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Sheinbaum pacta bajar la tortilla; ¿alivio o trampa para tu bolsillo?

Sheinbaum pacta bajar la tortilla; ¿alivio o trampa para tu bolsillo?

En una medida de alto impacto para la economía de todas las familias mexicanas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha firmado un acuerdo con la industria para reducir el precio de la tortilla. La meta es una baja de hasta el 10% durante el sexenio.

El alimento más emblemático y fundamental en la mesa de los mexicanos está en el centro de una nueva y audaz política gubernamental. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la firma del Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, un pacto con productores, harineros y tortilleros que busca, en sus palabras, defender la economía popular y frenar el alza en el costo de este producto esencial.

La promesa es ambiciosa: una reducción inicial del 5% en los próximos seis meses y una meta de hasta el 10% al final del sexenio. Sin embargo, la medida ha desatado un intenso debate entre quienes la aplauden como un acto de justicia social y quienes la critican como una intervención riesgosa con posibles consecuencias negativas.

El acuerdo no se trata de un control de precios por decreto, según el gobierno, sino de una estrategia integral. Entre las acciones clave, se contempla la disposición de hasta 500 millones de pesos en financiamiento a través de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) para que las tortillerías puedan modernizar sus equipos y mejorar su eficiencia.

Además, la Secretaría de Economía se ha comprometido a revisar la Norma Oficial Mexicana (PROY-NOM-187) que regula los productos de masa y tortilla, y a trabajar en la eliminación de intermediarios, a quienes se señala como uno de los factores que encarecen el producto final antes de que llegue al consumidor.

No toda la industria ve el acuerdo con malos ojos. Representantes del sector formal han expresado su apoyo, argumentando que la medida podría ayudar a combatir lo que consideran una competencia desleal. Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, ha señalado que los negocios informales son «un cáncer» para el sector.

«Son negocios que no pagan impuestos. No pagan seguridad social y están fuera de norma expendiendo tortillas. Esto afecta a la gente que sí estamos establecidas, que sí pagamos nuestros compromisos con el Estado», sentenció López en declaraciones recogidas por medios.

Desde esta perspectiva, el acuerdo y los financiamientos podrían fortalecer a los negocios establecidos y formalizar un sector clave de la economía.

En el otro extremo, voces críticas dentro del mismo gremio y analistas económicos advierten que la medida es insostenible y podría ser contraproducente. Argumentan que el precio actual de la tortilla, que en algunas regiones alcanza los 30 pesos por kilo, ya está subvaluado si se consideran todos los costos de producción.

«La tortilla actualmente cuesta menos de lo que vale», afirmó un representante de la industria en una entrevista, enlistando los crecientes costos del gas, la electricidad, la gasolina, las rentas, el papel y los salarios como factores que presionan el precio al alza. La crítica central es que el gobierno busca que los productores absorban la reducción sin ofrecer subsidios directos, sino solo créditos.

La controversia ha escalado en redes sociales y foros de opinión, donde los críticos evocan los fantasmas de políticas de control de precios en otros países. Las advertencias son claras: si los productores no pueden cubrir sus costos, podrían enfrentar la quiebra.

Comentarios en plataformas como TikTok y X (antes Twitter) señalan el riesgo de un «efecto rebote»: «Así se empieza, luego viene el desabastecimiento porque el vendedor no puede cubrir el costo de producción […] Y aparece el mercado negro que vende más caro», opinó un usuario.

Otros comparan la medida con estrategias implementadas en Venezuela, advirtiendo sobre un camino de «regulación, y luego expropiación».

La pregunta que queda en el aire es si el acuerdo logrará un alivio real y sostenible para el bolsillo de los mexicanos o si generará distorsiones en el mercado con consecuencias aún más graves a largo plazo.

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La Verdad Yucatán

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