El Gobierno quiere una justicia más rápida y digitalizada

Son 13 páginas del Programa de Gobierno con cerca de 60 medidas para ámbitos tan distintos como la “transparencia y lucha contra la corrupción”, la “agilidad procesal” en la jurisdicción penal y contencioso-administrativa, la “transformación digital de la Justicia” o la “organización judicial”.

De estas 60 medidas, las más destacables son las que el Gobierno quiere presentar a la Asamblea de la República para alcanzar objetivos como la “reducción sustancial de la duración efectiva de los procesos judiciales”, la apuesta por una mayor especialización de los jueces en la lucha contra la delincuencia económico-financiera y la violencia doméstica, la reforma de la jurisdicción administrativa-fiscal para que el país cuente con “una justicia económica ágil y amigable con la competitividad y el desarrollo” y la regulación del lobbying (registro de intereses legítimos).

El Observador resume las principales medidas para cada ámbito.

Penal. Plazos para el Ministerio Público, mayor poder para los jueces, replanteamiento de la investigación y cambios en el sistema de apelaciones.

La reforma penal, que ya formaba parte del programa del gobierno anterior, es una de las mayores expectativas para este Ejecutivo de Montenegro 2.0. El Gobierno de AD quiere centrarse en aumentar la eficiencia del proceso penal, reforzar las facultades de gestión procesal del juez, modificar el sistema de apelaciones y replantear la fase procesal de la investigación penal.

El uso del verbo «reequar» en el texto del programa de Gobierno plantea una cuestión esencial: ¿pretende el Ejecutivo cerrar la fase de instrucción (que requeriría un control de constitucionalidad) o restringir esta fase procesal a una mera fase de valoración jurídica (con la práctica de pruebas como excepción)? Hasta ahora, esta última hipótesis era la que se manejaba.

En la fase de investigación, el Programa de Gobierno todavía se refiere a medidas abstractas, sin mencionar propuestas concretas:

• “Garantizar una mayor filtración de las denuncias”
• “Mayor especialización de los tribunales” y de los magistrados
• “Creación de medios para mitigar los megaprocesos”
• “Expansión de la aplicación de mecanismos de ‘recompensa’
• “Revisar los plazos procesales, a fin de asegurar su efectiva aplicación y suficiencia y contribuir a mayor celeridad en los procesos”.

Esta última medida (combinada con medidas para mitigar los megajuicios) podría implicar la aplicación de plazos vinculantes para el Ministerio Público —una medida apoyada por el Partido Socialista— y la ampliación de la aplicación de los mecanismos de recompensa podría dar lugar a propuestas concretas de negociación de sentencias (en la fase de investigación) y justicia negociada (en la fase de juicio). La Estrategia Nacional Contra la Corrupción del Gobierno de António Costa contenía medidas similares que finalmente no prosperaron en el Parlamento.

Las mayores dudas se refieren a las medidas para permitir una mayor filtración de las denuncias y una mayor especialización de los tribunales. Las medidas para estos dos puntos no están claras.

También se esperan medidas concretas para acelerar los procesos por “delitos violentos o especialmente graves, en particular en caso de detención en flagrante delito”.

Lo que es seguro es que se formará un grupo de trabajo, integrado por expertos representantes de la academia, el poder judicial y la profesión jurídica, para estudiar las mejores soluciones.

Combatir la corrupción. Implementar el decomiso general de activos y regular el cabildeo.

El texto del Programa del XXV Gobierno Constitucional recuerda que “más de la mitad” de las 32 medidas de la Agenda Anticorrupción que se aprobaron en junio de 2024 ya “han sido implementadas o están en proceso de implementación”.

Entre las medidas implementadas, destaca el registro de intereses legítimos (lobby), que ya se ha debatido en varias ocasiones en la Asamblea de la República, pero aún no ha concluido el proceso legislativo. Lo mismo puede decirse de la huella legislativa del Gobierno, que consiste en el registro de las interacciones con entidades externas y las consultas realizadas a lo largo del proceso legislativo, así como la accesibilidad de esta información.

