Un país de puertas rotas

El pasado abril, se informó que el número de inmigrantes se había duplicado en tres años, superando los 1,5 millones de personas, lo que representa el 14,5 % de la población. En junio, el subsecretario de Estado para la Inmigración anunció que había notificado a 40 000 inmigrantes ilegales que abandonaran el país, pero que sus salidas eran voluntarias y carecía de recursos para expulsarlos. Hace unos días, 38 inmigrantes ilegales más desembarcaron en una playa de la costa occidental del Algarve. Se dijo que habían llegado en una embarcación de madera procedente de Marruecos, una afirmación muy poco fiable, ya que habría implicado un viaje de 100 km en mar abierto, una hazaña muy difícil en una embarcación de este tipo. Tras comparecer ante el tribunal, se les dio un plazo de 20 días para abandonar el país y fueron recluidos en un centro de detención sin condiciones y bajo la vigilancia de la Guardia Nacional Republicana (GNR).

Toda esta situación es consecuencia de las desastrosas políticas migratorias del gobierno de António Costa, que comenzaron con la manifestación de interés, una auténtica invitación a la inmigración irregular, y culminaron con la abolición del SEF (Servicio Nacional para la Eliminación de la Inmigración Ilegal), que dejó en el limbo el control policial de las fronteras portuguesas. Esta política socialista supuso una ruptura de las puertas de entrada al país, que desde entonces han quedado abiertas de par en par a un flujo masivo y continuo de migrantes.

Dado este drástico aumento de la inmigración, con sus consecuencias extremadamente visibles para la seguridad, la salud y la escasez de vivienda, una modificación de la ley de extranjería que estableciera cierto control sobre la entrada al territorio nacional fue bienvenida. Por lo tanto, el Parlamento aprobó algunos cambios, aunque muy menores, pero al menos no dejaron todo como estaba.

Sin embargo, estos ligeros cambios motivaron una solicitud de control preventivo de constitucionalidad por parte del Presidente de la República, quien remitió el decreto del Parlamento al Tribunal Constitucional. Esta iniciativa resulta sorprendente, dado que el Presidente no solicitó ninguna revisión de las numerosas medidas inconstitucionales aprobadas por el gobierno de António Costa durante la pandemia. De hecho, el Presidente no objetó cuando, tras levantar el estado de emergencia, el Primer Ministro António Costa declaró que el confinamiento "se mantendrá independientemente de la Constitución". Ni siquiera planteó ningún control de constitucionalidad cuando dicho gobierno decretó el asedio al área metropolitana de Lisboa, aislando a 2,5 millones de ciudadanos del resto del país, en flagrante violación de la Constitución. Pero los tiempos cambian, las voluntades (y las mayorías parlamentarias) cambian, y ahora el control de constitucionalidad se ha convertido en una prioridad para el Presidente, incluso ante cambios legislativos muy leves.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional hizo lo que el Presidente de la República deseaba y declaró las enmiendas inconstitucionales, lo que le permitió vetar la legislación minutos después de anunciarse el fallo. La decisión es difícil de sustentar legalmente, como lo demostraron claramente los votos en contra, señalando que el Vicepresidente consideró que el fallo no cumplía con la exigente carga de razonamiento necesaria para que una sentencia constitucional basada en valores tan abstractos y flexibles constituya un ejemplo de razón jurídica, y no una elección ideológica.

Pero si el Tribunal Constitucional decide basándose en decisiones ideológicas, es hora de que su composición refleje la actual mayoría parlamentaria de derecha. Por lo tanto, el acuerdo del Bloque Central en el que se basó su selección debe abandonarse definitivamente en las próximas elecciones de jueces del Tribunal Constitucional. El país no puede seguir con las puertas cerradas a la inmigración sin que el Parlamento tenga al menos el derecho a ponerle un simple candado.