Los excesos y las omisiones en la nueva ley de telecomunicaciones

La semana pasada escribí sobre cómo la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República viola el espíritu y letra del artículo 28 constitucional vigente. Es un error que no se puede dejar sin atender, como luego se hace, pensando en que es algo que sobre la marcha pueden resolver. Si hay alguien que le esté diciendo eso a la presidenta, le está mintiendo.

Adicional a esa violación constitucional, está otra que tiene que ver con la violación de los plazos que se establecieron en la Constitución para la extinción del IFT y la Cofece, pues la iniciativa que comento y la iniciativa de reforma la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), anulan indebidamente esos plazos, que no están sujetos a interpretación, ni a contentillo del legislador. Es otro tema que debe corregirse.

De nuevo, quien le haya hecho creer a la presidenta que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) puede empezar a actuar como autoridad reguladora del sector telecomunicaciones a los 31 días de que se haya publicado la nueva ley de telecomunicaciones, y con ello decretar la extinción inmediata del IFT, simplemente no leyó bien los transitorios Décimo y Décimo Primero del decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2024, y peor aún, engañó a la presidenta Sheinbaum al orillarla a firmar la iniciativa con los errores señalados.

Esos son errores centrales, porque provocan innecesariamente un problema constitucional, que un servidor público diligente en realidad buscaría evitarle a la titular del Poder Ejecutivo. También hay otros errores centrales, como los afanes de censura contenidos en los artículos 109 y 201, graves por el solo hecho de pretender darle al gobierno federal atribuciones excesivas que ni siquiera los gobiernos de Díaz Ordaz, Echeverría o López Portillo pudieron haber soñado. El marco legal no tuvo esos excesos ni en aquellos años, aunque pretendan hacer creer lo contrario. En la tercera década del siglo XXI es simplemente una locura.

Ahora bien, hay omisiones muy relevantes, como pueden ser el hecho de que no hay un capítulo expreso que disponga qué puede hacer la autoridad reguladora, cómo y hacia dónde debe dirigir sus esfuerzos para propiciar justamente una transformación digital del país, como lo insinúa el nombre de la ATDT. El desafío de lograr la transformación digital de México va mucho más allá de la idea de simplificar y digitalizar trámites. De hecho, el concepto “inclusión digital” solo aparece dos veces en toda la ley.

El decreto de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, de 2013, dispone en su artículo Décimo Cuarto Transitorio, que “el Ejecutivo Federal tendrá a su cargo la política de inclusión digital universal, en la que se incluirán los objetivos y metas en materia de infraestructura, accesibilidad y conectividad, tecnologías de la información y comunicación, y habilidades digitales, …”. También señala que la política tendrá, entre otras metas, que por lo menos 70 por ciento de todos los hogares cuenten con accesos con una velocidad real “de conformidad con el promedio registrado en los países miembros de la OCDE”.

Hoy estamos muy lejos de esa meta. De acuerdo con el último reporte publicado por la OCDE, al cierre de 2023, los accesos de banda ancha fija en México correspondían mayoritariamente a velocidades inferiores a 100 Megabits por segundo (Mbps): alrededor del 75 por ciento de la población con acceso de banda ancha fija se podía conectar a velocidades de 100 Mbps o inferiores. Mientras que, en promedio para todos los integrantes de dicha organización, dos tercios de su población ya contaban con accesos de banda ancha con velocidades de entre 100 Mbps y 1 Gigabit por segundo (o sea, mil Megabits por segundo).

No solo estamos muy lejos de lograr la velocidad promedio de banda ancha de la OCDE para el 70% de los hogares, no hay una política para inducir a esos hogares, y microempresas, a sacarle mucho mayor provecho a esa banda ancha, y el gobierno actual ni siquiera consideró que sea un tema relevante para la nueva ley. Vamos mal.

*El autor es economista.