Un segundo juez bloquea partes de la orden de Trump sobre las elecciones

Washington — Un juez federal en Massachusetts impidió que la administración del presidente Trump implementara partes de su orden ejecutiva que imponía nuevos requisitos relacionados con la prueba de ciudadanía para registrarse para votar en las elecciones estadounidenses.

La jueza federal de distrito Denise Casper accedió a conceder una medida cautelar solicitada por los fiscales generales de 19 estados, quienes impugnaron la orden ejecutiva del Sr. Trump en abril y buscaron bloquear secciones de ella. Casper concluyó que era probable que los estados prosperaran en su caso.

Casper es la segunda jueza que impide a la administración Trump implementar las disposiciones de la orden ejecutiva, cuyo objetivo era reformar las elecciones estadounidenses , aunque su decisión abarca más aspectos de la directiva del presidente. Un juez federal en Washington, D. C., acordó en abril emitir una orden judicial preliminar en tres casos presentados por grupos de defensa del derecho al voto y el Partido Demócrata.

"No hay disputa (ni podría haberla) de que la ciudadanía estadounidense es un requisito para votar en las elecciones federales y que los formularios federales de registro de votantes exigen una certificación de ciudadanía", escribió Casper. "La cuestión aquí es si el presidente puede exigir una prueba documental de ciudadanía cuando la autoridad para los requisitos electorales reside en el Congreso, sus estatutos... no lo exigen, y la Comisión de Asistencia Electoral, creada por ley, debe cumplir con un período de notificación y comentarios y consultar con los estados antes de implementar cualquier cambio en los formularios federales de registro de votantes".

La decisión del juez impide a la administración Trump implementar cinco secciones de la orden ejecutiva, incluida una disposición que obliga a la Comisión de Asistencia Electoral, una comisión reguladora independiente federal, a exigir prueba documental de ciudadanía en el formulario nacional estandarizado de registro de votantes y obliga a los estados a registrar información sobre los documentos presentados por los votantes.

Casper afirmó que la instrucción de la orden ejecutiva para que la EAC agregue un requisito de comprobante documental de ciudadanía al formulario federal de registro de votantes "contradice la voluntad del Congreso, lo que reduce el poder del presidente a su nivel más bajo". Señaló que, dado que el presidente no tiene la obligación constitucional de dirigir el contenido de las regulaciones electorales, el mandato de la orden ejecutiva para la EAC constituye una "interferencia indebida".

El juez también impidió que la administración Trump implementara la directiva del Sr. Trump para que el secretario de defensa actualizara una solicitud federal para el voto en ausencia de miembros de las fuerzas armadas y votantes en el extranjero para requerir prueba documental de ciudadanía y prueba de elegibilidad para votar en elecciones federales celebradas en sus estados.

"Ni la Constitución ni ninguna ley otorgan al presidente la autoridad para promulgar" esa disposición, escribió Casper, y añadió que el mandato de Trump "parece estar en conflicto con la voluntad del Congreso, que está debidamente autorizado para actuar en este ámbito y ha actuado mediante la promulgación de la Ley Uniforme de Voto en Ausencia para Ciudadanos en el Extranjero en 1986".

Otras disposiciones cubiertas por la orden judicial de Casper requieren que los jefes de las agencias federales de registro de votantes evalúen la ciudadanía antes de proporcionar un formulario de registro de votante a las personas inscritas en programas de asistencia pública, y ordenan al fiscal general que tome medidas contra los estados que cuenten las papeletas de voto por correo recibidas después del día de las elecciones.

Ella encontró que los requisitos representarán cargas costosas y que consumirán mucho tiempo para los estados, y corren el riesgo de frenar el registro y la participación de los votantes, lo que Casper escribió es "la antítesis del propósito del Congreso al promulgar" leyes electorales federales.

En respuesta a la decisión, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, declaró: «Las elecciones libres y justas son la base de esta nación, y ningún presidente tiene el poder de arrebatarle ese derecho al pueblo estadounidense. La victoria de hoy garantiza que los neoyorquinos elegibles puedan registrarse y votar sin temor a ser privados del derecho al voto».

El presidente emitió su orden ejecutiva centrada en las elecciones en marzo, después de que él y sus aliados plantearan acusaciones infundadas de que las elecciones de 2020 estuvieron plagadas de fraude y manipulación en su contra. El entonces director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, Christopher Krebs, declaró después de las elecciones que las elecciones de 2020 fueron "las más seguras de la historia de Estados Unidos". Sin embargo, Trump ha seguido repitiendo sus afirmaciones sobre el fraude electoral en la Casa Blanca.

Unas elecciones libres, justas y honestas, sin fraudes, errores ni sospechas, son fundamentales para el mantenimiento de nuestra República constitucional. El derecho de los ciudadanos estadounidenses a que sus votos sean contados y tabulados correctamente, sin diluciones ilegales, es vital para determinar al legítimo ganador de una elección, afirma su orden ejecutiva.

El Congreso tiene la facultad de decidir cómo se llevan a cabo las elecciones federales, y lo ha hecho mediante leyes como la Ley Nacional de Registro de Votantes y la Ley de Ayuda a Estados Unidos a Votar. La Constitución otorga a las legislaturas estatales la autoridad para establecer las fechas, lugares y modalidades de celebración de las elecciones.

Ya es ilegal que los ciudadanos no estadounidenses voten en elecciones federales o estatales, lo que puede conllevar multas y hasta cinco años de prisión. Un extranjero condenado por votar en una elección federal puede ser deportado o perder su estatus legal. Mentir sobre la ciudadanía estadounidense para registrarse para votar también puede conllevar la deportación.