Juez impide que Trump siga desplegando la Guardia Nacional en California

Un juez federal bloqueó la decisión del presidente Donald Trump de desplegar tropas de la Guardia Nacional de California durante las protestas por las redadas de inmigración en Los Ángeles, calificando la medida de "ilegal" y ordenando a la administración Trump que devuelva el control de la Guardia Nacional de California al gobernador Gavin Newsom.

La orden del juez, que no limita el uso de los Marines por parte de Trump , no entrará en vigor hasta el viernes al mediodía. La administración Trump presentó de inmediato una notificación para apelar la orden.

En esta etapa inicial del procedimiento, el Tribunal debe determinar si el Presidente siguió el procedimiento establecido por el Congreso para sus acciones. No lo hizo —declaró el Juez de Distrito de EE. UU. Charles Breyer en su orden que concedió la orden de restricción temporal solicitada por Newsom—. Sus acciones fueron ilegales, ya que excedieron el alcance de su autoridad legal y violaron la Décima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Por lo tanto, debe devolver el control de la Guardia Nacional de California al Gobernador del Estado de California de inmediato.

En una conferencia de prensa, Newsom se mostró satisfecho con el fallo del juez. "Quiero dejar esto claro: la Guardia Nacional volverá a estar bajo mi mando mañana al mediodía. La Guardia Nacional será redistribuida a las funciones que desempeñaba antes de que Donald Trump la requisara", declaró Newsom.

La Guardia Nacional volverá a la seguridad fronteriza, trabajando en la lucha contra las drogas y el control del fentanilo, tareas que Donald Trump retiró. La Guardia Nacional volverá a trabajar en lo que llamamos los equipos de control de la vegetación y la gestión forestal, tareas que Donald Trump retiró en preparación para la temporada de incendios forestales. Los hombres y mujeres de la Guardia Nacional volverán a sus funciones habituales, que incluyen la aplicación de la ley, continuó el discurso de Newsom.

Newsom y el fiscal general Rob Bonta presentaron el martes una solicitud de emergencia para bloquear lo que llamaron la "innecesaria" e "ilegal militarización" de Trump y del Departamento de Defensa después de que Trump emitiera un memorando durante el fin de semana desplegando más de 2.000 tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles en medio de las protestas, a pesar de las objeciones de Newsom y otros funcionarios estatales y locales.

En su orden, el juez mencionó los derechos de los manifestantes amparados por la Primera Enmienda y dijo: "El hecho de que algunos malhechores se extralimiten no elimina ese derecho para todos. La idea de que los manifestantes puedan cruzar tan rápidamente la línea entre conducta protegida y 'rebelión contra la autoridad del Gobierno de Estados Unidos' es insostenible y peligrosa", escribió.

Breyer escribió que las protestas en Los Ángeles "disminuyen considerablemente" los requisitos legales de una "rebelión" para justificar un despliegue federal. Las rebeliones deben ser armadas, violentas, organizadas, abiertas y tener como objetivo derrocar a un gobierno, escribió. Las protestas en California no cumplen ninguna de esas condiciones, concluyó.

Los demandantes y los ciudadanos de Los Ángeles enfrentan un daño mayor por la continua militarización ilegal de su ciudad, que no solo exacerba las tensiones con los manifestantes, amenazando con aumentar las hostilidades y la pérdida de vidas, sino que priva al estado durante dos meses de su propio uso de miles de miembros de la Guardia Nacional para combatir incendios, combatir el tráfico de fentanilo y realizar otras funciones críticas, escribió el juez en su orden.

"Independientemente del resultado de este caso o de cualquier otro, esto por sí solo amenaza con dañar gravemente el equilibrio constitucional de poder entre los gobiernos federal y estatal, y sienta un precedente peligroso para futuras actividades militares nacionales", escribió el juez.

Unos 4.000 miembros de la Guardia Nacional y 700 infantes de marina recibieron órdenes de trasladarse a la zona de Los Ángeles tras las protestas por las redadas migratorias . Los líderes de California afirman que Trump avivó las protestas al enviar al ejército cuando no era necesario.