Además de querer implementar este proceso, el nuevo gobierno de Luís Montenegro pretende implementar la llamada ley de confiscación ampliada de bienes. Como informó Observador en abril, cuando ya había comenzado la campaña preelectoral, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley y se abrió un proceso de consulta pública (que ya debe concluir). El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros establece que los bienes podrán ser confiscados incluso en caso de fallecimiento, enfermedad e incluso si el proceso penal ha prescrito.

Corrupción. El Estado comenzará a confiscar bienes incluso en caso de fallecimiento, enfermedad o incluso de prescripción de los procesos penales.

Al mismo tiempo, la ministra Rita Alarcão Júdice quiere revisar las normas que rigen el sistema nacional de recuperación de activos y crear una "Plataforma de Recuperación y Gestión de Activos de la Justicia". El Observador sabe que el Gobierno quiere implementar un cambio profundo en el funcionamiento actual de la Oficina de Recuperación de Activos (bajo la supervisión de la Policía Judicial) y la Oficina de Administración de Activos (bajo la supervisión del Instituto de Infraestructura y Gestión Financiera de la Justicia).

Simplificar y agilizar la justicia administrativo-fiscal para que sea más “amigable con la economía”

La reforma del sistema de justicia administrativo-fiscal —la jurisdicción que compara peor los tiempos medios de resolución con los del resto de países de la Unión Europea— es un objetivo claro del primer ministro Luís Montenegro.

Todo para promover una “justicia económica rápida y amiga de la competitividad y el desarrollo”, un objetivo ambicioso para la jurisdicción que se ocupa de los conflictos jurídicos entre las familias y las empresas y la Administración y la Hacienda Pública.

Así, el Gobierno pretende “implementar, con carácter prioritario, medidas específicas para dar respuesta a la actual congestión de la segunda instancia en la jurisdicción administrativa y tributaria” y quiere preparar “cambios legislativos encaminados a simplificar y agilizar la tramitación procesal en primera instancia”.

Se espera que la ministra Rita Alarcão Júdice nombre un grupo de trabajo para afinar una propuesta concreta de reforma de la jurisdicción administrativa-fiscal.

Digitalizar todos los juzgados y eliminar el papel en las oficinas de registro

La “transformación digital de la Justicia” incluida en el programa del Gobierno es ambiciosa y pretende continuar con la tramitación electrónica de los procedimientos penales, ampliada a la fase de instrucción por el anterior Ejecutivo . Es cierto que no está exenta de obstáculos debido a los diferentes sistemas informáticos utilizados por los cuerpos de policía judicial, el Ministerio Fiscal y los tribunales, lo que a menudo imposibilita la comunicación entre los distintos sistemas.

Por ello, el Gobierno quiere empezar por desarrollar una “Estrategia Digital para la Justicia, dotándola de un nuevo modelo de gobernanza de las tecnologías de la información y la comunicación que fomente la interoperabilidad y la seguridad de los sistemas, y que permita una mejor respuesta a los retos tecnológicos de la Justicia”.

El objetivo es claro: profundizar en la digitalización de todos los procesos en todos los tribunales, incluido el Tribunal Constitucional, y seguir mejorando las plataformas de presentación y gestión de procesos. Todo ello para promover la agilización procesal y el ahorro de recursos.

En materia de Documentos, el Ejecutivo quiere precisamente “impulsar la eliminación del papel y de los archivos en papel”.

Finalmente, se destaca un último cambio legislativo en materia de organización judicial: la “eliminación del actual mecanismo presencial de seguimiento de operativos”, medida exigida por magistrados judiciales y el Ministerio Público.

Esta es una medida controvertida aprobada durante el gobierno de António Costa para responder a la corrupción en el sorteo de jueces descubierta en el Tribunal de Apelaciones de Lisboa. En aquel momento, el PS de António Costa y el PSD de Rui Rio acordaron en el Parlamento la creación de un sorteo electrónico diario que debía ser presenciado por un juez, un fiscal y los abogados interesados. El hecho de que una tarea tan burocrática requiriera la presencia de magistrados creó obstáculos en la gestión del tiempo de trabajo que han sido duramente criticados por ambos magistrados.

El Gobierno quiere profundizar en la “automatización y aleatoriedad” del sorteo electrónico (pero sin la presencia obligatoria de magistrados) y recuperar la “figura del juez de guardia” para supervisar las operaciones necesarias para garantizar el respeto al juez natural del proceso.