El Ministerio de la Mujer enfrenta al Congreso y su Código Penal

El Ministerio de la Mujer, una agencia del Estado, entró en contradicción con el Congreso Nacional y se unió a la postura de la familia del presidente Luis Abinader al oponerse a la reforma actual al Código Penal en los artículos que tienen que ver con delitos contra las mujeres.

La titular de esa entidad, Mayra Jiménez, aseguró que el proyecto que se discute en el Congreso, y que tiene posibilidades importantes de aprobarse, representa un retroceso para la protección de los derechos humanos, particularmente de mujeres, niñas y adolescentes.

Esta funcionaria rechazó abiertamente la propuesta de ley que debaten los legisladores, en mayoría hombres, y la vinculó al machismo y la misoginia.

Además de que no incluye excepciones para el aborto, Jiménez cuestiona que no se incluya la tipificación del feminicidio correctamente.

"El enfoque que se le está dando va a dificultar en la práctica, no sólo que se pueda hacer justicia alrededor del mismo, sino que hay de alguna manera una distorsión de este fenómeno", vaticinó.

Argumentó que la eliminación de las circunstancias que permiten distinguir cuándo se trata de un homicidio y cuándo de un feminicidio debilitaría el reconocimiento de la violencia por razones de género, lo cual afectaría la operatividad del tipo penal y una adecuada protección para las víctimas.

También señaló que en la pieza faltan sanciones más drásticas contra el acoso sexual y la tipificación y el reconocimiento del acoso callejero.

"Estamos frente a un profundo desconcierto e indignación producto de una reforma al Código Penal que parece ser regresiva y que es inaceptable... No solo debe ser rechazada por la sociedad, debe ser también una motivación permanente para quienes jamás nos vamos a rendir frente a un machismo que sigue estando arraigado en la sociedad dominicana y que, quiero decir, es misógino", acusó.

El Ministerio de la Mujer emitió un comunicado el lunes pasado (28 de julio) para rechazar de manera oficial el proyecto de ley en cuanto a artículos específicos.

En este texto se cuestionó la forma en que el acoso y el acoso sexual han sido definidos, particularmente por la reducción de las penas, la fragmentación en varios tipos penales y la omisión del acoso callejero y digital como formas reconocidas de violencia basada en género.

Esta infracción se tipifica dentro de la sección de agresiones sexuales, pero el Ministerio afirma que es un tipo penal autónomo que se agrava en su manifestación sexual.

Con relación a las órdenes de protección, el Ministerio de la Mujer considera necesario garantizar que estas órdenes sean aplicables, no solo en casos de violencia intrafamiliar y de género, sino también en otros tipos penales que generen riesgos reales e inminentes para la integridad de las víctimas, como trata de personas, violencia sexual y acoso.

En cuanto a la violencia de género, advirtieron que la tipificación penal que se propone omite una clasificación diferenciada de los tipos de violencia (física, sexual, psicológica, económica, patrimonial, digital o institucional), lo que impediría al sistema de justicia aplicar con eficacia la debida diligencia.

"Esta redacción, al no reflejar con claridad las dimensiones estructurales de este tipo de violencia, se aparta del estándar de protección integral y puede traducirse en impunidad o revictimización", observaron.

Sostienen que el potencial Código contiene penas desproporcionadamente bajas y posee una redacción ambigua, duplicada y fragmentada en cuanto a delitos como la violación sexual y la violencia sexual en el contexto de pareja.

"Tampoco se garantiza un abordaje claro y coherente del consentimiento como elemento fundamental para diferenciar una relación sexual lícita de una agresión, entre otros aspectos", agrega el documento.

La ministra enumeraba los avances legislativos alcanzados en los últimos años contra la trata de personas, algo que consideró alentador frente a la tendencia contraria que se observa en materia penal.

Sobre el mismo tema, el director de Persecución de la Procuraduría General de la República, Wilson Camacho, se mostró más abierto a lograr finalmente la aprobación de la pieza.

"Nosotros esperamos que el Congreso pueda aprobar en esta legislatura el Código Penal, pero que además dote a la República Dominicana de la mejor herramienta jurídica posible. O sea, que tengamos un Código que pueda contener los tipos penales que se presentan hoy por hoy y que desde el Ministerio Público hemos estado enfrentando", acotó.

Ambas personalidades emitieron esas declaraciones en el acto por el Día Mundial contra la Trata de Personas que celebró el Ministerio de Relaciones Exteriores en su sede.

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