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La nueva ley de migración de España podría bloquear la entrada a miles de estudiantes estadounidenses

La nueva ley de migración de España podría bloquear la entrada a miles de estudiantes estadounidenses

El sector universitario español ha advertido de que los nuevos requisitos incluidos en la reciente Ley de Extranjería podrían suponer que miles de estudiantes universitarios estadounidenses se vean impedidos de estudiar en España.

El proceso de solicitud de estudiantes estadounidenses que quieran estudiar en universidades de España corre el riesgo de sumirse en un “enorme caos” debido a los nuevos requisitos, según las advertencias del sector universitario español.

El sistema de tramitación de visados ​​en los consulados españoles en Estados Unidos se ha complicado como consecuencia de las modificaciones normativas incluidas en la nueva Ley de Extranjería española.

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El cambio de criterios sobre la documentación que deben presentar los estudiantes procedentes de Estados Unidos que quieran venir a España para un año académico o un trimestre de intercambio, así como los plazos para entregar los informes médicos y la documentación del seguro médico, ha provocado ya que decenas de solicitudes se hayan congelado o denegado, según diversas informaciones publicadas en la prensa española.

La Asociación de Programas Universitarios Americanos en España (Apune), en la que participan tanto universidades estadounidenses como medio centenar de universidades públicas y privadas españolas, ha enviado esta semana una carta a los Ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia, Educación e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para solicitar "una moratoria razonable para aplicar los nuevos requisitos" para la obtención del visado de estudiante.

En declaraciones a la agencia de noticias española Efe, la asociación señaló que la nueva normativa “evitaría la exclusión de miles de futuros estudiantes internacionales ya que la situación es crítica” y “podría suponer una caída de entre el 30 y el 50 por ciento en el número de estudiantes estadounidenses el próximo año”.

El último estudio de Apune demuestra que cada año se tramitarán en España más de 20.000 visados ​​para estudiantes universitarios estadounidenses, cuyo impacto económico genera más de 600 millones de euros al año.

La nueva Ley de Extranjería española entró en vigor el 20 de mayo y, entre otras medidas, como la reducción del plazo de estancia para obtener el permiso de residencia y la modificación de los visados ​​de búsqueda de empleo , modificó los plazos para la presentación de informes académicos, seguro médico y comprobante de alojamiento. Según APUNE, los requisitos son ambiguos y, en muchos casos, difíciles de cumplir, ya que se requiere el pago previo de la matrícula, pero muchas universidades españolas no cobran tasas de matrícula hasta septiembre.

El grupo también señala diferentes interpretaciones de las directrices por parte de los distintos consulados, y advierte que la empresa contratada para gestionar el proceso de solicitud de visa añade más confusión a la situación, ya que ya ha rechazado citas confirmadas por falta de documentación.

Sin embargo, un portavoz del Ministerio de Inmigración afirmó que no se han registrado denegaciones de visados ​​en el corto plazo transcurrido desde la entrada en vigor de los nuevos requisitos: «La aplicación de cualquier normativa, y en especial del ámbito de aplicación del Reloex, genera multitud de situaciones en las que entran en juego las normativas de terceros países. Por ello, la Secretaría de Estado de Migración está trabajando en un proyecto de instrucciones para la aplicación uniforme de este tipo de autorización».

Un portavoz explica que en las instrucciones “se establecerá que cuando el plazo de pago y formalización de la matrícula, inscripción o documento equivalente establecido por la institución, centro o entidad no pueda ajustarse a los plazos del procedimiento de solicitud, se podrá aportar documento acreditativo de esta situación y del compromiso de pago de las tasas de matrícula o inscripción”.

Lo anterior sin perjuicio de que el órgano competente verifique posteriormente el cumplimiento del requisito por parte del solicitante mediante el pago y formalización de la inscripción, matriculación o documento equivalente.”

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