Vox pide deportaciones masivas y auditoría de la nacionalidad española para extranjeros

“En 2045 los españoles seremos minoría en nuestro propio país”.

Esta declaración sin referencias del diputado de Vox Carlos Hernández Quero resume los temores y la fuerza impulsora de las nuevas políticas del partido de extrema derecha de España al presentar su nueva propuesta para su programa económico y de vivienda en un acto público el domingo 29 de junio.

Aunque la mayoría argumentaría que la nacionalidad, la raza y la etnicidad no son centrales en la crisis inmobiliaria y los problemas económicos del país, Hernández Quero argumentó que "los inmigrantes no contribuyen al estado de bienestar", que su presencia está "alterando la identidad nacional" y que están contribuyendo a los problemas de vivienda.

Basándose en estas opiniones, el nuevo manifiesto del partido que preside Santiago Abascal pide que todos los inmigrantes que estuvieron en situación irregular y a los que tanto el derechista Partido Popular como el Partido Socialista concedieron la residencia mientras estaban en el poder sean "deportados en masa" de España.

En sus palabras, «revertir todas las regularizaciones de inmigrantes ilegales llevadas a cabo por el sistema bipartidista». Esto se haría sin el debido proceso, como ocurre en Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.

Un acto de este tipo, prohibido por la legislación española e internacional, obligaría a más de un millón de personas a tener que abandonar el país.

Además, el programa actualizado de Vox ha pedido "auditar la concesión de la nacionalidad española para ver a cuántos hay que retirar".

A pesar de que la ley española sólo permite revocar la ciudadanía en casos específicos, el argumento de Vox es que en los últimos años la ciudadanía española simplemente se ha "regalado" en muchos casos.

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El informe señala que en 1996 la población extranjera en España era el 1 por ciento del total, pero hoy supera el 20 por ciento.

Esto es incorrecto, ya que los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al primer trimestre de este año, indican que en España hay 6,9 millones de extranjeros, lo que equivale a solo el 14,1 por ciento de la población, no al 20 por ciento.

Sin embargo, España tiene 9,4 millones de habitantes nacidos fuera de España, lo que representa el 19,3 por ciento de la población, pero esto incluye a casi 3 millones de españoles nacidos en el extranjero, que es potencialmente a lo que se refiere Vox.

Está claro que, a sus ojos, estos ciudadanos naturalizados no son verdaderamente españoles, por mucho tiempo que lleven viviendo en el país o por muy integrados que estén.

"Algunos de los que están tan preocupados por el fin del mundo, por el cambio climático, deberían estar más preocupados por el fin de España debido al relevo demográfico", afirmó Hernández Quero durante la presentación pública.

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El representante de Vox también culpó a los inmigrantes de los bajos salarios y los empleos precarios en el mercado laboral español y de "tener un impacto directo y dañino en forma de inseguridad en los barrios".

Incluso culpó a los extranjeros por el aumento de los alquileres y la falta de vivienda en el país. «No pagan nuestras pensiones ni salvan nuestro estado del bienestar», dijo, añadiendo que los inmigrantes supuestamente cuestan al Estado español «más de 30.000 millones de euros al año», sin revelar sus fuentes.

Esto ocurre en un momento en el que los inmigrantes han sido elogiados internacionalmente como el combustible que impulsa la próspera economía de España, y casi todos los nuevos trabajadores autónomos son extranjeros.

Esta no es la primera vez que Vox propone reglas de ciudadanía más estrictas para los extranjeros; anteriormente dijo que la espera para obtener la ciudadanía a través de la residencia debería extenderse de diez a quince años, pidió que se prohíban las solicitudes de nacionalidad de aquellos con antecedentes penales y quiere que se prohíba la doble nacionalidad para todos los extranjeros, incluidos los latinoamericanos.

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Vox no es el único partido europeo que ha sugerido retirar el estatus legal a los inmigrantes y revocar la ciudadanía.

A principios de 2025, el gobierno sueco planeó hacer posible la revocación de la ciudadanía, pero solo para los miembros de pandillas .

El primer informe sobre el Estado Global de la Ciudadanía , elaborado por el Observatorio de Ciudadanía Global (GLOBALCIT) del Instituto Universitario Europeo (IUE) de Florencia, que analizó las leyes de ciudadanía en 191 países, concluyó que el proceso de naturalización se está volviendo “cada vez más frágil”.

Los investigadores descubrieron que, ante el creciente número de conflictos armados y la incidencia del terrorismo a nivel mundial, muchos países han introducido disposiciones para retirar la ciudadanía a una persona por motivos de seguridad nacional.

Más de un tercio de los países, incluidos muchos europeos, “pueden ahora despojar a una persona de su ciudadanía cuando sus acciones se consideran desleales o amenazantes a la seguridad del Estado”, señala el informe, y la tendencia se ha ido expandiendo.

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Según la propia agenda política de Vox , la prioridad número uno en su agenda de inmigración es la deportación de todos los inmigrantes ilegales.

La última encuesta gubernamental revela que la popularidad de Vox ha aumentado cuatro puntos en los últimos meses, con un 15,2 por ciento del apoyo de los votantes.