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Contraloría alerta sobre riesgo fiscal en universidades públicas por falta de recursos

Contraloría alerta sobre riesgo fiscal en universidades públicas por falta de recursos

Contraloría General de la República

Milton Díaz / EL TIEMPO

La Contraloría General de la República advirtió sobre la existencia de riesgos estructurales en las universidades públicas del país, que comprometen su sostenibilidad financiera y la continuidad en la prestación del servicio de educación superior.

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Así lo señala un estudio realizado por el ente de control sobre la situación fiscal, presupuestal y pensional de instituciones como la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad Industrial de Santander.

Con corte a diciembre de 2024, tres de estas universidades presentan un pasivo pensional acumulado por $8,3 billones. La mayor proporción corresponde a la Universidad Nacional, con $4,5 billones.

Según el informe, estos pasivos son el resultado de los cálculos actuariales realizados por cada institución. No obstante, la Contraloría enfatiza que “es necesario mantener actualizados los cálculos para determinar el monto real de esta deuda y evitar sorpresas en el futuro”.

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El estudio también alerta sobre la antigüedad de las bases de datos utilizadas por algunas universidades para proyectar estas obligaciones. Además, señala que los ingresos propios de varias instituciones son insuficientes para cumplir con su parte de los convenios de concurrencia. “Tal es el caso de la Universidad del Valle, que debe concurrir con el 19,9%, viéndose en dificultades para cumplir con su parte del convenio”, indica el informe.

La Contraloría subraya que el Gobierno no ha asignado recursos específicos para cubrir los incrementos salariales derivados del Decreto 1279 de 2002, que establece el régimen salarial y prestacional de los docentes. Este decreto permite la acumulación de puntos por productividad académica, generando presiones crecientes sobre el gasto.

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Universidad Nacional

Universidad Nacional.

Aunque se han transferido recursos adicionales, gran parte de ellos han tenido una destinación específica”, precisa el documento. En el caso de la Universidad de Antioquia, el valor anual de los puntos asignados pasó de $10.364 millones en 2017 a $18.239 millones en 2024, lo que representa un aumento del 76 %.

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Otro factor que, según el estudio, pone en riesgo la estabilidad financiera del sistema es la implementación del Decreto 391 de 2025, que establece la formalización laboral en las instituciones de educación superior públicas. De acuerdo con estimaciones del Sistema Universitario Estatal (SUE), su cumplimiento requeriría recursos adicionales por $2,9 billones, sin que hasta el momento exista una fuente clara de financiación.

También identificaron afectaciones derivadas de la política de gratuidad en las matrículas. Desde la implementación del Decreto 2271 de 2023, las universidades reciben el 80% del valor de las matrículas al inicio del semestre, y el 20% restante tras la validación de datos por parte del Ministerio de Educación Nacional. “El primer giro del 80% suele efectuarse una vez iniciado el calendario académico, cuando lo ideal sería contar con los recursos antes del comienzo del período”, comunicaron.

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Educación superior

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El ente de control señala que en 2024 el desembolso de estos recursos estuvo condicionado por la disponibilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y los trámites administrativos del Ministerio de Educación, lo cual derivó en fraccionamientos y retrasos en los giros. Esta situación afecta el flujo de caja de las universidades públicas, limitando su capacidad de funcionamiento.

En materia de infraestructura, advierten sobre una deuda acumulada. Solo la Universidad Nacional de Colombia tiene proyectadas inversiones por $1,4 billones en infraestructura física y tecnológica, necesarias para mantener y mejorar la prestación del servicio educativo.

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Aunque actualmente se tramita en el Congreso una reforma a la Ley 30 de 1992 para modificar el esquema de financiación de la educación superior, el organismo de control sostiene que “es indispensable que los recursos provenientes de la Nación sean transferidos a las universidades de manera oportuna para atender adecuadamente las necesidades estructurales y de funcionamiento”.

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