¿Adiós al Estado de derecho?

Con la elección judicial del domingo, se abre una nueva página en la crónica nacional, nada heroica pese a los ensueños gubernamentales. Será la crónica de una era de incertidumbre, ante la transición de un sistema de justicia a otro y, más temible, ante las repercusiones que tendrá carecer de un poder judicial federal, de una Suprema Corte, autónomos e independientes. ¿Quiénes ejercerán las facultades para defender a la ciudadanía de los abusos del Estado; a la Constitución, de un Legislativo ansioso de control; a mujeres y niñas, de maridos y padres violentos; a periodistas, de funcionarios soberbios; a cualquiera, de falsas acusaciones y malas prácticas por parte de extorsionadores, funcionarios corruptos o familiares perversos?

No se trata aquí de exaltar el sistema aún existente como ideal de Justicia; ni de entrar en detalles de procedimiento que especialistas en derecho han explicado en diversos foros. En este espacio han quedado documentadas violaciones de derechos humanos, casos de abuso familiar donde las víctimas han sido doblemente dañadas por jueces y magistrados corruptos. Estas y otras deficiencias podían corregirse, por eso es lamentable que, en vez de proponerse mejorar este sistema, el régimen haya decidido derruir el edificio completo entre ahora y el 2027, entornando - si no cerrando - las puertas de la ley, de la justicia posible, la que merecemos.

Se nos repetirá que los otros eran corruptos y los nuevos serán impolutos, que debemos confiar en un gobierno que sólo vela por el Pueblo y se esmera por ampliar la democracia. Por más falacias y mentiras con que pretendan convencernos, los resultados estarán a la vista. Empezando por el nulo entusiasmo por la elección judicial y el mayor debilitamiento del INE, el retraso de los asuntos en curso y la acumulación de nuevos, mientras los y las juzgadores van aprendiendo. Como si en ese y otros campos México pudiera darse el lujo de financiar el aprendizaje de funcionarios/as sin suficiente preparación y experiencia, de tirar a la basura la formación en género, derechos humanos, entre otras, de quienes seguían la carrera judicial. No hace falta imaginar pesadillas nacionalizadoras para preocuparse por el futuro; basta con pensar en las miles de personas desaparecidas, asesinadas y encarceladas injustamente que carecerán de justicia pronta y expedita.

Mientras la presidenta presume que está haciendo Historia, medios internacionales subrayan la novedad del experimento, no como paradigma democrático, como clavado en la incertidumbre, contraria a la seguridad jurídica. Como lo han advertido voces críticas aquí, también señalan el afán oficialista de concentrar el poder, que el discurso triunfalista gubernamental no logra ocultar. Impulsado ayer por el resentimiento y la ambición personal, el desmantelamiento del PJF autónomo responde hoy al mismo deseo de blindar futuras iniciativas de ley, por inconstitucionales que sean, de garantizarse la indefensión de quienes se opongan a megaproyectos depredadores y demás arbitrariedades.

Esta hazaña no hace (mejor) Historia. El ascenso del autoritarismo en Turquía y Hungría ha pasado por la cooptación de los demás poderes. En Estados Unidos, aumenta el desprecio del presidente por los jueces que se han opuesto a la ilegalidad de sus decretos o que exigen respeto a sus fallos contra las deportaciones arbitrarias; le irritan sobre todo los juzgadores propuestos por él que se atreven a aplicar la ley contrariando sus aspiraciones absolutistas. Su hostilidad hacia el Estado de derecho ha llevado a su gobierno a detener a una juez por impedir que la policía migratoria se llevara del juzgado a un migrante, a desobedecer la orden judicial de devolver a Abrego García, ilegalmente deportado a El Salvador. De las deportaciones a cárceles extranjeras inhumanas a desconocer el habeas corpus, hay un paso que, al parecer, Trump pretendería dar. Las cortes autónomas –y la resistencia civil – todavía pueden frenarlo.

Aquí, en nombre de una extraña democracia, nos encaminamos hacia la destrucción del Estado de derecho. ¿Cómo impedir este desastre “histórico”?