Dentro de la batalla legal sobre las clínicas de telesalud que ayudan a las mujeres a desafiar las prohibiciones del aborto

Cada mes, miles de mujeres evitan las prohibiciones del aborto en sus estados de origen recurriendo a clínicas de telesalud dispuestas a recetar medicamentos para interrumpir el embarazo en línea y enviarlos a cualquier parte del país.

Sin embargo, la legalidad de esto es tema de debate. Dos casos legales que involucran a un médico neoyorquino podrían poner a prueba las leyes de protección que algunos estados han aprobado para proteger a los proveedores de telesalud que envían píldoras abortivas a todo el país.

La Dra. Margaret Carpenter enfrenta un cargo por delito grave en Luisiana por suministrar medicamentos abortivos por correo a una adolescente embarazada en ese estado. La madre de la paciente también enfrenta cargos penales. Un juez de Texas multó a la misma médica con $100,000 después de que el estado la acusara de recetar medicamentos abortivos a una mujer cerca de Dallas.

Hasta el momento, la acusación no ha avanzado gracias a la ley escudo de Nueva York, que ha protegido a Carpenter de la extradición a Luisiana. Sin embargo, otros centros de telesalud que operan en estados con protecciones legales similares para los proveedores de abortos están observando de cerca la situación.

"Contamos con excelentes asesores legales que nos han asegurado que lo que hacemos es legal", afirmó la Dra. Angel Foster, cofundadora del Proyecto de Acceso al Aborto con Medicamentos de Massachusetts, uno de los pocos proveedores de telesalud que facilitan abortos a distancia en estados donde la prohibición existe.

A medida que más estados consideran promulgar leyes de protección o ampliar las existentes, si un estado puede proteger a los proveedores de la responsabilidad por violar las leyes de otro estado sobre el aborto sigue siendo un área legal sin resolver.

Erik Baptist, asesor principal de Alliance Defending Freedom, que se opone al aborto, dijo que las leyes de protección violan un requisito constitucional de que los estados respeten las leyes y los fallos legales de otros estados.

"Lo que estos estados con leyes escudo están haciendo socava la prerrogativa de estos estados provida de implementar y hacer cumplir las leyes provida", dijo Baptist, director del Centro para la Vida del grupo. "Por eso creo que la Corte Suprema, en última instancia, querrá tomar esta decisión".

“Esto representa un desafío inherente con las leyes de protección y la telesalud”, dijo Carmel Shachar, directora de la facultad de la Clínica de Derecho y Políticas de Salud de la Facultad de Derecho de Harvard. “En un momento dado, a efectos de la prohibición del aborto, los tribunales deberán decidir: ¿Consideramos que un aborto por telesalud se realiza en el estado del proveedor o en el estado de la paciente?”

Hace décadas, la FDA aprobó el uso de dos medicamentos recetados (mifepristona y misoprostol) para interrumpir embarazos.

Pero no fue hasta 2023 que los abortos por telesalud se volvieron más populares en todos los estados, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos revocara Roe v. Wade en 2022.

La Sociedad de Planificación Familiar , que apoya el derecho al aborto, dijo que entre abril y junio de 2024 se realizaron un promedio de 7.700 abortos por telesalud cada mes en estados que prohíben el aborto totalmente o después de seis semanas de embarazo.

El proceso de prescripción en las clínicas de telesalud varía según el proveedor, pero generalmente se realiza completamente en línea, y el paciente responde una serie de preguntas relacionadas con la salud y formularios de consentimiento.

En algunas clínicas de telesalud, los proveedores médicos no se reúnen cara a cara con los pacientes, ni siquiera por videoconferencia, y los pacientes no necesariamente saben el nombre del médico que los receta a menos que se lo soliciten.

Por ejemplo, cuando la clínica de Foster, también conocida como The MAP, envía pastillas por correo, solo aparece el nombre de la clínica en la etiqueta, según lo permite la ley de protección de Massachusetts. Si los pacientes tienen preguntas adicionales, pueden hablar o enviar un mensaje de texto al médico que trabaja ese día, pero es posible que tampoco sepan su nombre.

Las pastillas pueden llegar en menos de una semana.

“Esta ha sido la red de seguridad, después de Dobbs, que permite que las personas que no tienen la posibilidad de viajar fuera del estado obtengan atención para el aborto”, dijo Greer Donley, profesor de derecho de la Universidad de Pittsburgh y experto en leyes sobre el aborto.

Al tratar medicamentos no relacionados con el aborto, los médicos suelen poder recetar medicamentos a pacientes de otros estados. Sin embargo, en la mayoría de los estados, si el paciente reside dentro de sus fronteras, el médico debe tener una licencia emitida por ese estado, según Mei Wa Kwong, directora ejecutiva del Centro para la Política de Salud Conectada.

Actualmente, veintitrés estados y Washington, DC, tienen leyes de protección que protegen a los proveedores de servicios de aborto.

De estos, ocho cuentan con disposiciones específicas que los protegen de procesos penales o demandas civiles, incluso si el paciente reside en otro estado, según la organización de investigación sin fines de lucro KFF. Entre ellos se encuentran California, Colorado, Maine, Massachusetts, Nueva York, Rhode Island, Vermont y Washington.

La solicitud de Luisiana para extraditar a Carpenter se topó con un obstáculo cuando la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, la rechazó, citando la ley de protección del estado. (Un secretario del condado también citó la ley de protección al negarse a presentar la sentencia civil de Texas).

“Estos no son médicos que brindan atención médica. Son narcotraficantes”, declaró la fiscal general republicana de Luisiana, Liz Murrill, a los legisladores estatales al promover un proyecto de ley que ampliaría quiénes pueden demandar y ser demandados en casos de medicamentos abortivos. “Están violando nuestras leyes. Están enviando medicamentos ilegales para procurar abortos que son ilegales en nuestro estado”.

Julie Kay, directora ejecutiva de la Coalición de Aborto para la Telemedicina, la organización nacional cofundada por Carpenter, dijo que los proveedores no serán “intimidados ni intimidados” para que cesen sus operaciones.

Otros proveedores de abortos por telesalud dijeron que tampoco se dejarán disuadir por las amenazas legales.

“Llevo 25 años trabajando en este campo y esto es parte del trabajo”, dijo la Dra. Rebecca Gomperts, fundadora y directora de Aid Access, proveedora de píldoras abortivas. “Es algo que todos esperábamos que sucediera”, dijo sobre los desafíos legales.

Un médico que forma parte de A Safe Choice, una red de médicos con sede en California que prescribe píldoras abortivas a mujeres en los 50 estados, dijo a The Associated Press que cree que está protegido por la ley de protección del estado, pero que también está tomando precauciones.

"No voy a viajar fuera de California por mucho tiempo", dijo el médico, quien habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque quería proteger su identidad por razones de seguridad.

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La escritora de Associated Press Sara Cline en Baton Rouge, Luisiana, contribuyó a este informe.