El PSD acuerda posponer la votación final sobre la revisión de la ley de nacionalidad hasta septiembre

El PSD acordó hoy abrir un período de audiencias, que se prolongará hasta finales de la tercera semana de septiembre, antes de votar los detalles y el texto final del diploma del Gobierno que modifica la ley de nacionalidad.

Esta posición fue transmitida por el diputado socialdemócrata António Rodrigues en una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Sin embargo, el líder de la bancada socialdemócrata también advirtió que no aceptará que este período de audiencias se prolongue excesivamente, provocando que la votación global final sobre el diploma ejecutivo finalmente se traslade a un período posterior a la conclusión del proceso legislativo respecto al Presupuesto del Estado para 2026, es decir, diciembre.

El viernes pasado, el proyecto de ley del Gobierno para modificar el diploma de nacionalidad fue enviado a la fase de especialistas sin ser votado en términos generales, al igual que un proyecto de ley de Chega sobre el mismo tema.

La propuesta de ley del Gobierno para modificar el diploma de nacionalidad pretende aumentar el período de estancia en Portugal necesario para obtener la ciudadanía (de cinco a siete o diez años, dependiendo de si el ciudadano es de habla portuguesa o no).

El Gobierno también prevé la posibilidad de perder la nacionalidad para quienes hayan sido naturalizados hace menos de 10 años y sean condenados a una pena de prisión de 5 años o más por la comisión de delitos graves. En cuanto a la concesión de la nacionalidad de origen a los descendientes de extranjeros residentes en Portugal, se exige ahora la residencia legal durante un periodo de tres años.

La propuesta del Gobierno de revisar la ley de nacionalidad ha suscitado dudas sobre su constitucionalidad, sobre todo entre los partidos de izquierda parlamentaria, especialmente en cuestiones como la posibilidad de perder la nacionalidad cuando se obtiene por naturalización y por decisión judicial, en caso de condena por delitos.

El viernes, durante el debate sobre la propuesta del Gobierno de revisar la ley de nacionalidad, en términos generales, la intervención más contundente vino del líder de la bancada socialista, Pedro Delgado Alves.

La pérdida de nacionalidad propuesta por el Gobierno es desproporcionada. Crea dos categorías de ciudadanos: unos en período de prueba y otros con todos los derechos.

Según el 'vice' del Grupo Parlamentario del PS, el diploma del Gobierno vulnera la Constitución en lo referente a la “retroactividad”, ya que “las personas que ya cumplen los requisitos para solicitar la nacionalidad hoy ya no podrían hacerlo, lo que vulnera el principio de protección de la confianza”.

Un proyecto de Chega, también para cambiar la ley de nacionalidad, tuvo incluso un dictamen de los servicios de la Asamblea de la República de que era inconstitucional.

Pese a aceptar estas dudas, el presidente de la Asamblea de la República, José Pedro Aguiar-Branco, lo admitió a discusión, esperando que eventuales discrepancias con la Ley Fundamental puedan ser corregidas a lo largo del proceso legislativo.

El martes, en Gaia, el Presidente de la Asamblea de la República extendió sus advertencias al diploma del ejecutivo. Manifestó su esperanza de que se reflexione detalladamente sobre los posibles riesgos constitucionales de la modificación de la ley de nacionalidad propuesta por el Gobierno, como su efecto retroactivo, durante la fase de debate.