Bonistas demandaron en EE.UU. a la Argentina: reclaman US$1.700 millones por cupones emitidos por Néstor y Cristina

Cuatro fondos de inversión presentaron una nueva demanda contra la Argentina en tribunales de Estados Unidos, reclamando el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada en Londres que condenó al país a pagar más de US$1.700 millones por incumplimientos relacionados con los cupones atados al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI).

Los demandantes —Palladian Partners LP, HBK Master Fund LP, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited— se presentaron ante la Corte del distrito de Columbia, en Washington, para exigir el cobro de una deuda que, según denuncian, el país aún no ha saldado.

La causa tiene su origen en los cupones PBI emitidos entre 2005 y 2010, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Según los acreedores, la Argentina manipuló las estadísticas oficiales del INDEC bajo la órbita de Guillermo Moreno, para reflejar un crecimiento económico menor al real y así evitar el pago completo de esos instrumentos.

En 2019, los fondos iniciaron una demanda en el Reino Unido y obtuvieron un fallo favorable del Tribunal Supremo de Londres. El Gobierno argentino, bajo la gestión de Javier Milei, puso como garantía unos US$360 millones para poder apelar esa sentencia. Sin embargo, el fallo fue ratificado y esos fondos ya fueron utilizados en favor de los demandantes.

Ahora, en la presentación ante la justicia estadounidense, los fondos denunciaron que “salvo los montos utilizados en virtud de la Carta de Crédito de Argentina y el pago de los montos pendientes de las costas de los demandantes, Argentina no ha pagado nada más de los 1.500 millones de euros de las sentencias inglesas”.

En paralelo, el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional reconoce que el país mantiene deudas por unos US$4.000 millones con bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda, incluyendo litigios como el de los cupones PBI. Según el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, el acuerdo con el FMI implicó por primera vez la “reclasificación de las contingencias legales como deuda”.