Opa: el traspié de Junts; banca y poder en Catalunya

Con incredulidad, desconcierto y cierto malhumor se ha recibido en los centros de poder económicos y políticos catalanes que el vocal de la Comisión de la Competencia (CNMC) próximo a Junts, Pere Soler, se haya sumado a la unanimidad a favor de la opa hostil del BBVA sobre el Sabadell. Luz verde que desdibuja la radical oposición que la formación independentista que preside Carles Puigdemont, en sintonía con el resto de fuerzas políticas, había mantenido contra la desaparición del centenario banco vallesano. Una prueba de que hay una gran distancia entre las habilidades para la negociación parlamentaria y la inteligencia y el instinto de poder. Los sectores empresariales comprometidos con el rechazo a la opa ya han hecho llegar a los dirigentes de Junts su descontento con el desenlace de la trascendental sesión de la CNMC.

Es casi seguro que Carlos Torres, el presidente del BBVA, no computó en sus cálculos sobre las reacciones a la opa hostil sobre el Sabadell la carga política que incorporaba en Catalunya. El anhelo frustrado de poder financiero incrustado en el gen de la sociedad económica y política catalana desde el nacimiento del capitalismo en España. No tenerlo en cuenta ha sido y es el gran defecto de la ofensiva del BBVA, problema que aún mantiene intacto su potencial para hundirla.

A ese sentir colectivo que hormiguea a flor de piel apeló Josep Oliu cuando decidió devolver la sede a Catalunya. Más allá de los efectos nocivos en el ámbito de la competencia, no despreciables, la unanimidad en Catalunya contra la opa delata un acto reflejo contra la pérdida de poder e influencia financiera y económica.

Fuentes próximas a Junts justifican lo sucedido y señalan que a cambio de retirar su voto particular contra la opa, la resolución de la CNMC incluye el reconocimiento de que hay problemas de competencia en Catalunya y Baleares. Esta ha sido la transacción para alcanzar una resolución unánime, como pretendía su presidenta, Cani Fernández. Pero, claro, en la Barcelona burguesa no solo preocupa la competencia local, también la influencia en el resto del país, –Madrid–, seriamente mellada si el cuarto banco se evapora.

Junts asegura que su radical rechazo a la desaparición del Sabadell se mantiene como al principio del proceso. Y que así se ha transmitido a las más altas instancias del Gobierno, es decir a su presidente. Un énfasis en su presión política, que aunque no es nuevo (viene del primer día), intenta cubrir el desliz del pasado miércoles.

Foment aún espera una decisión de la Audiencia sobre su petición de cautelares contra la CNMC

Los empresarios catalanes aún no descartan una posible, aunque ciertamente difícil, resolución favorable en los tribunales. Foment, la gran patronal catalana que preside Josep Sánchez Llibre, no ha agotado la caja de herramientas judiciales. Mantiene viva su reclamación en la Audiencia Nacional para ser admitida como parte en la tramitación del expediente y ha solicitado medidas cautelares, que se suspenda el procedimiento mientras no esté aceptada, sobre las que el tribunal aún no se ha pronunciado, aunque sí ha pedido alegaciones a la abogacía del Estado, que representa a la Comisión. Los plazos aún no han expirado.

En cualquier caso, al final, la opa hostil del BBVA sobre el Sabadell llega a la orilla del Gobierno; en primera instancia a la del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aunque el envite definitivo será en el Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez. Mes y medio que darán lugar a toda clase de especulaciones, pronunciamientos y contactos. Sobre todo políticos.

Ni Sánchez ni Cuerpo se han desdicho, hasta el presente, de su rechazo frontal a la operación hostil lanzada sobre el banco catalán. Ahora, ha llegado el momento de comprobar si esa opinión gubernamental se puede traducir en algún tipo de resolución.

¿Es legítima la existencia de esa instancia de decisión gubernamental y política una vez se ha pronunciado favorablemente la Comisión de la competencia (CNMC), un órgano independiente? Una inquietud palpitante en los círculos de negocios, siempre preocupados por tener las manos lo más libres posible para sumergirse en el juego de las lucrativos abordajes corporativas.

La legislación vigente deja espacio para que el ejecutivo pueda imponer condiciones más severas a este tipo de operaciones. Pero no amparándose en consideraciones de competencia, la competente en ese ámbito es la CNMC, que en este caso para eso sí está. Pero si que admite otras ponderaciones de interés general. Más concretamente, un apartado del artículo 10 de la ley de Defensa de la competencia establece que “El Consejo de Ministros podrá valorar las concentraciones económicas atendiendo a criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia”. Es decir, reconoce que en el momento de considerar las bondades o inconvenientes de una fusión o absorción, la competencia no es el único ni determinante criterio.

El mundo económico catalán no ha entendido el voto favorable en la CNMC del vocal de Junts

Y señala como otros posibles, “en particular” –lo que quiere decir que no solo–: la defensa y seguridad nacional; la protección de la seguridad o salud públicas; la libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional; la protección del medio ambiente; la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos; y la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial.

No parece una extralimitación admitir que en determinados procedimientos se amplíe el abanico de criterios a considerar, desde el ámbito político, al social, del empleo o de las afectaciones en un territorio determinado de particular relevancia. Tal vez por eso, el presidente Sánchez ha empleado en varias ocasiones el concepto de la “cohesión territorial” para justificar su posición contraria a la operación. A todo ello apela también, desde la izquierda, Yolanda Díaz, la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y de momento la voz más clara del Gobierno contra la operación.