía, por lo que esperamos que pueda reforzar su presencia tanto durante el periodo de veda como el día de la elección. Nosotros vamos a insistir en esta solicitud para que en todos los municipios de Durango exista un ambiente propicio que motive a las personas a salir a votar”, dijo Luisa María Alcalde.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Durango aseguró que no tiene registro de “focos rojos”, a pesar de lo cual el proceso estará vigilado por corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

“Tenemos esa sinergia de institución electoral, tanto el INE como el IEPC; con esta sinergia de una comunicación directa, justamente estamos teniendo esa comunicación con diferentes corporaciones, tanto la Guardia Nacional como la Sedena y cada una de las corporaciones municipales y estatales. En ese sentido tenemos la seguridad de que cualquier altercado que pueda pasar será atendido de manera inmediata”, dio a conocer Jesús González Cortés, presidente del Consejo Municipal Electoral de Gómez Palacio del IEPC.