Se prenden las alertas por los efectos de la reforma laboral en las mipymes: cuáles son

La aprobación definitiva de la reforma laboral por parte del Congreso dejó un sabor amargo en el sector productivo, ya que aunque el Gobierno celebró el resultado como una victoria legislativa, los gremios empresariales, expertos jurídicos y firmas consultoras encendieron las alarmas y pidieron no tomar el tema a la ligera.

Todo esto, especialmente por el efecto que tendrán los nuevos cambios normativos sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que concentran más del 90% del tejido empresarial en el país y serían las más afectadas por los cambios en las reglas del juego que se vienen para el mercado laboral.

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A pocos días de la conciliación entre Cámara y Senado, voces como ACOPI, Fenalco, Godoy Córdoba, BDO, AmCham Colombia y el bufete Orza & Escandón advirtieron que la reforma podría convertirse en un obstáculo para la sostenibilidad de estas unidades productivas y el mensaje que comparten, aunque con matices distintos, apunta a que si no hay ajustes en la conciliación, las mipymes quedarán desprotegidas frente a nuevas cargas económicas, rigideces normativas y la desnaturalización de figuras claves como el contrato de aprendizaje.

Más costos, menos oxígeno

Desde la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, lla evaluación es contundente y advierte que la reforma introduce transformaciones que encarecen sustancialmente la contratación formal sin contemplar criterios de progresividad o gradualidad para las Mipymes. El caso más crítico, según señalaron, es el cambio al contrato de aprendizaje, que ahora se convierte en una relación laboral plena, con afiliación completa al sistema de seguridad social y condiciones similares a un contrato ordinario.

“Ese cambio puede llegar a aumentar en más del 105% el costo que debe asumir un empresario por cada aprendiz”, advirtió el gremio. También alertaron sobre la posibilidad de que esa transformación sea inconstitucional, al romper la naturaleza educativa y no laboral que define este tipo de vínculo.

Muy similar opina Bruce Mac Master, presidente de la Andi, quien sostiene que más allá de los sectores que se puedan mostrar felices con lo aprobado, hay que tener en cuenta que las nuevas normativas se pueden traducir en más informalidad y empleos perdidos, debido a las cargas fiscales que se avecinan.

“Nosotros habíamos diseñado una versión intermedia que permitía no tener los costos relacionados con el desempleo, los costos relacionados eventualmente con la informalidad que era básicamente generar las excepciones alrededor de las pymes y de las compañías pequeñas y medianas. Infortunadamente el día de ayer eso fue votado negativo por parte del Senado de la República. Yo realmente creo que ahí se está cometiendo un error grande”, dijo el vocero gremial.

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Una decisión política

En un tono igual de crítico, Fenalco señaló que el Congreso cedió a las presiones del Ejecutivo, no solo para evitar la convocatoria a la consulta popular anunciada por el presidente Gustavo Petro, sino también para mantener viva una narrativa política que desconoce las realidades operativas de las empresas. Según el gremio del comercio, la reforma, tal como fue aprobada, podría destruir más de 454.000 empleos formales, principalmente en los sectores de comercio, turismo y vigilancia.

El sobrecosto estimado por Fenalco oscila entre un 18% y un 34% para ciertos sectores. Esa carga se deriva del aumento en recargos nocturnos, dominicales y festivos, la obligación de preferir el contrato a término indefinido y la eliminación de figuras que permitían adaptabilidad en los picos operativos de muchas actividades económicas.

“La aprobación no fue producto de un consenso tripartito entre Gobierno, empresarios y trabajadores, como lo exige la OIT. Fue una decisión motivada por la presión política, y eso tiene costos económicos que el país pagará en términos de desempleo”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Desde el análisis jurídico, la firma Orza & Escandón subraya que, aunque la reforma ya fue aprobada, aún queda una disputa abierta en la etapa de conciliación y que “lo que ocurrió en el Congreso fue una forma institucional de resolver una presión extra institucional: la amenaza de una consulta popular por decreto”.

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Para estos abogados, el Ejecutivo utilizó la figura de la participación directa como mecanismo de presión sobre el poder legislativo y concluyeron que “aunque se construyó una narrativa plebiscitaria, lo cierto es que el Gobierno impuso la reforma a voto limpio, sin mayor margen de maniobra para los gremios”.

Lo que se discuta ahora en conciliación, afirman, será clave para definir si el texto final incorpora algunos matices que corrijan excesos y compensen la falta de progresividad que hoy inquieta a las mipymes.

Vigilar el cumplimiento

Desde BDO, el experto laboral Giovanni González advierte que muchas micro y pequeñas empresas ni siquiera están en capacidad de aplicar la nueva normativa, por limitaciones económicas y administrativas; mientras que explican que “no hay ninguna excepción o tratamiento diferenciado. Todas tendrán que responder por recargos, seguridad social y condiciones nuevas sin importar su tamaño”.

A eso se suma el riesgo operativo de que sectores que trabajan por ciclos, como el educativo o el deportivo, no podrán sostener el contrato indefinido como única regla, lo que pone en entredicho su viabilidad. Además, el experto advierte que el Ministerio del Trabajo no tiene capacidad operativa para fiscalizar este nuevo marco en más de un millón de Mipymes, lo que podría dejar la norma en letra muerta o abrir un campo para la informalidad.

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Entre tanto, Santiago Martínez Méndez, abogado laboralista de Godoy Córdoba, también señala que las empresas pequeñas serán las más golpeadas por la rigidez normativa y los sobrecostos, ya que “la gran empresa tiene cómo proyectar, cómo reestructurar su operación y absorber el impacto. La pequeña, no”.

El nuevo contrato de aprendizaje, que antes tenía costos reducidos, ahora representa una carga completa. Y eso, para Martínez, puede llevar a muchas empresas a abandonar esta figura o simplemente a no renovar aprendices, con lo cual, “el efecto neto es menos formación y menos oportunidades laborales para jóvenes en sectores vulnerables”.

Tiempo para corregir

Por último, desde AmCham Colombia, su presidenta María Claudia Lacouture insiste en que si bien la reforma trae avances, el texto aprobado desincentiva el empleo formal, limita la competitividad y no considera la realidad de las nuevas formas de trabajo, ya que “sin gradualidad ni visión sectorial, la reforma puede empujar al cierre a muchas mipymes, en lugar de fortalecerlas”.Lacouture también se suma a la petición de otros gremios para que la conciliación sea un espacio real de corrección y ajuste, no una formalidad legislativa y considera que es posible construir una reforma que proteja los derechos laborales sin poner en jaque a quienes los generan.

Habrá que esperar que sucede antes de que acabe la semana en el proceso de conciliación, que tiene hasta el 20 de junio o de lo contrario se estarían incumpliendo los plazos para que este proyecto se convierta en realidad y no se hunda por falta de trámite.