Crece la presión sobre el Gobierno para decantar su decisión sobre la opa

La cuenta atrás para que el Gobierno de Pedro Sánchez decida sobre la opa lanzada por el BBVA para tomar el control del Sabadell ha arrancado con la inesperada intervención pública de Bruselas, advirtiendo al Ejecutivo de que no debe ponerle obstáculos. Presión en sentido contrario a la ejercida por el mundo económico catalán y de parte del resto de España y de los socios del Gobierno, sobre todo Sumar, con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al frente y Junts, el partido de Carles Puigdemont. También de los intereses de Salvador Illa, el socialista presidente de la Generalitat y principal beneficiario político del retorno de la sede del banco vallesano al calor de la lucha frontal contra la opa del banco de origen vasco.

También del propio Ejecutivo, pues fue Sánchez quien elevó el tono y calentó el ambiente al anunciar una consulta pública que nadie esperaba ni había pedido y que podía parecer un cuestionamiento de la Comisión de la Competencia (CNMC), ya que esta había rechazado recoger las opiniones de todas las organizaciones empresariales y económicas que sí iban a aprovechar la puerta que ahora se les abría.

La irrupción europea ha llamado la atención porque no tiene competencias definidas sobre una integración económica de carácter doméstico. Pero, como apunta una fuente comunitaria de alto nivel, “esas declaraciones deben interpretarse como una alerta tras la inesperada implementación de una consulta que nunca se había utilizado en una operación de este tipo; es una anomalía administrativa que puede haber llevado a pensar que se estaban alterando los procedimientos”. También, destaca, se han acumulado los movimientos de los gobiernos euro­peos para bloquear concentraciones bancarias: Portugal, España, Italia, Alemania. Bruselas no podía dejar de llamar la atención, abunda.

La comisaria europea de Servicios Financieros, la portuguesa Maria Luís Albuquerque, ha señalado este viernes, en una entrevista a Expansión, que la banca euro­pea debe “ganar escala hasta el punto de que podamos competir [con los bancos de EE.UU. y de China] y atender a la vez a los intereses de los mercados locales”.

Palabras que podrían sonar a un novedoso intento de meter en el mismo saco dos dinámicas diferentes, según especialistas financieros consultados. Una, la necesidad de ganar tamaño para competir en el mercado mundial, que claramente se refiere a los grandes bancos de negocios corporativos de Wall Street, la City de Londres y la plaza china de Shanghai, volcados hacia las grandes empresas y multinacionales. La otra, la operativa completamente diferenciada de la banca local o regional, volcada en las pymes y los usuarios particulares, con cientos de operadores que conocen mucho el terreno que pisan.

En Bruselas desconfían de una consulta que consideran puede alterar los procedimientos

En el primer frente, Europa apenas dispone de un pequeño grupo de bancos operativos internacionalmente: Deutsche Bank (Alemania); BNP y Societé Generale (Francia); Unicredit (Italia) y más lejos el Santander español. Fuera de la UE, Lloyds y HSBC (Reino Unido) y UBS (Suiza). Pero esta competencia no afecta a la financiación de pymes ni particulares de los dos bancos que presiden Carlos Torres (BBVA) y Josep Oliu (Sabadell).

Este podría ser un punto de partida, se apunta, para el Gobierno si opta por endurecer las condiciones de la opa cuando emita su dictamen, a finales de este mes.

Nada se sabe de las deliberaciones en su seno, excepto en el caso de Yolanda Díaz, que además de rechazar abiertamente la adquisición, ha adelantado las condiciones que planteará desde el ámbito que gestiona, sobre todo el del empleo y de la inclusión financiera.

Legalmente, existen dos posibles escenarios diferenciados. Por un lado, la fase actual, la número tres, centrada en el ámbito de la competencia y del interés general, pero en la que al Gobierno solo le está permitido autorizar la operación de adquisición, concentración, aunque pueda imponer condiciones adicionales a las fijadas por la CNMC. Para algunas fuentes involucradas en la operación, esa opción es técnicamente compleja, difícil de concretar, y sobre ella ya ha puesto el foco Bruselas.

Los opositores a la operación esperan que el Ejecutivo anticipe su rechazo a la fusión para desanimar la opa

La segunda, desde el punto de vista legal, es que el Ejecutivo de Sánchez opte por una resolución técnica de perfil discreto y se limite a incluir nuevas condiciones no determinantes. y espere a que, tras la opa y si esta prospera, deba pronunciarse sobre la fusión. En este caso, acogiéndose a la ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito, aprobada en el año 2014, siendo ministro de Economía Luis de Guindos, actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE). La norma establece que le corresponde al “ministro de Economía autorizar las operaciones de fusión, escisión o cesión global o parcial de activos y pasivos en las que intervenga un banco”.

Los partidarios de bloquear la opa del BBVA defienden que el Gobierno imponga una moratoria indefinida a la fusión, argumentando que el interés general requiere que el Sabadell se mantenga independiente, no solo en términos formales, con su sede actual y sus propios centros operativos, sino especialmente desde el punto de vista del control político. Es decir, que el BBVA no pudiera gestionarlo tomando la mayoría del consejo y de la dirección. Y en esa línea, postulan que Sánchez adelante ya ese propósito en el primer momento en el que debe pronunciarse, de aquí a poco menos de un mes, cuando finalice la fase tres del proceso de competencia. Este ejercicio de transparencia permitiría a los accionistas decidir si venden o no sus acciones al BBVA con toda la información, incluida la más sensible sobre el futuro del Sabadell en el caso de que la opa obtuviese mayoría y prosperase.