Imposible negociar en un terreno embarrado

La ponencia del Tribunal Constitucional que respalda la Ley de Amnistía cuya autoría se atribuye a Inmaculada Montalbán bien pudiera ser obra de Leire Díez.

No deja de ser un corta-pega de todos los argumentos, inconsistentes unos y falsos otros, que han ido modelando en la fontanería de Ferraz desde que Sánchez necesitó el apoyo de los condenados para gobernar.

Más de sesenta juristas de primer nivel han dado todos los argumentos habidos y por haber para rechazar la constitucionalidad de una Ley viciada desde el inicio. Empezando porque nunca estuvo en el espíritu de la Constitución, ni de quienes la hicieron, contemplar una medida de gracia de esta naturaleza, que socava un principio básico como la igualdad de los españoles ante la ley. Para hacer el trabajo que ha presentado Montalbán no se necesitaba ser jurista de reconocido prestigio, bastaba con lucir la bata del subordinado. Para quitarle hierro al asunto dicen que se trata solo de una ponencia que habrá que debatir, como si a estas alturas no supiera todo el mundo que la suerte está echada y que aquí no se debate nada, porque la razón de Estado ha sido sustituida por el interés del jefe.

Pedro Sánchez necesita a los independentistas para mantenerse en el poder, que no gobernar, durante dos años más y no hay nada de qué hablar. Seguirá ahí incluso sin presupuestos, esperando un milagro que le libre del calvario en el que está inmerso no por cloacas ni por bulos sino por méritos propios.

Detrás de la Ley de Amnistía no hay interés general, ni intención de rebajar la tensión política, ni principio de reconciliación, y Sánchez lo tiene tan claro que, en este caso, no ha necesitado convocar una consulta pública, como hizo con la OPA del BBVA sobre Sabadell. Lo único que aquí hay es un precio a pagar y una mayoría de miembros de un órgano, que debiera ser casi sagrado, que no están para proteger la Constitución sino a Sánchez.

Puede parecer terrible pero es lo que hay y es solo un signo del grado de deterioro institucional al que ha llegado la política española, que impide ya que nuestros representantes puedan ocuparse de los problemas inmediatos de la gente. Si el debate sobre la constitucionalidad de la amnistía se hubiera planteado antes de que el líder socialista necesitara los siete votos de Junts, ese mismo órgano, con estos mismos mimbres, hubiera declarado inconstitucional la amnistía por unanimidad. En este contexto una conferencia de presidentes parece más un vicio que una necesidad. Tal vez un señuelo para distraernos de la realidad.

Hay muchas más cosas. Casi al mismo tiempo que aparecía la ponencia sobre la amnistía, se hacían públicos los audios de Leire Díez, la militante del PSOE que conspiraba en las sombras para intentar desacreditar a la policía judicial que investiga al entorno del presidente Sánchez. Leire argumentaba esta semana que no estaba ofreciendo a un imputado los servicios de la Abogacía del Estado o un trato favorable de la Fiscalía a cambio de información comprometida para la UCO en nombre del PSOE, sino en el suyo propio, para un trabajo de investigación del que saldrá un libro.

Más que un libro todos creyeron que en realidad Leire de lo que estaba hablando era de un cuento. Leire Díez jura que no es fontanera, pero cuando tuvo que pasar el control de equipajes en el aeropuerto de Sondika, los vigilantes le hicieron sacar del bolso un pendrive, una llave de grifa y un codo de PVC. Ya es casualidad que entre colaborar con la UCO para intentar resolver todas las dudas que se ciernen sobre la familia del presidente Sánchez, Leire estuviera por la labor de desactivarla y desacreditarla. Ese no puede ser el móvil de una periodista de raza sino de alguien acorralado. Su forma de hacer se parece mucho a la del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que pudiendo haber colaborado con el Supremo entregando su teléfono sin manipularlo y demostrar así que era inocente, prefirió borrar pruebas.

Las actuaciones de Leire y de Álvaro son más propias de delincuentes que de honrados periodistas o fiscales y eso es lo que le repugna a muchos, entre otros a destacados miembros del PSOE como Eduardo Madina o Emiliano García Page, alguno de los cuales ha reclamado ya que Sánchez convoque elecciones para frenar la sangría que está provocando en el partido con esta forma indigna de ejercer el poder. Evidentemente, con esta marejada de fondo, en la que los soportes institucionales que sostienen la convivencia en España empiezan a doblarse, hablar de vivienda, de inmigración o de financiación se antoja imposible.

Todos los que se reunieron ayer en Barcelona, salvo algún incauto, sabían que no hay ya ningún recorrido para el acuerdo ni lo va a haber. Que todos estos temas son urgentes, pero ninguno tan importante como sustituir a ese interlocutor desleal que habla de solidaridad, pero que luego negocia un cupo para unos pocos. El mismo interlocutor que adopta un tono solemne para reclamar los intereses de todos, pero que luego siempre se preocupa solo por los de unos pocos. Los problemas acuciantes que afectan a los españoles nunca volverán a encauzarse mientras el Partido Socialista y el Partido Popular, que todavía hoy representan a la inmensa mayoría social de este país, no se vuelvan a encontrar y recompongan el entramado institucional que hizo posible que España avanzara. Que ambos se pongan a parar esa plaga que se llama populismo. Con el actual presidente eso es imposible porque es el populismo quien le sostiene.

Iñaki Garay. Director adjunto de Expansión