Acusación a bancos, ¿impacto acotado?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró ayer 2 de julio, que no hay impacto mayor en el sistema financiero mexicano por las acusaciones de Estados Unidos en contra de dos bancos mexicanos y una casa de bolsa.

La Jefa del Ejecutivo dijo que el sector financiero mexicano no se ha visto afectado tras los señalamientos que tomó el Departamento del Tesoro de EU contra las tres instituciones financieras mexicanas .

Insistió en que las tres entidades señaladas representan un porcentaje muy pequeño de todo el sistema

Y aseguró que la fortaleza del peso muestra que hay confianza en la economía de México.

Horas antes, en la jornada previa, luego de una reunión del Comité de Asociados de la Asociación de Bancos de México (ABM), encabezada por Emilio Romano, en la que participaron la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México y la Procuraduría Fiscal de la Federación, reveló que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen), la agencia del Departamento del Tesoro, no involucra a otros bancos mexicanos.

Literalmente el comunicado de la ABM señala que “las autoridades mexicanas han reiterado que la acción de FinCen se limita exclusivamente a los dos bancos (CI Banco e Intercam), y bajo el marco de coordinación binacional que existe, no se han planteado medidas adicionales o hacia otras instituciones bancarias”.

Así, de manera indirecta, es decir, a través de los banqueros que sostuvieron pláticas con las máximas autoridades regulatorias del sector financiero, se hizo público que EU no está involucrando en sus acusaciones a otros bancos.

La presidenta Sheimbaum, sin decirlo textualmente, lo dejó entrever.

Hasta ahora, nadie en el gobierno lo ha dicho pública y abiertamente.

Se entiende que las autoridades financieras, sí se lo revelaron a los banqueros en esa reunión.

Es poco probable que los banqueros emitan un comunicado en el que hacen referencia a una información tan delicada, sin el sustento correspondiente.

La pregunta es si el gobierno mexicano ya fue informado oficialmente por parte del Departamento del Tesoro de que sólo acusan a las tres instituciones financieras públicamente señaladas hasta ahora.

Y si es así, por qué no han salido a decirlo abiertamente.

Desde el 25 de junio en que el Departamento del Tesoro de EU emitió órdenes a través de FinCEN identificando a las 3 instituciones mexicanas como instituciones de "preocupación primaria por lavado de dinero" relacionado con el tráfico de opioides, particularmente fentanilo, hasta ahora, la posición del gobierno mexicano es que no tiene pruebas fehacientes sobre tales acusaciones.

La presidenta de México ha dicho que su gobierno no protegerá a nadie y que en caso de que le presenten las pruebas actuará incluso penalmente.

Hasta ayer, 2 de julio, esa posición no ha cambiado. Lo que sí hizo fue intervenir gerencialmente a los bancos y a la casa de bolsa para proteger el dinero y los intereses de los inversionistas.

Ocho días son muchos para un problema tan grave como el que está registrando este grupo, aunque sea pequeño de instituciones financieras mexicanas.

Las consecuencias que están registrando esas instituciones les está generando una situación muy difícil, a pesar de que las tres venían registrando números positivos de operación y capitalización.

Es claro que la Jefa del Ejecutivo tanto como la organización de los banqueros salieron a contrarrestar la creciente ola especulativa que apuntaba hacia la posibilidad de inminentes acusaciones en contra de otros bancos mexicanos.

Por otra parte, bajo el marco legal con el que está actuando el gobierno de Estados Unidos, podría no entregar las pruebas que el gobierno mexicano le solicita.

México está frente a un capítulo inédito en su relación con Estados Unidos.

El caso podría estar inscrito en el contexto político que se registra en aquél país.

México tiene frente a sí un desafío mayúsculo que muy probablemente rebasa el ámbito financiero.

Por lo pronto, el manejo que ha tenido el secretario de Hacienda, Edgar Amador, ha sido prudente y eminentemente técnico.

México necesita urgentemente realizar una estrategia que fortalezca la supervisión y vigilancia del sistema financiero y coordinarse con las autoridades financieras de EU para superar el difícil capítulo.

Atisbos

¡Una buena noticia!. El gobierno de México redujo en un 85% las amortizaciones de deuda externa programadas para el año 2026.

Pagó anticipadamente dos bonos soberanos, uno denominado en dólares estadounidenses y otro en euros, por un monto total de 3,593 millones de dólares

Con el remanente de operación de Banxico por 17,995 millones de pesos (correspondiente al cierre del 2024), el gobierno de México pagó el bono en dólares.

Estas operaciones permiten reducir al mínimo las amortizaciones de deuda externa previstas para el próximo año. Bien.