El Gobierno propone que las comunicaciones entre el Gobierno y el fiscal general sean por escrito y publicadas

El Consejo de Ministros tiene previsto presentar hoy el anteproyecto de ley para reformar Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para dotar de más independencia a la Fiscalía, y concretamente al fiscal general del Estado, frente al Gobierno. Entre las medidas que se plantea, está limitar las comunicaciones formales de miembros del Ejecutivo con el fiscal general por escrito y que estas sean publicadas y registradas.

Esta medida sirve, entre otras cosas, para hacer frente a acusaciones como las que sobrevuelan actualmente sobre el fiscal general, Álvaro García Ortiz, investigado por un presunto delito de revelación de secretos por filtrar datos del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. De hecho, el magistrado del Tribunal Supremo que lo investiga, Ángel Hurtado, apuntaba en una de sus resoluciones a la presidencia del Gobierno.

Además, con la reforma se prohibirá expresamente que el Gobierno central o los de las comunidades autónomas soliciten que la Fiscalía promueva cualquier tipo de actuación en procedimientos concretos.

El anteproyecto que se va a presentar especifica que cuando el presidente del Gobierno lo estime necesario podrá dirigirse directamente al fiscal general. No obstante, este último tendrá que dar traslado de dicha comunicación a la junta de fiscales de Sala y, tras oírla, resolverá sobre la viabilidad o procedencia de las actuaciones interesadas y expondrá su resolución al Gobierno de forma razonada.

Esta reforma es un paso previo e indispensable para poder aprobar la nueva ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), en la que se da la instrucción de las causas a la Fiscalía y, por tanto, ésta debe estar estatutariamente más desligada del poder ejecutivo, tal y como exige Europa.

Un mandato de cinco años

El objetivo de esta reforma es dotar al Ministerio Fiscal de independencia respecto al Poder Ejecutivo. Entre las medidas propuestas está que el mandato del fiscal general del Estado ya no coincidirá con el del Gobierno. Su mandato será de 5 años no renovables (salvo en caso de que haya ostentado el cargo durante menos de un año). España cumple así con las recomendaciones de los informes del Greco del Consejo de Europa.

El Gobierno podría cesar al fiscal general por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones pero sólo si tiene el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De cara al nuevo papel de los fiscales como responsables de la instrucción que quedará marcada con la nueva ley de la Lecrim, que se espera que se apruebe después de ésta, la Fiscalía dirigirá la policía judicial en sus funciones de investigación del delito.

De fiscal general a fiscal de Sala

Esta reforma también resuelve lo ocurrido con la anterior fiscal general del Estado y exministra de Justicia, Dolores Delgado, por las trabas que puso el Supremo cuando su sucesor quiso nombrarla fiscal de Sala, es decir la máxima categoría, cuando ella provenía de fiscal de base antes de ser nombrada fiscal general.

Uno de los artículos de la nueva ley recoge que el nombramiento como fiscal general del Estado de un miembro de la carrera fiscal implicará el inmediato ascenso a la primera categoría, si no la ostentara, siempre que al término del mandato se cumplan los requisitos exigidos de antigüedad para ser fiscal de Sala.

Además, quedará regulado el régimen de abstención y recusación de los fiscales, que será el mismo que el de jueces y magistrados regulados en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Además, se regulan las sanciones y los recursos que se pueden imponer en los procedimientos que dirija la Fiscalía.

Por otro lado, con este nuevo Estatuto, el nombramiento, ascenso y sanciones de los principales fiscales queda atribuido al fiscal general y no al Gobierno como hasta ahora. Además, tendrá más peso la Junta de Fiscales para exponer las discrepancias y ésta podrá imponer su criterio sobre el del número uno de la Fiscalía si este resulta apoyado por al menos las tres quintas partes de sus miembros. Actualmente, lo que diga la junta no es vinculante.

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Respecto de las asociaciones de fiscales quedará prohibido que puedan recibir financiación privada y los fiscales que quieran ser preparados de opositores deberá estar inscritos en un registro público y deberán tener la autorización de la Fiscalía General del Estado.

Dentro del intento de dar más peso a la capacidad de la Fiscalía, la idea del Gobierno es que desde el momento que se apruebe este nuevo Estatuto Fiscal , la Fiscalía podrá reclamar cualquier resolución judicial y la información sobre el estado de los procedimientos. Asimismo, podrá pedir información de cómo se han abierto los procedimientos, “de cualquier clase que sea”, cuando existan motivos racionales para estimar que su conocimiento pueda ser competencia de un órgano distinto del que está actuando. “También podrá acceder directamente a la información de los registros oficiales, cuyo acceso no quede restringido a control judicial”, añade el anteproyecto.

Entre los nuevas capacidades que se va a dar a los fiscales, es que puedan exigir a la Fiscalía Europea cualquier resolución en asuntos en que esta haya intervenido, “debiendo colaborar con aquella en las investigaciones que asuma, cuando sea requerido para ello“.

Actualmente, la Fiscalía Europea funciona como un organismo independiente ajeno a la supervisión nacional y sólo con un control de garantías de un juez para adoptar medidas restrictivas de derechos como un registro judicial o intervención de las comunicaciones. Precisamente, la semana pasada se conoció que esta Fiscalía Europea está investigando la licitación del Barcelona Supercomputing Center (BSC) por parte del Ministerio de Transformación Digital.