Escándalo Judicial: Tumban a 37 por su Promedio, ¿Y el Caso Bátiz?

Una tormenta sacude al Poder Judicial: mientras 37 aspirantes pierden su magistratura por décimas en su calificación, el polémico caso de Bernardo Bátiz, cuya postulación se señala como inconstitucional, pone en duda la equidad y legalidad de todo el proceso.

Una controvertida sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ha puesto en jaque el inicio de la conformación del nuevo Poder Judicial, al declarar inelegibles a 37 personas que habían resultado ganadoras de una magistratura de circuito en los comicios recientes.

La razón: no cumplir con un requisito que ha desatado un intenso debate.

El argumento central del INE es que los aspirantes no acreditaron contar con un promedio mínimo de 8 en la licenciatura, un criterio legal que, pese a haber sido postulados por los Comités de Evaluación, ahora invalida su triunfo. De los afectados, tres no alcanzaron directamente el promedio de 8, mientras que otros 34 no lograron la calificación mínima de 9 en la especialidad por la que contendían.

La decisión no fue unánime y evidenció profundas fracturas dentro del Consejo. La consejera Carla Humphrey exigió no aprobar estas designaciones, mientras que su colega Uuc-kib Espadas lanzó una dura crítica contra quienes intentaron flexibilizar la norma.

«Hubo una enorme soltura para inventar y proponer criterios inexistentes», declaró el consejero Uuc-kib Espadas, refiriéndose a la propuesta de permitir redondeos de calificaciones como pasar de 7.5 a 8, calificándola como una medida sin fundamentos legales.

Por otro lado, la consejera Norma Irene de la Cruz fue la única que respaldó validar a los candidatos que no cumplían el requisito.

La sesión entró en un receso para analizar los perfiles de los segundos lugares que podrían ocupar las vacantes, siempre y cuando ellos sí cumplan con todos los requisitos.

Mientras el INE aplicaba con rigor milimétrico la regla del promedio, una sombra mucho más grande se proyectaba sobre la legitimidad de todo el proceso: la candidatura de Bernardo Bátiz Vázquez.

Diversos análisis y voces críticas señalan que su inclusión en la boleta adolece de una nulidad de origen, violando no una norma secundaria, sino la propia Constitución. El argumento es que Bátiz fue designado por el Senado de la República sin pasar por el filtro de los Comités de Evaluación, un candado establecido en el artículo 96 de la Constitución diseñado específicamente para garantizar la idoneidad técnica de los aspirantes.

Esta acción, según los críticos, no es una simple irregularidad, sino un acto inconstitucional.

La controversia en torno a la candidatura de Bátiz se fundamenta en la presunta violación de tres pilares del Estado de derecho:

* Legalidad y Supremacía Constitucional: Se señala que el Senado ignoró el procedimiento del artículo 96, actuando al margen de la ley fundamental. Un acto inconstitucional, por definición, no puede generar derechos ni validar una candidatura.

* Certeza Jurídica: La intervención discrecional del Senado para favorecer a un ciudadano que no cumplió con las etapas iniciales destruye la previsibilidad del proceso y abre la puerta a la arbitrariedad política.

* Equidad en la Contienda: Al permitir que Bátiz llegara a la boleta por una vía privilegiada, se creó un «piso disparejo», rompiendo con la equidad que debe regir para todos los contendientes.

No puede haber candidatos de primera, que siguen la ruta constitucional, y de segunda, insertados por decisión política.

El Consejo General del INE ha postergado la resolución definitiva sobre este y otros asuntos, como la paridad de género y denuncias por violencia familiar.

Los resultados finales y la entrega de constancias se determinarán la próxima semana, dejando al país en vilo y con una pregunta fundamental en el aire: ¿Se puede ser estricto con las décimas de un promedio y flexible con la Constitución?

La credibilidad del nuevo Poder Judicial depende de la respuesta.

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