Antxón niega mordidas, desliga a Cerdán de Servinabar y reconoce pagos a Koldo como comisionista por obra privada

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que, en su declaración como investigado, Alonso -que solo ha contestado a preguntas de su abogado- ha defendido que él siempre ha sido socio único de Servinabar. Así, ha quitado validez al contrato privado de compraventa hallado por la Guardia Civil donde consta que Cerdán adquirió por 6.000 euros 1.350 participaciones (45%) de esa empresa, que se hizo con obras del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros.

Según Alonso, ese contrato fue una suerte de borrador que se elaboró en 2015, cuando Cerdán se planteó dejar la política por los malos resultados cosechados por el PSOE en Navarra. Ambos realizaron ese documento estableciendo las que serían las condiciones, pero ese papel nunca llegó a tener validez porque el socialista decidió continuar en política, ha relatado.

El empresario ha afirmado que no fueron juntos al notario, que Cerdán no le pagó los 6.000 euros para adquirir las participaciones y que el propio exdiputado rompió su copia del contrato. Alonso lo guardó, según ha apuntado, como también almacena otros documentos de más de 20 años de antigüedad.

Su versión viene a respaldar la ofrecida por Cerdán, que ante el TS dijo que conocía ese contrato, al tiempo que descartó que fuera valido porque no se llegó a elevar a escritura pública. "Firmamos", admitió pero "durante el fin de semana", lo habló con su mujer y le dijo que no abandonara la política y que, si lo hacía, regresara a su trabajo como técnico de mantenimiento: "Te vienes aquí al pueblo". Tras ello, ordenó a Antxón que "rompiera el documento".

Su relación, según ha detallado Alonso, también hizo que ambos llegasen a compartir piso en Madrid. El empresario alquiló una vivienda para tratar los numerosos negocios que tenía en la capital, y cuando Cerdán le dijo que iba a desplazarse a Madrid, le ofreció alojarse con él en lo que ha definido como una vivienda modesta.

Servinabar, según habría apuntado Alonso, llegó a optar a 20 adjudicaciones, logrando únicamente cinco contratos, a los que se presentaron junto a Acciona. El empresario ha defendido que decidieron acudir en UTE con la empresa a petición de la misma, y que esa fórmula -la de combinar una compañía grande con una local- es muy utilizada.

Alonso ha defendido la legalidad de esas cinco obras, entre las que se incluían las del Navarra Arena, el Archivo de Navarra o 62 viviendas de protección oficial en un barrio de Pamplona, enfatizando que todas han sido auditadas.

Según las fuentes consultadas, el empresario ha criticado que se sitúe uno de los proyectos realizados por Servinabar como el origen de la presunta trama de mordidas por contratos de obra pública. Y es que, ha aseverado, ninguna de las obras que se realizaron en UTE con Acciona están bajo la lupa de la UCO.

Alonso también habría reconocido que Servinabar realizó una donación a Fiadelso, la fundación vinculada al exministro de Transportes José Luis Ábalos. Sin embargo, ha dejado claro que se realizó por motivos fiscales, para desgravar, como otras donaciones que ha mencionado a equipos de fútbol y rugby y a Save The Children.

Asimismo, se le ha preguntado si realizó pagos a Koldo García, el que fuera asesor ministerial de Ábalos. Alonso ha explicado que Koldo actuó para él como comisionista, trabajando como autónomo y consiguiendo obras privadas entre 2015 y 2016 para Servinabar, una labor por la que percibía una retribución mensual.

Por su parte, el exdirectivo de Acciona Fernando Merino, que también ha declarado este lunes ante el TS como imputado, contestando a su abogado, al fiscal y al juez, también ha negado haber pagado mordidas a cambio de obra pública.

Sobre Antxón, ha declarado que lo conoció en 2014, cuando llegó como delegado de Acciona en Navarra, porque fue a su oficina y se presentó él mismo. Su colaboración venía desde la UTE con Servinabar para la Mina Muga, pero ha precisado que esa colaboración empresarial no la cerró él, sino su superior.

Según las fuentes jurídicas consultadas, si Acciona iba en UTE con Servinabar, una empresa navarra a la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil describe como demasiado pequeña y sin experiencia en el sector de la construcción, era como "condición necesaria" para lograr adjudicaciones.

Merino, que ha negado ser 'El Cordobés' -como aparece reflejado en el informe UCO-, ha indicado que el 'modus operandi' era aliarse con empresas locales porque de otra manera era difícil conseguir obras en País Vasco y Navarra.

Interrogado por sus contactos con Cerdán, ha contado que lo conoció en su primer año como delegado de Acciona en Navarra, en una ronda de presentaciones a los agentes sociales. Al exdirigente socialista lo consideró como tal porque formaba parte de la oposición navarra. Sin embargo, ha sostenido que sus contactos fueron limitados. Tomaron algún pintxo alguna vez pero no cenaron.

Respecto a Koldo, Merino también ha enmarcado su relación en el ámbito navarro situándola temporalmente en el primer proyecto al que habrían ido en UTE con Servinabar, el de la Mina Muga de 2015.

Merino ha rechazado que Acciona tuviera que pagar a Koldo, si bien ha señalado que podría haber recibido algún dinero porque en ese primer proyecto hizo algunas gestiones con los dueños de la parcela, que eran 500 hectáreas, porque llevaba tiempo trabajando para Geoalcali, la minera que promovió este proyecto privado. García, ha justificado, formaría parte de un equipo multidisciplinar.

En ese sentido, ha reconocido que Acciona pagó facturas de Koldo emitidas por el Bar Frankly, algo en lo que la UCO ve un mecanismo de blanqueo de capitales. Merino ha defendido que eran facturas reales por comidas, porque tenía un pequeño reservado donde se hacían reuniones con Geoalcali y otros proveedores. Koldo, ha subrayado, tenía autorización para celebrar allí encuentros por trabajo.

Sobre los nombramientos para Transportes y Medio Ambiente que le remitió Koldo, lo ha achacado a un error, asegurando que no era lo normal porque Acciona tenía otros departamentos para tratar directamente con ministerios.

Al ser preguntado por qué envió a Koldo una imagen con el resultado de las ofertas para una obra del AVE en Extremadura, si era delegado en Navarra, ha contestado que, aunque excedía de sus competencias, se la mandó porque le llegaban todas pero sin intención ninguna.

En cambio, sí ha reconocido que puso en contacto a sus cuñados -Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de OPR- con Koldo para facilitarles el acceso al Ministerio de Transportes. Por la misma razón, ha relatado, preguntó a García por un expediente de una obra adjudicada a OPR que estaba parado.

Tras las declaraciones, se ha celebrado una vistilla para valorar la imposición de medidas cautelares. La Fiscalía Anticorrupción, en una petición a la que se han sumado las acusaciones populares, ha pedido prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial para ambos.