La regla fiscal enfrenta su gran prueba de fuego en el gobierno Petro

La semana comienza con la atención de los analistas, inversionistas y autoridades económicas, centrada en el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), que tendrá una de sus sesiones más decisivas de los últimos años; por cuenta del tema que se abordará y la noticia que ya algunos dan por descontada, mientras que el futuro de la regla fiscal es incierto.

En medio de un entorno económico marcado por las estrecheces de caja del Gobierno nacional y la presión creciente sobre las finanzas públicas, el organismo deberá decidir si autoriza al Ejecutivo a activar la llamada “cláusula de escape” de la regla fiscal, un mecanismo extraordinario que permitiría flexibilizar los límites de déficit establecidos en la ley, y daría rienda libre a la capacidad de endeudamiento.

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Vale la pena decir que la decisión no solo tiene un peso técnico considerable, sino que se trata de un momento de quiebre institucional que podría redefinir la percepción de la responsabilidad fiscal del país, ya que hasta hace pocos días, según fuentes del Gobierno, se daba por hecho que todos los miembros del Confis respaldarían la activación de la cláusula y se tenía el respaldo del presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, el ruido que generó esta posibilidad en los mercados y entre los analistas ha sembrado dudas de última hora y ha puesto en entredicho el voto unánime que se esperaba; mientras el ministro de Hacienda insiste en la necesidad de que el país adopte un pacto fiscal enfocado en el desarrollo de finanzas sostenibles.

¿Un cambio menor?

La regla fiscal, formalizada en la Ley 1473 de 2011 y ajustada en la Ley 2155 de 2021, establece techos máximos al déficit estructural del Gobierno central y su objetivo es evitar que el país incurra en niveles de endeudamiento insostenibles, al tiempo que brinda confianza a los mercados e inversionistas y sirve como referencia para las calificadoras de riesgo y el costo de deuda en Colombia.

Así las cosas, la “cláusula de escape”, prevista en el parágrafo 2 del artículo 60 de la Ley 2155, permite suspender temporalmente la regla solo en caso de eventos extraordinarios que comprometan la estabilidad macroeconómica del país. Usando esto, el Gobierno argumenta que enfrenta una coyuntura fiscal compleja, pero voces técnicas insisten en que las condiciones extraordinarias no están dadas para aplicar esa cláusula en este momento.

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Si bien en el Minhacienda resaltan que no es un acto de irresponsabilidad, los mercados ya reaccionaron con preocupación y tan solo este viernes 6 de junio, tras conocerse la intención de activar la cláusula de escape, los bonos de deuda pública colombiana sufrieron una fuerte caída, lo que convirtió al país en el emisor soberano con peor desempeño en los mercados internacionales ese día, según advirtió el economista Jorge Restrepo.Este comportamiento refleja una pérdida de confianza de los inversionistas, no solo por el posible cambio en la regla, sino por la falta de claridad sobre el plan fiscal de mediano plazo; mientras que analistas como José Ignacio López, presidente de Anif, señalan que solo hablar de la cláusula ya encareció el financiamiento del Estado, y que suspender la norma sin hechos extraordinarios comprometería la credibilidad fiscal de Colombia.

Entre los efectos más importantes, los analistas coinciden en que una decisión de este tipo podría poner en riesgo la Línea de Crédito Flexible que el país tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como afectar la calificación crediticia soberana e impactar la llegada de inversión extranjera directa, especialmente en un contexto donde otros países de la región están reforzando su disciplina fiscal para preservar el acceso a los mercados.

¿Un cambio necesario?

La semana pasada, durante la convención de Asobancaria, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Silva, defendió la necesidad de un ajuste fiscal estructural, pero subrayó que este debe realizarse de forma gradual y responsable, sin paralizar la economía ni sacrificar la inversión social.

Ávila explicó que el déficit actual no es producto de un gasto desbordado, sino de obligaciones heredadas como la deuda con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el pago de créditos adquiridos durante la pandemia y los subsidios a la energía. En conjunto, estos compromisos superan los $120 billones.

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El ministro también criticó lo que llamó una “visión dogmática” de la regla fiscal. “Cumplirla como si fuera una religión implicaría paralizar al Estado”, dijo, al tiempo que pidió abrir un debate sobre la posibilidad de un pacto fiscal nacional que permita rediseñar la sostenibilidad de las finanzas públicas sin frenar el crecimiento económico.

Ante esto, desde Fedesarrollo, su director Luis Fernando Mejía fue categórico en que “la economía crece más, el desempleo es menor y la inflación está bajando. No hay evento extraordinario que justifique activar la cláusula de escape” y recordó que hacerlo enviaría una mala señal a los mercados y agravaría la percepción de riesgo.

El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana ofrece una visión distinta y aunque reconoce que la regla ha sido pilar de sostenibilidad, considera que las cuentas fiscales ya venían siendo maquilladas, por lo que “la cláusula de escape es el único camino que queda, pero debe ir acompañada de un plan creíble de consolidación fiscal y advierte que el déficit será mayor al proyectado y que el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) será clave para recuperar credibilidad.

Por su parte, la Contraloría General de la República fue más allá y cuestionó directamente la legalidad de usar esta herramienta en la coyuntura actual, ya que para ellos “no se advierten hechos que comprometan la estabilidad macroeconómica”, según dijo el contralor Carlos Hernán Rodríguez, para quien activarla sin sustento, erosionaría la efectividad de la regla y la confianza de los inversionistas.

Otros expertos, como el exministro Mauricio Cárdenas, elevaron el tono político y acusaron al gobierno de querer usar el gasto público para influir en elecciones y calificó la decisión como una forma de “perder la vergüenza fiscal”.

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Día D

Si el Confis aprueba la activación de la cláusula de escape, el Gobierno tendrá vía libre para reformular su plan fiscal sin estar atado a los límites tradicionales del déficit estructural. No obstante, esto no le exime de presentar un Marco Fiscal de Mediano Plazo serio y verificable, en el que se detalle la senda de ajuste y retorno al cumplimiento de la regla.En ese escenario, analistas y entidades como el FMI seguirán de cerca la calidad de las nuevas proyecciones, la reducción de gastos no esenciales y la posibilidad de una nueva reforma tributaria en el segundo semestre del año.

Si, por el contrario, el Confis no aprueba la activación de la cláusula, el gobierno se vería forzado a buscar ajustes de gasto inmediatos o a acudir a mecanismos extraordinarios de financiamiento, con impactos más severos en la economía. En cualquier caso, este lunes marcaría un punto de quiebre para la credibilidad del país.