Corte frena impuesto a apps de reparto; es inconstitucional

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha puesto un freno definitivo al gobierno de la Ciudad de México, declarando inconstitucional el impuesto del 2% que se cobraba a las plataformas digitales de reparto por el uso de la infraestructura vial.

En una decisión que sienta un importante precedente para la regulación de la economía digital en México, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el «aprovechamiento» del 2% que el Gobierno de la Ciudad de México había impuesto a las empresas de reparto por aplicación desde 2021.

El fallo, resuelto por tres votos contra uno, ampara a una de las empresas del sector que había impugnado la medida. La Corte concluyó que, a pesar de que el gobierno capitalino lo disfrazó de un cobro por «uso de la infraestructura», en realidad se trataba de un impuesto sobre el comercio electrónico, una materia que los congresos locales no tienen facultad para legislar.

Sugerencia: Una infografía que explique de forma sencilla el argumento de la SCJN: «No es un ‘aprovechamiento’, es un impuesto. Y los congresos locales no pueden crear impuestos sobre comercio electrónico».

La relevancia de esta sentencia trasciende las fronteras de la Ciudad de México. Al establecer que los gobiernos locales no pueden imponer gravámenes sobre el comercio electrónico, la SCJN crea un criterio que aplicará para cualquier estado o municipio que intente implementar medidas fiscales similares. Esto brinda certidumbre jurídica a las empresas de tecnología y frena posibles intentos de sobrerregulación a nivel local.

El caso llegó a la máxima instancia judicial después de que una empresa se amparara y un juez le diera la razón. El gobierno de la CDMX impugnó esa decisión, argumentando que el cobro era justo por el desgaste que los repartidores generan en las vialidades. Sin embargo, la Corte validó la sentencia original, protegiendo el principio de legalidad constitucional.

Si bien el fallo representa una victoria legal para las plataformas digitales, no resuelve el problema de fondo que originó el impuesto: el impacto real y tangible que la economía de reparto (gig economy) tiene sobre la infraestructura urbana.

«La autoridad judicial determinó que el cobro propuesto por el gobierno de la Ciudad de México podría afectar de manera inmediata la operatividad de las plataformas, así como incidir en la economía de miles de familias.» – Argumento de la SCJN.

El argumento del gobierno de la CDMX sobre el uso y desgaste de las calles no es trivial. El auge de las aplicaciones de reparto ha incrementado el tráfico de motocicletas y bicicletas, generando nuevas necesidades de mantenimiento y seguridad vial. La Corte, al anular el impuesto por una cuestión de competencia legislativa, deja abierta la pregunta de cómo las ciudades deben gestionar y financiar los efectos de esta nueva economía.

La SCJN también consideró el impacto que el impuesto podría tener en «miles de familias», en una clara alusión a los repartidores, quienes probablemente verían absorbido el costo del impuesto en sus ya de por sí precarias ganancias.

La decisión obliga a buscar nuevas fórmulas, posiblemente a nivel federal, para regular la relación entre las ciudades y las gigantescas empresas de tecnología, un debate que está lejos de terminar.