El arma de fuego

Vuelven los grandes incendios rurales y, con ellos, las interminables diatribas del Gobierno, de la oposición, de las autoridades locales, de los generalistas, de los expertos y de los columnistas, de los que creen que saben y también de los que no, pero no tienen otra cosa que hacer.

Sin respetar cronologías ni pretender ser exhaustivo, recuerdo a Eduardo Cabrita acusando a Maria Lúcia Amaral de no entender la importancia de los aviones, a António Nunes enfatizando que los bomberos deben liderar las operaciones, a Mariana Leitão criticando la desorganización de los recursos de extinción de incendios, a Tiago Oliveira recomendando un comportamiento responsable de la población, a André Ventura despotricando contra los pirómanos, a José Miguel Cardoso Pereira analizando los avances de los últimos años en la lucha contra los incendios, a António José Seguro pidiendo un pacto generacional, a Luís Montenegro recordando la finitud de los recursos de extinción de incendios, a Henrique Pereira dos Santos apuntando a la falta de gestión forestal, a José Luís Carneiro felicitándose por el gobierno siguiendo las recomendaciones de su partido, a los listos de Marinhais anticipando el espectáculo de fuegos artificiales para burlar la alerta que estaba a punto de entrar en vigor, y a Ricardo Trigo explicando las condiciones climáticas extremas que vienen afectando al país.

La diversidad de opiniones y la multiplicidad de temas debatidos exigen la adopción de una justificación, es decir, un marco que guíe el razonamiento. Propongo una metodología sencilla en la que se compara un gran incendio rural con los efectos de un disparo, un "arma de fuego", por así decirlo. Ahora bien, para que se produzca un disparo, debe haber un gatillo apretado, pólvora de buena calidad, una bala capaz de causar daños y, por último, pero no menos importante, un arma apropiada.

En el marco conceptual propuesto, toda discusión sobre la jerarquía, competencia y organización de las fuerzas de combate, así como la estrategia implementada y la suficiencia y adecuación de los recursos, se centra únicamente en la mitigación de los efectos de la descarga de un arma de fuego, no en la descarga en sí. Estos son, por supuesto, aspectos muy importantes que no pueden ignorarse cuando se produce una descarga, pero que ocurren posteriormente. Creer que los problemas derivados de la descarga de un arma de fuego pueden resolverse aumentando el número y la capacidad operativa de los recursos de intervención (después de la descarga) es un error evidente que, lamentablemente, muchos aún cometen.

A su vez, dado que apretar el gatillo es la causa inmediata del disparo, cobra importancia comprender si el arma de fuego se disparó por una causa natural, como la caída de un rayo durante una tormenta seca; un accidente atribuible a la actividad humana, como una chispa causada por el contacto de un cable eléctrico con las copas de los árboles; o un efecto derivado de la acción humana directa, ya sea negligente, como un incendio, el uso de maquinaria o el lanzamiento de fuegos artificiales en fiestas; o delictiva. En este contexto, los llamados a la población para que adopte medidas preventivas contra incendios, aumente la vigilancia diurna y nocturna y la declaración de alerta en todo el territorio son, sin duda, medidas adecuadas, pero no abordan la cuestión fundamental de prevenir las consecuencias desastrosas de un disparo, en caso de que ocurra.

Luego viene el aspecto de la calidad de la pólvora, que, en el caso de las armas de fuego, está directamente relacionada con las condiciones atmosféricas, a saber, altas temperaturas, baja humedad y fuertes vientos, especialmente si se combinan con un largo período sin precipitaciones. Si bien la meteorología no se puede controlar, los modelos de pronóstico permiten comprender, con mayor precisión, la evolución del clima y, por lo tanto, anticipar la calidad de la pólvora. Cabe destacar que la pólvora seca también se puede disparar, es decir, sin balas en la recámara. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en el desierto del Sahara, donde, a pesar de las excelentes condiciones pirometeorológicas para garantizar una pólvora de alta calidad, no hay nada que quemar.

De hecho, el poder destructivo de un disparo depende en gran medida de las características específicas de la bala, que, en el caso del arma de fuego, están determinadas por características del paisaje como la topografía, la disposición del mosaico vegetal, el tipo de vegetación y su estado de estrés, y, sobre todo, la calidad de la gestión. Las quemas prescritas, el desmonte, la construcción de cortafuegos, la introducción de cabras y ovejas, y las campañas de concienciación son algunas de las numerosas acciones que se llevan a cabo para reducir el poder destructivo de las balas.

Sin embargo, el aspecto verdaderamente crucial es la existencia misma del arma; de hecho, sin un arma, no tiene sentido hablar de perdigones, pólvora ni balas, y por lo tanto, un control efectivo que limite la proliferación de armas es la única manera verdaderamente eficaz de reducir los problemas derivados de los tiroteos. En el caso de las armas de fuego, este control se logra mediante la planificación territorial. Sin embargo, se trata de una medida muy costosa que se extiende durante un largo período de tiempo y cuyos resultados no son inmediatamente perceptibles, características que dificultan su aceptación para la sociedad actual, egocéntrica e inmediatista. En este sentido, una forma potencialmente eficaz de movilizar a la ciudadanía sería convencerla de que el territorio es una parte común del país y que, como en un condominio, existen obligaciones hacia las partes comunes (ya sean los cimientos o la azotea), incluso si no nos beneficiamos directamente de ellas, ya que son esenciales para el mantenimiento del conjunto estructural.

Es evidente que una propuesta de esta naturaleza plantea la cuestión de la existencia actual de conocimientos que permitan una gestión eficiente de las "áreas comunes" del territorio. Dichos conocimientos sí existen, y cualquiera de nosotros puede obtener una copia del Plan Nacional de Gestión Integral de Incendios Rurales 20-30, basado en la Resolución del Consejo de Ministros n.º 45-A/2020 del 16 de junio. El problema, por lo tanto, es únicamente de implementación y, por ello, es eminentemente político. Como bien dijo alguien hace unos días: "Ha habido avances en la lucha contra los incendios, pero nos falta formación porque tenemos demasiada información". Estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. En gran parte, porque fui yo quien la formuló.