La primera ponencia del Tribunal Constitucional avala la Ley de Amnistía

La primera ponencia de sentencia del Tribunal Constitucional (TC) avala los aspectos principales de la ley de amnistía, aunque no se pronuncia sobre el delito de malversación que afecta a Carles Puigdemont.

El borrador de la primera sentencia que ha elaborado la vicepresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Inmaculada Montalbán, que da respuesta al recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, respalda la constitucionalidad de gran parte de la ley de amnistía.

La ponencia respalda la constitucionalidad de gran parte de la ley de amnistía, aunque estima parcialmente tres de los motivos de inconstitucionalidad esgrimidos por el PP en su recurso presentado el pasado 9 de septiembre sobre aspectos menores de norma.

Este recurso resolverá únicamente si la norma es o no constitucional pero no entrará en el ámbito de su aplicación, es decir, no abordará los casos concretos el expresident Carles Puigdemont, Junqueras y el resto de líderes independentistas a quienes no se les ha aplicado la amnistía por el delito de malversación.

La ponencia que avala el grueso de la ley de amnistía será estudiada en los próximos días por los diez magistrados del tribunal de garantías constitucionales de cara al pleno del 10 de junio, ya que el día 24 darán comienzo las deliberaciones e intervenciones para cerrar la cuestión, que pueden prolongarse varios días, previsiblemente hasta el 26 de junio.

La ley de amnistía cumple un año con muchos de sus objetivos políticos aún en la casilla de salida, dado que los principales líderes independentistas se han quedado -por el momento- fuera, a la espera de lo que resuelva el Constitucional.

El recurso del PP, denominado "recurso de cabecera" por ser el que plantea más objeciones a la ley, marcará la línea a seguir, pese a que fue posterior a otros, por ejemplo a la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo.

El Supremo entiende que la malversación del 'procés' recae en una de las excepciones que contempla la propia ley de amnistía para no aplicarla: que obtuvieron un beneficio personal. En este sentido, ha incidido auto tras auto en que los líderes independentistas no pagaron de sus bolsillos el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 sino que lo costearon con dinero público persiguiendo un interés partidista.

El alto tribunal también sostiene que el 'procés' encaja en una segunda salvedad incluida en la norma jurídica: la afectación a los intereses financieros y económicos de la UE. Según su razonamiento, el objetivo que perseguían con el 1-O -una Cataluña independiente- habría mermado los ingresos comunitarios.

En el Supremo aguardan con cierta tranquilidad la sentencia del TC porque sus magistrados han hecho depender sus decisiones de la interpretación jurídica de la ley de amnistía -considerando que cabe exceptuar su aplicación a los líderes del 'procés'--, no de su constitucionalidad.

En consecuencia, fuentes jurídicas anticipan que, incluso con una ley declarada constitucional, se mantendrán las órdenes nacionales de detención contra Puigdemont y los ex consejeros catalanes Toni Comín y Lluis Puig, así como las penas de inhabilitación de Junqueras y los demás condenados por el 'procés', que llegan hasta 2031.

En cualquier caso, dado que lo previsible es que los líderes independentistas den la batalla en el TS para hacer valer una eventual sentencia favorable del TC, el Supremo ya dejó la puerta abierta en varias resoluciones a presentar su propia cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) cuando llegara el momento oportuno.

Ese sería el último recurso del TS para defender sus tesis, y seguiría los pasos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ya ha acudido a la corte de Luxemburgo para desoír una sentencia del TC. La Audiencia de Sevilla también sopesa hacerlo con el 'caso ERE'. En su día, el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, cuestionó internamente que los tribunales españoles pudieran actuar de esta manera pero no encontró apoyos suficientes.

Por ahora, el TS solo ha optado por cuestionar la amnistía ante el TC, pero no por ninguno de los casos que afectan directamente a los líderes independentistas, sino por uno de desórdenes públicos. En cambio, la Audiencia Nacional, el TSJ de Cataluña y el Tribunal de Cuentas esperan las respuestas del TJUE.

La ponencia redactada por Montalbán se repartirá hoy entre los magistrados para que puedan estudiarla de cara al Pleno que empezará el 10 de junio y que servirá para que la vicepresidenta del TC la exponga a sus compañeros. Las deliberaciones, sin embargo, no tendrán lugar hasta el siguiente Pleno, el que arrancará el 24 de junio, cuando está previsto el fallo.