El Gobierno redefine los costos del transporte público en el AMBA y pone la lupa en los subsidios

El Gobierno nacional oficializó este viernes una nueva resolución que redefine los criterios de cálculo para los costos operativos del transporte público de pasajeros en la Región Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una medida clave que incidirá en la política de subsidios y en la discusión futura sobre tarifas.

A través de la Resolución 36/2025 del Ministerio de Economía —más precisamente desde la Secretaría de Transporte— se aprobaron los nuevos valores correspondientes a los Costos e Ingresos Medios de los Servicios de Transporte de Pasajeros Urbanos y Suburbanos, con vigencia para los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2025.

La actualización busca reflejar con mayor precisión la evolución de los costos reales de operación del sistema de transporte automotor en el AMBA, donde operan decenas de líneas de colectivos que movilizan millones de personas por día.

Si bien la resolución no modifica directamente las tarifas, sí afecta de forma indirecta el monto de las compensaciones tarifarias —es decir, los subsidios que el Estado nacional y la provincia de Buenos Aires otorgan a las empresas—. Estos aportes son clave para evitar un aumento brusco en el precio del boleto.

Según explicaron desde Transporte, se trata de una medida “necesaria para garantizar la continuidad del servicio” y “preservar la accesibilidad del sistema para los sectores más vulnerables”, en un contexto de alta inflación acumulada y presión sobre las cuentas públicas.

La resolución, informó NA, se apoya en una “Metodología de Cálculo de Costos de Explotación” diseñada para el transporte de pasajeros por automotor bajo jurisdicción nacional. El esquema considera variables clave como combustible, salarios, mantenimiento, seguros y amortización de flota, entre otros elementos operativos.

El nuevo criterio introduce ajustes más dinámicos y realistas, que contemplan los aumentos en insumos esenciales y reflejan los verdaderos gastos de las empresas, en un momento donde la demanda se encuentra en tensión con la sostenibilidad del sistema.

Aunque el texto no habla de subas en el corto plazo, esta actualización puede ser el paso previo a una eventual revisión tarifaria, en caso de que el Gobierno opte por reducir los subsidios o avanzar hacia una tarifa más cercana al “costo real” del servicio.

En este sentido, fuentes cercanas al sector advierten que la discusión sobre el precio del pasaje volverá a la agenda en el último trimestre del año, sobre todo si persiste el ajuste fiscal y se busca una reducción del gasto público.

Por el momento, el Gobierno sostiene que su objetivo principal es mantener el equilibrio económico del sistema, pero sin dejar de garantizar el acceso al transporte para los usuarios del Gran Buenos Aires, una de las zonas con mayor dependencia del colectivo como medio de movilidad diaria.