Desde entonces, las protestas se han extendido a otras ciudades, incluidas Boston, Chicago y Seattle.

Para enviar miles de efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles, Trump invocó la Sección 12406 del Título 10 del Código de Servicios Armados de EE. UU., que permite un despliegue federal en respuesta a una "rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del Gobierno de los Estados Unidos". En su orden, Trump afirmó que las tropas protegerían la propiedad federal y al personal federal en el desempeño de sus funciones.

El juez no decidió si la posible participación de las fuerzas armadas en la aplicación de la ley migratoria —al estar presentes junto a los agentes del ICE durante las redadas— viola la Ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe a las fuerzas armadas realizar tareas de aplicación de la ley civiles. El juez indicó que escuchará argumentos adicionales sobre este punto en una audiencia la próxima semana.

Durante una audiencia judicial el jueves por la mañana, Breyer dijo durante la audiencia de 70 minutos que el tema principal que tenía ante sí era si el presidente cumplía con el estatuto del Título 10 y si la Guardia Nacional estaba "debidamente federalizada".

El gobierno federal sostuvo que el presidente sí cumplió, pero también argumentó que la ley no es justiciable y que el presidente tiene plena discreción. Se le solicitó al juez que no emitiera una orden judicial que "anulara las sentencias militares del presidente".

Mientras tanto, el abogado del estado de California y Newsom dijeron que su posición es que la Guardia Nacional no estaba legalmente federalizada y que el despliegue de tropas por parte del presidente en las calles de una ciudad civil en respuesta a una desobediencia percibida era una "concepción expansiva y peligrosa del poder ejecutivo federal".

Bonta argumentó además en la presentación de emergencia que Trump no cumplía con los requisitos legales para tal despliegue federal.

"Para decirlo sin rodeos, no hay invasión ni rebelión en Los Ángeles; hay disturbios civiles que no difieren de los episodios que ocurren regularmente en comunidades de todo el país, y que pueden ser contenidos mediante el trabajo conjunto de las autoridades estatales y locales", escribió Bonta.

Breyer había rechazado anteriormente la solicitud de California de emitir una orden de restricción temporal de inmediato y en su lugar fijó la audiencia para el jueves por la tarde en San Francisco y le dio a la administración Trump el tiempo que solicitaron para presentar una respuesta.

En su respuesta, los abogados del Departamento de Justicia pidieron al juez que rechazara la solicitud de Newsom de una orden de restricción temporal que limitaría a los militares a proteger edificios federales, argumentando que dicha orden equivaldría a un "veto de los alborotadores a la aplicación de la ley federal".

"La medida extraordinaria que solicitan los demandantes anularía judicialmente las directivas militares del Comandante en Jefe, y lo haría en la forma de una orden de restricción temporal, nada menos. Eso sería inaudito. Sería un anatema constitucional. Y sería peligroso", escribieron.

También argumentaron que California no debería "cuestionar la decisión del Presidente de que los refuerzos federales eran necesarios" y que un tribunal federal debería dejar a discreción del Presidente en asuntos militares.

Trump defendió el martes su decisión de enviar a la Guardia Nacional y a los Marines, diciendo que la situación en Los Ángeles estaba "fuera de control".

"Solo quiero seguridad. Solo quiero una zona segura", dijo a los periodistas. "Los Ángeles estaba sitiada hasta que llegamos. La policía no pudo controlarla".

Trump continuó sugiriendo que envió a la Guardia Nacional y a la Infantería de Marina para enviar un mensaje a otras ciudades para que no interfieran con las operaciones de ICE o se enfrentarán a una fuerza igual o mayor.

"Si no hubiéramos atacado este con tanta fuerza, los tendríamos por todo el país", dijo. "Pero puedo informar al resto del país que, si lo hacen, se enfrentarán a una fuerza igual o mayor que la que enfrentamos aquí".

Jeffrey Cook y Peter Charalambous, Alyssa Pone y Alexandra Hutzler de ABC News contribuyeron a este informe.