Airbnb retira 65.000 anuncios mientras España detecta 55.000 más

El Ministerio de Consumo español anunció esta semana que la plataforma de alquiler turístico Airbnb ha retirado 65.000 anuncios en el centro de una disputa con el gobierno por los nuevos requisitos.

El departamento que dirige el ministro Pablo Bustinduy incluso había abierto un proceso disciplinario contra la empresa, que aún sigue vigente y para el cual el Gobierno ha recibido respaldo legal de la justicia.

Esto viene después de que la plataforma de alquileres vacacionales cumpliera su palabra y llegara a un acuerdo la semana pasada con el Ministerio de Vivienda de España para cumplir con la nueva normativa, que ahora exige que los alojamientos turísticos o alquileres temporales tengan un número de registro para poder anunciarse.

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La medida forma parte de una iniciativa más amplia del gobierno español para acabar con el alojamiento turístico ilegal y compensar el impacto de Airbnb y otras plataformas en los costes de alquiler, que se han disparado en España en los últimos años.

A partir del 1 de julio de 2025, todos los arrendadores que quieran alquilar sus viviendas como alquiler turístico o de temporada en España deberán haberse inscrito en el Registro Único de Arrendamientos o en su defecto eliminar sus anuncios de plataformas como Airbnb, Idealista o Booking.com.

Sin embargo, el sistema ha estado plagado de problemas técnicos. El último día que los propietarios tuvieron que registrar sus propiedades en la nueva plataforma, se recibieron 215.438 solicitudes de un total de 368.295 viviendas que el Instituto Nacional de Estadística (INE) identifica como alquileres temporales.

En particular, muchos propietarios extranjeros tuvieron dificultades para completar la documentación correcta a tiempo para la fecha límite.

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Sin embargo, aunque la eliminación representa claramente un progreso y una concesión por parte de Airbnb, la Unidad de Análisis del Consumidor del gobierno ha detectado otros 54.728 anuncios de Airbnb que aún siguen en línea sin el número de registro obligatorio después de la fecha límite del 1 de julio.

"El Ministerio remitirá la información recabada de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, para que los anuncios puedan ser retirados o corregidos de la plataforma", indicó la dependencia en un comunicado.

La Unidad de Análisis del Consumidor seguirá trabajando para identificar y denunciar posibles anuncios ilegales en las distintas plataformas digitales especializadas en alquiler de alojamientos turísticos.

La ofensiva, según fuentes del Ministerio, pretende "garantizar el derecho constitucional a la vivienda por encima de los beneficios de las grandes multinacionales".

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El Ministerio de Consumo también está llevando a cabo otra investigación a grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas fraudulentas como hacerse pasar por particulares, falsear reseñas u ofrecer derechos otorgados por la ley como servicios extras o incluidos en el precio.

Además, también investiga a varias inmobiliarias por cobrar comisiones ilegales y ha abierto expediente sancionador a la empresa Alquiler Seguro.

La campaña del Gobierno contra los alquileres turísticos de corta estancia como Airbnb ya cuenta con el respaldo de los tribunales españoles.

Tras solicitar legalmente la eliminación de 65.000 anuncios, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había dictaminado previamente en dos ocasiones que Airbnb debía retirar de forma inmediata otros 5.800 anuncios por infringir las normas.

A partir de agosto de 2025, Airbnb se ha comprometido a enviar mensualmente la información requerida por el Departamento de Vivienda, incluidos los números de registro regional correspondientes.

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