Gobierno dice que apelará orden que otorga debido proceso a deportados de El Salvador

Un juez dictaminó la semana pasada que los no ciudadanos pueden impugnar sus detenciones.

La administración Trump dice que apelará una orden judicial que le exige permitir que cientos de no ciudadanos que fueron deportados en marzo a El Salvador impugnen sus detenciones.

El juez de distrito estadounidense James Boasberg ordenó la semana pasada a la administración Trump que dé a los cientos de hombres deportados a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros el derecho a impugnar sus detenciones por considerarlas ilegales.

Los abogados del Departamento de Justicia presentaron el martes un aviso de apelación, señalando planes para impugnar la decisión de un tribunal inferior en el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito de DC.

La administración Trump desencadenó una batalla legal en marzo cuando invocó la Ley de Enemigos Extranjeros (una autoridad del siglo XVIII utilizada en tiempos de guerra para expulsar a no ciudadanos con poco o ningún debido proceso) para deportar dos aviones llenos de presuntos miembros de pandillas migrantes a El Salvador, argumentando que la pandilla venezolana Tren de Aragua es un "estado criminal híbrido" que está invadiendo Estados Unidos.

Un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos reconoció que "muchos" de los hombres deportados el 15 de marzo carecen de antecedentes penales en Estados Unidos, pero dijo que "la falta de información específica sobre cada individuo realmente resalta el riesgo que representan" y "demuestra que son terroristas respecto de los cuales carecemos de un perfil completo".

La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Abigail Jackson, criticó la decisión de Boasberg la semana pasada y dijo en una declaración que Boasberg carece de autoridad para intervenir en las deportaciones.

"El juez Boasberg no tiene autoridad para intervenir en materia de inmigración ni de seguridad nacional; autoridad que recae plenamente en el presidente Trump y el Poder Ejecutivo. Sus intentos actuales y anteriores de impedir que el presidente Trump deporte a inmigrantes ilegales delincuentes representan una amenaza directa a la seguridad del pueblo estadounidense", declaró Jackson, refiriéndose a otros fallos recientes del juez.

"Afortunadamente para el pueblo estadounidense, el juez Boasberg no tiene la última palabra", dijo Jackson.

Boasberg, en el fallo de la semana pasada, dijo que los detenidos, independientemente de su presunto estatus criminal, merecen el derecho a impugnar las acusaciones del gobierno contra ellos.