AGU solicita investigación sobre presunta especulación con dólares tras el arancel de Trump

La Procuraduría General de la República (PGR) solicitará una investigación para determinar posibles transacciones financieras irregulares en Brasil que involucren uso de información privilegiada, relacionadas con el anuncio de un impuesto del 50% a las importaciones brasileñas hecho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La solicitud fue anunciada este sábado (19) por el ministro jefe de la AGU, Jorge Messias, a través de la red social X. Según él, las acciones de los inversores en el mercado cambiario brasileño antes y después del anuncio del gobierno estadounidense necesitan ser investigadas por las autoridades competentes.

La iniciativa de la AGU surge después de que un reportaje del Jornal Nacional de TV Globo, emitido el viernes (18), revelara que se produjeron compras masivas de dólares en Brasil pocas horas antes del anuncio oficial de la nueva tarifa. Poco después del anuncio, se vendió un gran volumen de dólares, lo que generó sospechas de que los inversores podrían haberse beneficiado de la información anticipada para obtener ganancias en el mercado.

Estos movimientos indican un posible caso de tráfico de información privilegiada , una práctica considerada delictiva porque permite obtener ventajas injustas basándose en datos no públicos.

Spencer Hakimian, fundador de Tolou Capital Management , fue uno de los primeros en identificar y exponer la evidencia en redes sociales. Afirma que hubo una compra "ENORME" de dólares y una venta corta de reales alrededor de la 1:32 p. m. (hora de Nueva York), unas tres horas antes del anuncio oficial del arancel. Según él, la operación se cerró inmediatamente después del anuncio, con una ganancia estimada de entre el 25 % y el 50 %.

"La noticia sobre el arancel se difundió antes en Brasil", escribió Hakimian. "Claramente, alguien se adelantó al mercado con información privilegiada".

Ahora, el caso podrá ser investigado por órganos como la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), el Banco Central y el Ministerio Público Federal, si se comprueba el uso indebido de información sensible.