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Polémica Judicial en Michoacán: Jueza Libera a «La Güera», Presunta Operadora del CJNG, por Tecnicismo; FGR Anuncia Acciones

Polémica Judicial en Michoacán: Jueza Libera a «La Güera», Presunta Operadora del CJNG, por Tecnicismo; FGR Anuncia Acciones

Una controvertida decisión judicial en Michoacán ha puesto nuevamente en el centro del debate la efectividad del sistema de justicia mexicano frente al crimen organizado. La jueza Elizabeth Galicia ordenó la liberación de Leslie «N», alias «La Güera», señalada como presunta operadora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), argumentando «inconsistencias» en el procedimiento de cateo, lo que ha provocado una enérgica respuesta de la Fiscalía General de la República (FGR).

La justicia mexicana enfrenta un nuevo escrutinio tras la liberación de Leslie «N», conocida como «La Güera», quien fue detenida el pasado 1 de mayo de 2025 en Huandacareo, Michoacán, y es identificada por las autoridades como una supuesta pieza clave en la estructura operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación. La decisión de la jueza Elizabeth Galicia de no vincularla a proceso, argumentando fallas técnicas durante su aprehensión, ha sido calificada por la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, como un «subterfugio» que evade la justicia.

Según los reportes, la jueza Galicia basó su fallo en «inconsistencias sobre cuántas veces se tocó la puerta antes de entrar» durante el cateo al domicilio donde se encontraba «La Güera». Para la FGR, ni las drogas halladas, ni el intento de fuga, ni la orden judicial de cateo fueron suficientes para la juzgadora, quien priorizó un detalle procedimental sobre la contundencia de las acusaciones.

Este episodio ha sido descrito como un claro ejemplo del fenómeno de la «puerta giratoria», donde presuntos delincuentes de alto perfil logran la libertad debido a tecnicismos legales, a pesar de los indicios en su contra.

La situación evidencia una tensión persistente en el sistema judicial mexicano: el delicado equilibrio entre el respeto irrestricto al debido proceso y la necesidad imperante de combatir con eficacia a las poderosas organizaciones criminales. Cuando los tecnicismos procesales se perciben como obstáculos que facilitan la impunidad, se mina la confianza ciudadana en las instituciones y se alimenta la percepción de una justicia selectiva o ineficaz. Este tipo de fallos, lejos de ser aislados, a menudo intensifican el debate público sobre la urgencia de reformas judiciales profundas que fortalezcan tanto las garantías individuales como la capacidad del Estado para sancionar el delito.

La Fiscalía General de la República no ha tardado en reaccionar, anunciando que emprenderá acciones legales contra la jueza Elizabeth Galicia. Si bien esta medida busca sentar un precedente y exigir rendición de cuentas dentro del propio sistema judicial, el «daño», como señalan algunas crónicas, «ya está hecho»: la presunta operadora criminal está libre.

«Para la FGR, a cargo de Alejandro Gertz, esto no es justicia, es un subterfugio. La Fiscalía va contra la jueza, pero el daño ya está hecho, la puerta giratoria volvió a funcionar.»— Frentes Políticos

La decisión de la FGR de proceder contra la jueza podría interpretarse de diversas maneras. Por un lado, como un intento legítimo de asegurar la correcta aplicación de la ley y evitar que fallos cuestionables sienten precedentes negativos. Por otro, podría ser visto en algunos sectores como una forma de presión sobre la independencia del Poder Judicial, especialmente en un contexto donde las relaciones entre la fiscalía y la judicatura han experimentado fricciones en el pasado.

Este enfrentamiento podría tener un efecto inhibidor en otros juzgadores al momento de resolver casos sensibles que involucren al crimen organizado, o bien, podría fomentar un escrutinio más riguroso de las actuaciones ministeriales para evitar errores procesales.

El caso de «La Güera» resalta la complejidad de la impartición de justicia en un país asediado por la violencia criminal. Mientras los cárteles continúan desafiando al Estado, el sistema judicial se ve envuelto en debates sobre la forma y el fondo, donde «lo legal no siempre es lo justo… y lo justo cada vez es más difícil de atrapar».

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