El Parlamento debate hoy la eliminación del concepto de violencia obstétrica

El debate surgió a raíz de la presentación en junio de un proyecto de ley por parte del CDS-PP (Partido Socialdemócrata) que proponía derogar la ley aprobada en marzo con base en las propuestas del Bloque de Izquierda y el PAN (Partido Nacionalista). Además del proyecto de ley del CDS, hoy también se debatirán y votarán proyectos de ley del PSD (Partido Socialdemócrata), el PAN (Partido Nacionalista) y el Partido Libre relacionados con este tema.

El artículo segundo de la ley considera violencia obstétrica los actos físicos y verbales realizados por profesionales de la salud que se basan en conductas deshumanizantes, abuso de medicalización o “patologización de procesos naturales, desconociendo el régimen de protección”, desde la preconcepción hasta el nacimiento.

Esta ley también permitió crear un marco legal para la episiotomía [una incisión en el perineo para agrandar el canal del parto], promoviendo su erradicación como práctica rutinaria, tal como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud.

Ahora, el CDS-PP propone la derogación de la ley, eliminando el concepto de violencia obstétrica, por considerar que no se ajusta a los estándares de otros países de la Unión Europea. El PSD afirmó en su proyecto de ley que el concepto actual es excesivamente amplio e indeseablemente vago.

Por otra parte, Livre pretende ampliar la definición legal de violencia obstétrica para que el concepto incluya "todas las formas de abuso físico, verbal, psicológico y emocional, así como las prácticas institucionales".

PAN va más allá y sugiere que el concepto de violencia obstétrica debería incluir también -además de lo sugerido por Livre- cualquier condicionamiento de las decisiones de las mujeres, la administración de medicamentos sin consentimiento informado y la pérdida de movilidad y autonomía.

Durante la semana, más de 20 asociaciones criticaron las propuestas del CDS-PP y del PSD, considerando que la derogación de la ley sería un "acto de violencia institucional" y "protegería prácticas inhumanas".

La Asociación Portuguesa de Mujeres Juristas (APMJ) también consideró que la derogación de la ley sobre los derechos de la mujer durante el embarazo y el parto representaría "un grave retroceso", pero defendió que se debería mejorar su redacción.

En abril, tras la aprobación de esta ley, la Orden de Médicos pidió su derogación, alegando que estaba mal redactada y que no se consultó a los profesionales sanitarios durante su elaboración.

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