La mayoría de los municipios tienen una tarifa social de agua, pero muchos cobran precios elevados

La mayoría de los municipios ya han adoptado la tarifa social para el suministro de agua, saneamiento y residuos urbanos, pero muchos siguen cobrando precios superiores al nivel recomendado, advierte DECO Proteste, que aboga por la atribución automática de las ayudas.

Según el informe difundido este miércoles por DECO Proteste, la mayoría de los municipios ya han adoptado la tarifa social del agua, pero muchos no garantizan la accesibilidad económica de los servicios, especialmente en el suministro de agua.

Entre los 231 municipios que cuentan con una tarifa social para el suministro de agua, 149 cobran precios superiores al 1% de esfuerzo recomendado por la Autoridad Reguladora del Servicio de Agua y Residuos y, por lo tanto, incluso para quienes se benefician de ese apoyo, la accesibilidad económica no está garantizada.

La adhesión a la tarifa social del agua no es obligatoria y, según DECO Proteste, todavía hay 47 colectividades locales que no la practican en su suministro de agua, un incumplimiento que, según la organización, contribuye a la “persistencia de importantes desigualdades”.

Aunque el escenario es más preocupante en el caso del abastecimiento, el problema persiste en relación al saneamiento del agua, con 92 de los 237 municipios adheridos a la tarifa social cobrando precios por encima del nivel recomendado. Por otro lado, en 39 municipios locales este apoyo ni siquiera está disponible.

En el caso de residuos sólidos y urbanos, la mayoría (227) garantizan la accesibilidad económica del servicio, pero hay 19 municipios con tarifa social que no lo hacen y 30 donde no está disponible.

“Superar estos obstáculos es esencial para garantizar que todas las familias elegibles puedan disfrutar de los beneficios de la tarifa social”, destaca DECO Proteste en un comunicado, añadiendo que la falta de información también crea dificultades de acceso.

Por ello, DECO Proteste aboga por la asignación automática de la tarifa social del agua, similar a lo que ocurre en el sector eléctrico.

Por otra parte, aboga por la armonización de los criterios de elegibilidad, que varían entre municipios, y una mayor transparencia en la divulgación de la tarifa.

“Hay muchos ejemplos positivos de cómo la tarifa social puede hacer la diferencia y los municipios, al sumarse y simplificar el acceso a este beneficio, estarán construyendo un futuro más justo e inclusivo para todos”, argumenta la portavoz de DECO Proteste, Mariana Ludovino, citada en un comunicado.