Inquietud empresarial ante la deriva política

La empresa alerta del impacto en la economía por la pérdida de confianza en las instituciones. Sánchez limita al PSOE la asunción de responsabilidades por la investigación a Ábalos y Cerdán.

La crisis generada en el PSOE y en el Gobierno por el informe de la Guardia Civil detallando el presunto cobro de comisiones por parte de los dos últimos secretarios de organización del partido, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, inquieta a los empresarios. Hasta el punto de que las dos principales patronales, CEOE y Cepyme, emitieron ayer un comunicado mostrando su preocupación ante el deterioro institucional, la parálisis legislativa, el descrédito de la política ante los ciudadanos y el daño a la imagen de nuestra economía en el exterior que causan episodios tan graves como los que investiga la Justicia en un caso que atañe a dos personas que han sido estrechos colaboradores del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde que accedió a la secretaria general del PSOE en el año 2014. Los representantes empresariales alertan del impacto que sobre la economía española puede tener la pérdida de confianza de consumidores, inversores y creadores de empleo. La pregunta, por tanto, es qué grado de confianza puede inspirar un Ejecutivo golpeado por las sospechas de corrupción y sometido, más que nunca, a las exigencias de sus aliados parlamentarios para poder seguir en Moncloa. Y si el presidente está en condiciones de garantizar la estabilidad institucional, política y económica que demanda el tejido productivo.

Al respecto, las declaraciones de Sánchez ayer tras la reunión de la Ejecutiva del PSOE frustran las esperanzas en el seno del partido y de la sociedad civil respecto a una mayor asunción de responsabilidades ante lo denunciado por la Guardia Civil. Si el pasado jueves el líder socialista quiso hacer hincapié en el hecho de pedir perdón a la ciudadanía por el comportamiento supuestamente irregular de quien dirigía la organización interna de la formación hasta ese mismo día, su nueva estrategia es atacar a la oposición que le reclama el final de la legislatura por este escándalo, así como retarles a que presenten una moción de censura para derribarle. Lo cual sitúa el quid de la situación en los partidos que le mantienen en el poder. Para amarrar sus apoyos, Sánchez inició con Yolanda Díaz una ronda de contactos a la que, sin embargo, no acudirá ningún representante de Podemos por no verle legitimado para seguir liderando el Ejecutivo. La falta de una mayoría parlamentaria sólida ha marcado el errático devenir del Gobierno durante los dos últimos años, en los que sólo han salido adelante las iniciativas validadas por populistas, nacionalistas y separatistas, con la polémica Ley de Amnistía como el paradigma de hacer descansar la gobernabilidad en estas mismas formaciones. Lo que Sánchez descartó de plano es realizar cambios en la composición del Ejecutivo, así como la posibilidad de someterse a una cuestión de confianza, limitando toda renovación a la cúpula del PSOE, obligada tras la salida del secretario de organización, que se debatirá en un Comité Federal a celebrar el próximo 5 de julio.

Entre los argumentos utilizados por el presidente para justificar el mantenimiento sin cambios del que denominó "el mejor Gobierno que ha tenido España en mucho tiempo" es llamativa su alusión a que una alternancia en el poder de la mano de PP y Vox "pondría en riesgo las pensiones, los salarios, los derechos de las mujeres y los servicios públicos". Un mensaje con ciertas reminiscencias de otras épocas nada ejemplares del PSOE que resulta inquietante. Sánchez dijo que sería irresponsable poner en riesgo todo lo logrado en sus siete años de gobierno por la corrupción "de unos pocos", pero cabe argüir que si algo ha puesto en peligros esos avances sociales que reivindica es la deficiente vigilancia sobre las adjudicaciones de obras públicas y la gestión de su partido. Lleva razón el presidente cuando defiende que serán los tribunales los que diluciden el alcance de los delitos por los que se investiga a los dos secretarios de organización designados por él, pero quien llegó al poder prometiendo regenerar las instituciones y la vida pública en España debería autoimponerse estándares de responsabilidad política más exigentes para restañar la credibilidad perdida.