La sentencia del TC sobre la amnistía dejará a Puigdemont en un limbo jurídico

Como era de esperar, la ponencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Amnistíaaprobada hace ahora un año la considera compatible con la Constitución Española. Tan solo estima parcialmente el recurso presentado por 270 diputados del PP, por lo que todo parece indicar que el 26 de junio sea aprobada por el pleno, con mayoría de izquierdas. Sin embargo, el texto difundido ayer no hace mención al delito de malversación, que el Tribunal Supremo considera que no debe ser amnistiado. El prófugo Carles Puigdemont y su compañero de ERC, Oriol Junqueras, quedarían así en un limbo jurídico que impediría al primero volver a España como un hombre libre.

Los juristas consultados consideran que el líder independentista tan solo conseguiría una amnistía política, porque el Supremo le podría juzgar por malversación de fondos públicos si decidiera poner un pie en nuestro país. Además, quedan otros 20 recursos por resolver por el tribunal de garantías: 14 de comunidades autónomas (13 gobernadas por el PP, más Castilla-La Mancha, del PSOE), una cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo, cuatro del Tribunal Superior de Cataluña y una de la Audiencia Provincial de Madrid). La rapidez con la que ha actuado Cándido Conde Pumpido no facilitará, por el momento, el cumplimiento de la palabra dada por Pedro Sánchez a cambio de los siete votos que le permitieron ser investido presidente del Gobierno.

Uno de los detalles más llamativos de la ponencia es el referido al precio pagado por Sánchez a los independentistas para lograr sus votos, pese a que el día anterior a las elecciones del 23 de julio de 2023 el líder socialista y varios de sus ministros insistían en la inconstitucionalidad del perdón.

"El concreto objetivo político que con la ley pretenda conseguir el legislador no es cuestión que incumba a este tribunal", dice el borrador. Añade la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, redactora del texto, que "el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente" y que "la amnistía no es capricho, buscar la cohesión social es razonable".

No entra en su objetivo político pero sí lo justifica, llegando a afirmar que es un acto de generosidad del Estado. No hay que olvidar que en el preámbulo de la ley se esbozaban las razones políticas para dar el paso de borrar los delitos cometidos por independentistas. En el texto se recogían, además, todos los planteamientos victimistas del independentismo ante la respuesta del Estado ante los hechos del 1 de octubre de 2017, olvidando que el PSOE apoyó entonces al gobierno del PP en la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Sánchez hizo "de la necesidad virtud" hace un año y Conde Pumpido ha seguido sus indicaciones de forma obediente.

El debate que planteaban los diversos recursos presentados se refiere a que la Carta Magna prohíbe explícitamente los indultos generales y que ello justifica la prohibición de la propia amnistía. Sin embargo, el TC destaca que la Constitución no lo prohíbe expresamente y aunque el indulto y la amnistía puedan tener puntos en común, "el régimen jurídico que las define y sus efectos jurídicos son muy distintos".

La ponencia se empezará a debatir el próximo día 10 de junio en el pleno y probablemente concluya el debate el día 26 en que dictará una sentencia con el voto a favor de los 6 magistrados de la izquierda y en contra de los cuatro de la derecha. Ya anunció su abstención en el debate y posterior votación Juan Carlos Campo, que fuera ministro del Gobierno de coalición entre 2020 y 2021 y que firmó la propuesta de indulto de los independentistas presos, con "una valoración expresa y genérica de la inviabilidad constitucional de una ley de amnistía". Tampoco podrá votar el magistrado conservador José María Macías, recusado por la Fiscalía.

El Gobierno espera la reacción del político independentista huido de España, que lleva meses amenazando a Pedro Sánchez con dejar de apoyarle en el Congreso de los Diputados. De hecho, los siete diputados de Junts han echado para atrás algunas propuestas del PSOE y han imposibilitado que presente el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2025. Por cierto, la Constitución establece que el Ejecutivo está obligado a presentar anualmente el proyecto de cuentas públicas, aunque no sea capaz de conseguir los apoyos necesarios para su aprobación.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, lleva meses atacando sistemáticamente a la Justicia y ayer mismo, antes de que se conociera el borrador de la ponencia del TC, calificó de "golpe de Estado" la actitud de magistrados como Pablo Llarena o Manuel Marchena respecto a la aplicación de la Ley de Amnistía. "Acabaremos ganando, encontraremos la justicia en Europa", añadió; "tardaremos, pero la toga nostra quedará desenmascarada".

Por su parte, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye (con varias condenas a sus espaldas), pronosticó ayer que el expresidente de la Generalitat volverá pronto a Cataluña y que "no está preocupado por entrar en prisión, asume los riesgos". Una nueva fanfarronada, porque nadie espera que el líder de Junts esté dispuesto a entrar en prisión, teniendo en cuenta que el delito de malversación forma parte de las excepciones contenidas en la Ley de Amnistía, a juicio del Tribunal Supremo.

Junts puede ahora emprender diversos caminos. El primero de ellos es denunciar que los socialistas no han cumplido lo pactado y volver a las amenazas de romper el gobierno de coalición. Algo que hasta ahora se ha quedado en meras fanfarronadas, porque saben que pueden sacar más provecho de un gobierno débil dispuesto a ceder a todos sus chantajes, que arriesgarse a unas elecciones anticipadas que entreguen el poder a Alberto Núñez Feijóo.

La segunda opción, y también la más probable, es que continúen con los ataques a la Justicia y que fuercen a Pedro Sánchez a dar un paso en el blanqueamiento de Puigdemont y el resto de los independentistas condenados. Llevan meses persiguiendo una foto de ambos y ese podría ser el objetivo inmediato. El relato sería que el presidente del Gobierno no tiene más remedio que reconocer la injusticia del Supremo y que acude a visitar el prófugo a algún lugar del extranjero para confirmar la amnistía política al procés.

En los últimos meses ya posaron con el líder de Junts la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz y el secretario de organización socialista, Santos Cerdán en varias ocasiones; aunque este último no esté ahora en su mejor momento político.

Lo que sí ha conseguido el Gobierno con la filtración de la ponencia del TC por el propio tribunal, es una tregua en las portadas de los periódicos y en las tertulias de radio y televisión, que llevan semanas publicando y comentando una infinidad de escándalos que afectan a los socialistas. El último, con las grabaciones difundidas en las que la militante socialista y ex alto cargo de varias empresas públicas, Leire Díez, se movilizaba para buscar noticias contra la UCO de la Guardia Civil, que es quien dirige las investigaciones judiciales que afectan a la familia de Pedro Sánchez, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz y al que fuera número dos del partido, José Luis Ábalos.

Por primera vez en los siete años de gobierno de Pedro Sánchez, los altavoces habituales de La Moncloa y Ferraz se habían quedado mudos, como si temieran que un ataque a la presunta "fontanera" de Santos Cerdán, pudiera desencadenar nuevas revelaciones.